viernes, 8 de febrero de 2019

Establece el TS que una Administración local no puede utilizar su registro fuera del horario de apertura establecido por ella misma para la presentación de un escrito de término dirigido a otra Administración

Se resuelve en el presente litigio si, en el ámbito de la relación entre dos administraciones, cuando el art. 38.4 de la Ley 30/1992, se refiere a los “ciudadanos” como usuarios de los registros administrativos, lo limita a los particulares, o esa concreta mención no impide que las Administraciones públicas puedan utilizar los registros propios para acreditar la observancia de los plazos en los escritos, reclamaciones o recursos que deban presentar o dirigir ante otras Administraciones.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2WRLe0L

Premio a la Excelencia en la Gestión Pública a la Diputación de Tarragona

Orden TFP/109/2019, de 5 de febrero, por la que se conceden los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública XII edición (BOE 8/2/2019)

Ver aquí



via Actualidad http://bit.ly/2SDcJfp

jueves, 7 de febrero de 2019

Reunión: COSITAL-FEMP

El pasado viernes, día 31 de enero se reunieron el Presidente de COSITAL y el Secretario General de la FEMP, Daniel Casares.
En la reunión se abordaron temas como la necesidad de potenciar los servicios de asistencia técnica de las Diputaciones Provinciales con el fin de dar solución a las necesidades de los pequeños municipios,  la problemática concreta de las entidades locales menores, así como las vacantes existentes de secretarios, interventores y tesoreros en todo el territorio nacional.
COSITAL informó de la reciente aprobación del protocolo de Acoso Laboral y mostró su interés en la elaboración conjunta de modelos, circulares y recomendaciones con el fin de ayudar a otros colectivos y darles seguridad jurídica, homologar criterios y agilizar la gestión en las entidades locales.
En la reunión se destacó la buena relación que vienen manteniendo la FEMP y COSITAL y de seguir avanzando en la misma a través de la actualización de los convenios de colaboración existentes entre ambas entidades.
En la foto de izquierda a derecha: José Luis Pérez López Presidente de COSITAL, y  Daniel Casares Secretario General de la FEMP.
 



via Noticias Cosital http://bit.ly/2Gt7vwh

Prevención de la obesidad infantil

Unos breves consejos sobre un tema relevante y que afecta a la salud de las niñas y  los niños. Con poco que podamos hacer, seguramente mejoremos su salud y generemos en ellos unas tendencias que en caso de permanecer en el futuro, los harán más sanos y fuertes.

 



via Actualidad http://bit.ly/2TAA6Ub

miércoles, 6 de febrero de 2019

El TS no aprecia que la modificación del régimen económico de las energías renovables genere derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador

El TS mantiene la sentencia recurrida que desestimó la reclamación de indemnización formulada por los perjuicios ocasionados por la aprobación del RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y de la OM IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se regulan los parámetro retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2MQ223K

martes, 5 de febrero de 2019

La reclamabilidad de daños por parte de la Administración Pública por infracciones de la normativa de competencia en los procedimientos de contratación pública

La Administración pública, en el diseño y desarrollo de sus procedimientos de contratación, es susceptible de tener que soportar daños derivados de la comisión de prácticas anticompetitivas. La Administración no solo está facultada para reclamar el resarcimiento de los daños ocasionados por la conducta, sino que, sobre la base de los principios de buena administración y asignación eficiente de los recursos públicos, estaría obligada a buscar la reparación del daño que ha tenido que soportar como consecuencia de la infracción de la normativa de competencia.

via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://bit.ly/2DauXuW

La inexistencia de incremento de valor objeto de gravamen por la plusvalía se puede acreditar a través de la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión en las correspondientes escrituras públicas

El TS resuelve si la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y 2 a) y 110.4 del TRLHL, declarada en la STC 59/2017, obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones sobre el IVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2TvXhyP

lunes, 4 de febrero de 2019

Ya disponible el número 216 de la Revista de Estudios Locales CUNAL



via Actualidad http://bit.ly/2UIO4Uf

El TS fija como doctrina que en la expulsión vía art. 57.2 de la LOEX, se atenderá a la pena prevista en abstracto en el CP para el delito correspondiente, y no a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto

La cuestión planteada en el presente recurso de casación consiste en determinar si el art. 57.2 de la LO 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que sanciona con la expulsión a los extranjeros que hubieran sido condenados, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente o bien a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2GsGPvR

sábado, 2 de febrero de 2019

BOE de hoy: Orden cotización

Originalmente publicado en ANEXPAL:
Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización…

via Responsables personal Ayuntamientos http://bit.ly/2t0vxqn

viernes, 1 de febrero de 2019

Se anula la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Valencia en materia de ruidos, al haber sido declarado nulo de pleno derecho el precepto aplicado por no respetar el principio de legalidad sancionadora

Declara la Sala no haber lugar al recurso formulado por el Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia que anuló la sanción impuesta, por infracción, entre otros, del art. 65.2 p) de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica de 2008, al haber sido anulado dicho precepto con anterioridad y ser la infracción y sanción aplicación del mismo.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2Bhgz3Z

España mejora levemente en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018

La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, que publica hoy Transparency International, ha supuesto la subida de solo un punto en relación con el año pasado. Mientras que en 2017 España obtuvo 57/100 puntos, este año la puntuación es 58/100. Para comprender estos resultados hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. Ello indica, al menos de forma indiciaria, que los esfuerzos para prevenir y frenar la corrupción en España aún no dan sus frutos en términos de percepción.

Con esta calificación, España ocupa la posición 41 entre los 180 países estudiados en el IPC de este año, junto con Georgia, Letonia, y San Vicente y Las Granadinas. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 20 entre los 28 países de la Unión Europea. Pese a esta leve mejora en la puntuación, hay que destacar que España se encuentra por debajo de Chipre y República Checa, países con los que compartía la misma puntuación el año pasado.

De acuerdo con la metodología utilizada en el IPC, una diferencia de un puntoen un año, como el que ha subido España en 2018, no es estadísticamente significativa. Sin embargo, es un indicador que podrá suponer un giro hacia una mejora de la posición si el país continúa subiendo en los años sucesivos.

Este resultado pone en evidencia que la corrupción en España sigue siendo un problema grave que debe llamar a la acción de las autoridades y de la sociedad civil.  Es preciso recordar que, en los últimos 6 años, entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó en 7 puntos, siendo el país —tras Hungría y empatado con Chipre— que más ha caído en puntuación en Europa en estos últimos años.

Transparency International España considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad.

En este sentido, es importante resaltar que los múltiples escándalos de corrupción que se han sucedido en España a lo largo de las últimas décadas, sobre todo a partir de la burbuja urbanística y que aún siguen aflorando, han provocado que la legitimidad de las instituciones democráticas haya sufrido daños muy serios. Es cierto que la crisis económica, confrontada mediante las denominadas políticas de austeridad fiscal, también ha influido en esta deslegitimación y la consiguiente desafección.

Por eso, este año TI-España destaca muy especialmente que luchar contra la corrupción es una forma de luchar por la democracia, de reivindicarla y de recuperar la legitimación de sus instituciones basada en sus valores esenciales.

Del mismo modo, considerando que la moción de censura motivada por la corrupción en el partido gobernante y que condujo al cambio de gobierno en España, se debe promover especialmente el diseño de una estrategia holística de prevención y lucha contra la corrupción.

El IPC de 2018 mide la percepción de la corrupción en el sector público de 180 países y territorios, a los que se asigna una puntuación de 0 (corrupción elevada) a 100 (transparencia elevada). De acuerdo con el análisis de todos los datos, más de dos tercios de los países estudiados tienen menos de 50 puntos, y la calificación media es de 43 puntos.

En las primeras posiciones del Índice se encuentran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 puntos respectivamente, mientras que los últimos puestos son ocupados por Somalia, Siria y Sudán del Sur, con 10, 13 y 13 puntos respectivamente. En cuanto a las regiones, Europa Occidental y la Unión Europea tienen las mejores puntuaciones (66 puntos de media), y África es la que cuenta con la puntuación media más baja, con 32 puntos.

Desde 2012, solo 20 países han registrado mejoras significativas en sus puntuaciones. Entre ellos, se encuentran Argentina, Senegal y Costa de Marfil. Por el contrario, en 16 países, como España, Australia, Chile, Hungría, Turquía y Malta, las puntuaciones han empeorado de manera significativa.

En esta edición del IPC se demostró que existe una relación directa entre la corrupción y la salud democrática global. Las democracias caracterizadas como “plenas” obtienen en promedio 75 puntos en el IPC; las etiquetadas como “débiles”, una media de 49 puntos; los denominados “regímenes híbridos” (que presentan elementos propios de los sistemas autocráticos), 35 puntos de media; y los regímenes autocráticos son los que obtienen peores resultados, con 30 puntos de media.

En resumen y en palabras de Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparency International:

“Nuestra investigación establece un vínculo muy claro entre el hecho de contar con una democracia saludable y el éxito en la lucha contra la corrupción en el sector público. La corrupción tiene una probabilidad mucho mayor de surgir cuando la democracia se asienta sobre cimientos débiles y, como hemos visto en muchos países, cuando los políticos antidemocráticos y populistas tienen la oportunidad de utilizarla para su beneficio”.

Consultar aquí un análisis completo de los resultados del IPC 2018.

Los resultados de años anteriores del IPC se pueden consultar aquí.

Fuente: Transparencia Internacional



via Actualidad http://bit.ly/2HHXais

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