CiU ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide que el Gobierno impulse el restablecimiento de las competencias de la administración local en materia de servicios sociales.
Para ello, el grupo catalán solicita que se deroguen las disposiciones de la reforma local que establecen una nueva distribución de las competencias de los municipios en materia de servicios sociales, lo cual -a su juicio- "impide la necesaria atención de proximidad que los ciudadanos requieren de los servicios sociales".
CiU argumenta que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conlleva una importante minoración de las competencias municipales, en particular, las de servicios sociales y de sanidad, y limita la capacidad de las entidades locales para prestar las denominadas competencias impropias.
Para la formación nacionalista, la reforma supondrá que los municipios deban dejar de prestar numerosos servicios, "pese a los esfuerzos hechos por implantarlos y pese a la enorme demanda social de los mismos".
"Un ataque frontal a la autonomía local y al marco competencial", concluye CiU, quien advierte de un cambio del régimen y organización territorial de las comunidades autónomas en el ámbito de los servicios sociales, que comportará además "un gran impacto presupuestario en la financiación de los servicios sociales por parte de las Comunidades Autónomas".
A su juicio, la reforma local "retrotrae a un sistema público de servicios sociales ya superado en el tiempo, que no tiene en cuenta ni la realidad territorial ni la experiencia acumulada a lo largo de muchos años de la administración local".
Critica al respecto que se impongan "unilateralmente" obligaciones financieras a las comunidades autónomas y se aleje la administración y prestación de servicios sociales del ciudadano, "lo cual dificulta una respuesta ágil y eficaz de la Administración a sus necesidades personales y a la intervención comunitaria, en beneficio de la cohesión social".
En ese sentido, afirma CiU que la reforma "altera de forma sustancial el sistema de atribución competencial" de Cataluña y contraviene aspectos esenciales del modelo catalán de sistema público de servicios sociales, "en el que prevalece el criterio de proximidad con una atención más cercana al ciudadano, y una actuación integradora en la prestación de los servicios sociales".
Fuente: La Vanguardia
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