El Consell de Garanties Estatuàries ha juzgado contraria a la Constitución y al Estatut la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que impulsa el Gobierno.
Según el órgano consultivo de la Generalitat, vulnera las competencias de la Generalitat y la autonomía local.
El dictamen, aprobado por unanimidad, asegura que 24 preceptos relacionados con el articulo primero de la norma --que modifica aspectos de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local-- vulneran competencias de la Generalitat y "no encuentran amparo" en la Constitución.
El Govern y los grupos parlamentarios de ERC y PSC pidieron al Consell de Garanties que analizase la reforma local que impulsa el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo catalán y del Parlament.
Los magistrados sostienen que la reforma limita "significativamente" la lista de materias que son competencia exclusiva de los municipios, y no deja margen a la Generalitat para que pueda ampliar estas competencias en función de las peculiaridades de cada ayuntamiento.
Así, la mayoría de preceptos que vulneran las competencias de la Generalitat en autonomía local previstas en el Estatut lo hacen porque el Estado sobrepasa su capacidad para fijar un mínimo común denominador sobre las competencias municipales e impide que el Ejecutivo catalán pueda ampliarlas.
RETRIBUCIONES A EDILES
El órgano consultivo de la Generalitat ve inconstitucional también que la ley determine los sueldos que alcaldes basándose en el tamaño de los municipios, ya que considera que la propuesta del Gobierno central no deja "margen suficiente para que las autonomías puedan adaptarlo a las particularidades de determinados municipios".
El Consell considera que la escala de retribuciones prevista impide a la Generalitat tener en cuenta aspectos como los servicios a prestar por los ayuntamientos o la complejidad organizativa de los municipios de gran población "para desarrollar sus propias políticas de contención del gasto".
El dictamen cuestiona también que se reduzca la capacidad de la Generalitat para incidir en la creación y fusión de municipios, y pone en entredicho que se otorguen a las diputaciones provinciales capacidad para impulsar servicios municipales siempre que considere que puede abaratar el coste efectivo de los mismos.
REACCIÓN DEL MUNICIPALISMO
Tras este dictamen, el Govern, las cuatro diputaciones catalanas y la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) celebrarán en el Palau de la Generalitat un acto unitario de rechazo a la reforma local.
Animados por la ACM y la FMC, numerosos ayuntamientos catalanes ya se han sumado a la iniciativa promovida por la oposición para que 3.500 consistorios de toda España presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Fuente: Europa Press
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