El Partido Popular quiere que la Junta de Andalucía "aparque estrategias partidistas" y ponga en marcha de forma urgente todos los instrumentos necesarios al servicio de las entidades locales de la comunidad para atender las "consultas, dudas y problemas" derivados de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pese al anunciado recurso del Ejecutivo andaluz contra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo reclama a través de una proposición no de Ley registrada para su debate en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales del Parlamento andaluz y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A recuerda que la norma entró en vigor el pasado 30 de diciembre y subraya que "la gran cantidad de medidas y disposiciones que contempla para su aplicación obliga a que todas las administraciones competentes pongan a disposición de los centenares de entidades locales de Andalucía instrumentos de información y asesoramiento ante las dudas y consultas que pueda generar la entrada en vigor de una norma tan ambiciosa como esta".
Los 'populares' defienden que la reforma local aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es una "ley reclamada desde hace años por las entidades locales" y lamenta que, aunque "desde el principio han sido muchas las ocasiones para aportar ideas positivas y constructivas que mejoraran el texto inicial, desgraciadamente el Ejecutivo andaluz ha preferido utilizar para confrontar lo que era una oportunidad para fortalecer los ayuntamientos".
RECURSO ANUNCIADO SIN "ANTEPROYECTO PRESENTADO"
En este sentido, el PP-A recuerda que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, anunció reiteradamente la intención de recurrir esta norma ante el TC "cuando ni tan siquiera se había presentado el anteproyecto de Ley ni se había tramitado documento alguno en el Congreso de los Diputados ni en el Senado".
En cualquier caso, el Grupo Popular deja claro que "la decisión de recurrir no exime a ningún gobernante serio y respetuoso con el Estado de Derecho de la obligación de cumplir la ley", por lo que considera que desde la entrada en vigor de la reforma local la Junta, "independientemente del posicionamiento político que adopte, debería aparcar sus estrategias partidistas y poner la administración al servicio de todos los ciudadanos y de las entidades locales de Andalucía".
Fuente: Europa Press
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