La Constitución española ordena la neutralidad de los poderes públicos como una de las señas de identidad de nuestro modelo político y jurídico. La neutralidad se conforma como un presupuesto para la convivencia pacífica de aquellos que tienen diferentes convicciones, ideas y opiniones, en una sociedad plural y democrática. Sin embargo, pese a que a priori el alcance y contenido del principio de neutralidad ha sido definido de forma precisa en nuestro ordenamiento jurídico, en numerosos supuestos las decisiones de algunos gestores públicos de colocar determinados símbolos en los espacios tutelados por los poderes públicos han obligado a los tribunales a pronunciarse sobre este particular.
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