miércoles, 11 de septiembre de 2019

Memoria de la Fiscalía General del Estado

En dicha memoria, presentada por la Fiscal General María José Segarra, se recoge la actividad del órgano judicial, así como recomendaciones y análisis en función de los datos recogidos.

Perseguir los delitos de gasto público

La Fiscalía Anticorrupción considera necesario reformar de forma "sustantiva y procesal" la responsabilidad contable, es decir, aquella en la que incurren los cargos públicos en el uso incontrolado del erario público, para poder perseguir con mayor eficacia delitos cometidos en este contexto y que, afirma, se dan especialmente en las contrataciones y las subvenciones.

Anticorrupción incide en la importancia de "un adecuado control del gasto" bajo criterios de eficiacia y eficiencia para evitar perjuicios que "tanto daño producen a la credibilidad del sistema democrático".

"En esta tarea queda una amplia labor por realizar, en especial en lo que atañe a las contrataciones y a las subvenciones, que constituyen verdaderas áreas de riesgo", explica la Fiscalía Anticorrupción, en relación a este tipo de ilícitos que son competencia en España del Tribunal de Cuentas donde, según afirma, "la presencia e intervención del Ministerio Público cobra especial importancia, por cuanto es la única institución que está presente en todos los procedimientos de fiscalización y de enjuiciamiento".

En cuanto a su balance de 2018, esta Fiscalía Especial destaca el incremento en el número de procedimientos judiciales en trámite, que ha pasado de 609 en 2017 a 678 en el año 2018, cuando además, se incoaron 89 causas, de las que 55 son el resultado de la apertura de piezas separadas con las que se pretende simplificar y agilizar las investigaciones.

Por lo que se refiere a las actuaciones propias del Ministerio Fiscal, se incoaron 38 diligencias de investigación y se formularon 41 escritos de acusación el año pasado, cuando se dictaron 28 sentencias de las que 23 fueron condenatorias.

Delitos de medio ambiente y urbanismo

Los tribunales españoles dictaron en 2018 un total de 1.063 sentencias condenatorias y 340 sentencias absolutorias por delitos relacionados con el medio ambiente o el urbanismo, según datos de la Memoria Anual de la Fiscalía.

La cifra refleja un descenso del 10,44 por ciento en el número de condenas y un aumento del 35,45 por ciento en el número de absoluciones durante el presente ejercicio, de acuerdo con los datos del Ministerio Fiscal. En concreto, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo explica que en 2018 se registró un "sustancial incremento" de las diligencias de investigación incoadas, con un total de 3.023 en 2018 frente a las 2.525 del año anterior.

En total, de las investigaciones practicadas durante el pasado ejercicio, 550, es decir el 18,19 por ciento, correspondieron a medio ambiente; el 37,18 por ciento (1.124) a urbanismo y ordenación del territorio; el 13,56 por ciento (410) a incendios forestales; el 8,79 por ciento (266) a la flora y fauna; el 7,54 por ciento (228) a malos tratos contra animales domésticos y el 3,96 por ciento (120) a patrimonio histórico.

Del total de diligencias, 1.105 derivaron en denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y de ellas, 999 fueron archivadas. El resto están en tramitación. Si bien, la Fiscalía destaca que estos datos suponen un "sustancial incremento" frente a los del año anterior, cuando se incoaron 2.525 diligencias, de las que 1.062 dieron lugar a presentación de denuncia o querella y 1.248 fueron archivadas.

Fuente: Infolibre



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