El viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta, José Luis Pérez Tapias, ha expuesto en rueda de prensa los efectos de esta ley y los motivos que han llevado al Gobierno andaluz a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la misma ante el Tribunal Constitucional.
Tapias ha estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, quien ha precisado que sólo siete municipios de la provincia de Granada no se verían afectados por esta ley de reforma local.
Según sus datos, a partir de 2015 en la provincia desaparecerán unas 32 Oficinas Municipales de Consumidor que atienden a más de 624.000 granadinos, 22 centros Municipales de la Mujer y su atención a la violencia de género, y los consorcios de transportes que atienden a más de 500.000 habitantes.
Deberán reformase 15 de las 18 mancomunidades al perder las competencias de desarrollo económico de formación y empleo, además de la competencias en temas de servicios sanitarios, educativos o de la Ley de Dependencia que pasarían a recaer en la Diputación.
Tapias ha comentado que Andalucía es la primera comunidad que recurre esta reforma al considerar que invade las competencias exclusivas en materia de régimen local recogidas en el Estatuto de Andalucía y se ha hecho "poniendo en valor nuestra capacidad de autogobierno, conquistada por el pueblo andaluz y que hoy nos quieren recortar significativamente con reformas como esta".
"El Gobierno andaluz irá al Constitucional junto con el Parlamento de Andalucía, así como por acuerdo del Consejo de Concertación Local, y de centenares de ayuntamientos andaluces que se están uniendo para el mismo fin".
Para el viceconsejero, el espíritu municipalista del Estatuto "queda en entredicho por una norma estatal que es una ataque a la democracia y a las leyes andaluzas, no se ha aprobado con consenso ya que no ha habido negociación de ningún tipo, al tiempo que cuestiona la Patrica y supone una doble vara de medir, ya que hay comunidades como País Vasco y Navarra que tienen el privilegio de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente, basándose en sus derechos forales".
Asimismo, ha señalado que la reforma "pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia". Los ámbitos de gestión "más amenazados", que pasarían a las comunidades autónomas, son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo. "Sólo en servicios sociales la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas. Ello supondrá la entrada de empresas privadas en la administración local", ha indicado.
Por último, el viceconsejero ha señalado que en el recurso pedirán al Gobierno central una moratoria para que su aplicación no sea efectiva hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional. El recurso de la Junta de Andalucía, se centra en 19 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que, en líneas generales, alteran el marco competencial vigente desde hace más de treinta años, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución Española.
Fuente: Europa Press
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