En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha informado sobre esta decisión y ha explicado que el Gobierno andaluz pretende con este recurso "plantar cara" a una norma con la que el Ejecutivo nacional busca "más tutelaje, menos democracia y menos participación, e intentar anular las competencias exclusivas sobre régimen local recogidas en el Estatuto de Autonomía".
Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha cifrado en 600 millones de euros (330 corresponden a educación, 162 a políticas sociales y 16 al transporte público) el impacto que la citada norma provocaría en las arcas de la administración andaluza, que tendría que asumir competencias de ayuntamientos sin recibir la financiación correspondiente, produciendo un "desajuste financiero preocupante".
El vicepresidente ha confiado en que el Gobierno central, por "lealtad institucional" acepte la moratoria o paralización de la norma mientras que el Tribunal Constitucional dirime sobre "la prevalencia" del Estatuto de Autonomía sobre la reforma local. Ha indicado que esa lealtad institucional no se ha producido hasta ahora, por cuanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha planteado la ley sin diálogo y como una "imposición".
El Gobierno andaluz ha decidido recurrir la citada ley porque supone "un ataque frontal no sólo a las competencias de la comunidad autónoma en la materia sino, sobre todo, a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales, que en Andalucía reforzó el Estatuto de Autonomía de 2007 y su posterior desarrollo legislativo", según Valderas, para quien claramente se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas.
Ha puesto el acento en que los municipios andaluces verán afectada su autonomía por la reforma, ya que implica una recentralización y control por parte del Gobierno central, especialmente en los 691 de menos de 20.000 habitantes (el 89,5 por ciento del total). Según la Junta, estas pequeñas y medianas localidades, con una población que en su conjunto supera los tres millones de personas, podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto por la norma estatal.
Asimismo, ha alertado de que los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes (66 por ciento del total) quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.
Este será el primer recurso ante el Tribunal Constitucional que presente un Gobierno autonómico contra la ley, mientras que el Parlamento andaluz debatirá este miércoles, en un pleno específico, sobre la presentación de otro recurso.
Concretamente, la Junta recurrirá, del artículo 1 de la ley, 18 de las 38 modificaciones a la Ley de Bases de Régimen Local y, del artículo 2, una de las cinco modificaciones de la Ley de Hacienda Locales, así como cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que, en líneas generales, "alteran el marco competencial vigente desde hace más de treinta años, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución Española".
Asimismo, pone de manifiesto que la reforma local "amenaza directamente" al desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010.
Para la Junta, la reforma local deja a la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones. Considera que la ley supone una alteración del autogobierno administrativo y financiero que reconoce la Carta Europea de Autonomía Local.
"AHORRO FICTICIO" Y "FALSO"
Frente al argumento del Gobierno de ahorrar unos 8.024 millones de euros por la reordenación de competencias municipales, algo que el vicepresidente ha considerado "falso" y un "ahorro ficticio", la Junta señala que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia.
Los ámbitos de gestión más amenazados, que pasarían a las comunidades, son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo, según la Junta, que ha alertado de que ello supondrá una sobrecarga financiera para las administraciones autonómicas, que deberán asumir el coste de los servicios que se sustraen a las competencias municipales. Para Valderas, el Gobierno central usa la reforma local "contra la financiación autonómica, aún por resolver".
Otra de las "amenazas" a la autonomía local viene, según el Gobierno andaluz, de la posibilidad de que el Estado promueva la fusión de municipios con la justificación de mejorar la capacidad de gestión, una vía con la que "se desactiva igualmente cualquier decisión democrática de segregación, ya que la norma estatal lo prohíbe por un periodo de diez años desde la fusión".
Añade que la ley estatal también impide la creación de nuevas Entidades Locales Autónomas con personalidad jurídica, mientras que a las ya existentes (47 en Andalucía) se "les impone un mecanismo de supresión vinculado a su estabilidad presupuestaria o a la del ayuntamiento matriz".
Finalmente, el Gobierno andaluz señala que la reforma local supone "una doble vara de medir", ya que comunidades como el País Vasco o Navarra tendrán la posibilidad de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente.
Fuente: Europa Press
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