Los ayuntamientos aragoneses con más de 8.000 habitantes -excluidas las capitales de provincia- deben introducir mejoras en su gestión para hacerla más transparente y ajustada a la normativa, según el informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio de 2011.
En un informe de 220 páginas, que concluye con una serie de recomendaciones, la cámara ha evaluado aspectos económicos y financieros de los ayuntamientos de Alcañiz, Andorra, Barbastro, Binéfar, Calatayud, Caspe, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Tarazona y Utebo, que en conjunto cuentan con 2.621 empleados públicos.
La fiscalización la ha centrado en la organización, los servicios públicos que prestan, el control interno, el presupuesto y su ejecución, los créditos, la situación de su tesorería, los ingresos y los gastos, las subvenciones, las obligaciones y facturas pendientes de pago y los ingresos de dudoso cobro, entre otros.
Según la Cámara, sólo Binéfar, Fraga, Sabiñánigo y Utebo prestan de forma directa todos los servicios, mientras que Alcañiz, Andorra, Barbastro, Caspe, Jaca y Monzón gestionan mediante organismos autónomos cultura, deportes, servicios sociales o comercio.
Además, Alcañiz, Andorra, Barbastro, Calatayud, Cuarte, Ejea, Monzón y Tarazona gestionan servicios públicos de promoción urbanística y empresarial o de integración social de personas con discapacidad de forma directa mediante nueve sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente a la entidad local.
Sólo en seis ayuntamientos, Binéfar, Cuarte, Ejea, Fraga, Sabiñánigo y Utebo, la intervención realizó con carácter general su función de todos los actos relativos a contratación y concesión de subvenciones y no se hizo en Alcañiz, Andorra, Caspe y Monzón, mientras que en el resto se ha detectado la falta de fiscalización previa de varios acuerdos con contenido económico.
En este sentido, advierte el informe de que el presidente y el pleno de estos ayuntamientos adoptaron 205 acuerdos en contra de los reparos formulados por la intervención, al no haber seguido el gasto la tramitación legal o reglamentariamente establecida, 185 de ellos por Barbastro, Fraga, Alcañiz y Sabiñánigo.
Ninguno de los catorce ayuntamientos aprobó definitivamente su presupuesto en fecha (antes del 31 diciembre) y a final de este ejercicio tenían obligaciones pendientes de pago por un importe total de 37,4 millones de euros, de los 741.000 euros tenían una antigüedad superior a 4 años.
Los ayuntamientos con mayor importe pendiente de pago son Calatayud (5,2 millones), Jaca (5,1), Monzón (4,3), Ejea (3,7), Tarazona (3,3) y Andorra (3,2).
Por otra parte, el importe total de derechos pendientes de cobro por estos ayuntamientos ascendía al final de 2011 a 47,3 millones de euros, la mayor parte correspondientes a impuestos directos, tasas y transferencias corrientes y de capital.
Todos los ayuntamientos calcularon un importe de derechos de dudosa o imposible recaudación por un importe total de 13,7 millones y sólo seis lo calcularon de forma correcta y eficiente (Alcañiz, Barbastro, Binéfar, Cuarte, Fraga y Utebo).
En 2011 pagaron obligaciones comerciales por 91,9 millones de euros correspondientes a 62.607 facturas, con un periodo medio de pago de 81 días, superior a los 50 días previstos en la legislación.
Cinco ayuntamientos (Binéfar, Fraga, Cuarte, Barbastro y Utebo) cumplen en general los plazos y el resto lo incumple, en mayor medida Alcañiz (170 días), Calatayud (159), Andorra (122), Sabiñánigo (111) y Monzón (108).
El importe de pagos pendientes a acreedores comerciales a final del ejercicio ascendía a 18,2 millones, de ellos 3,1 de Calatayud, 2,8 de Andorra y 2,1 de Ejea.
Los ayuntamientos y sus entidades dependientes (22) celebraron ese año al menos 239 contratos por un importe total de 20,7 millones, que fueron adjudicados utilizando principalmente el procedimiento negociado sin publicidad (54%).
Con carácter general, en los contratos de servicios y suministros no se elaboran informes económicos que justifiquen que el presupuesto base de licitación es el adecuado para el cumplimiento del contrato atendiendo al precio general del mercado.
La cámara recrimina a los ayuntamientos de Caspe, Monzón y Sabiñánigo y a veinte entidades municipales que no hayan remitido una relación certificada de todos los contratos formalizados en 2011.
Estos catorce ayuntamientos concedieron 2.219 subvenciones por un importe de 7 millones, el 56,5 por ciento de forma directa sin que se acredite la singularidad de los beneficiarios y su importe.
La Cámara concluye el informe con 56 recomendaciones, desde reconsiderar la necesidad de gestionar servicios a través de organismos autónomos y entidades mercantiles a una fiscalización presupuestaria mejor.
Asimismo, plantea depurar los saldos de derechos pendientes de cobro, justificar adecuadamente las adjudicaciones de contratos y ser riguroso en el cálculo del valor, aprobar un plan estratégico de subvenciones, adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores y registrar todas las facturas, incluidas las domiciliaciones bancarias.
Fuente: ABC
via Actualidad http://ift.tt/1u5hHuY
No hay comentarios:
Publicar un comentario