Transparencia Internacional España
En estos momentos en los que la vida pública y política española se ve gravemente afectada por numerosos casos de corrupción, es realmente urgente que los Partidos y los responsables políticos españoles adopten una inequívoca, firme y contundente actitud para atajar esta preocupante fenómeno tomando medidas efectivas, consensuadas e inmediatas que pongan freno a esta insostenible situación. A estos efectos Transparencia Internacional España insta a que dichos responsables políticos adopten una actitud mucho más firme contra la corrupción a todos los niveles: institucionales, legislativos y políticos, y puedan atenuar de esta forma el evidente nivel de indignación y desafección ciudadana.
La sociedad civil y los ciudadanos, junto con los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, universidades, etc., han de consolidar un firme e inequívoco frente social que pueda ir combatiendo legal y socialmente a los corruptos, disuadiendo claramente a los que pudieran estar pensando en desarrollar este tipo de prácticas delictivas, y urgiendo a los Partidos políticos para que cambien sus conductas y aparentes voluntades en contra de la corrupción, y se esfuercen claramente en dialogar y poner en marcha de forma urgente unas medidas legislativas de choque, que ayuden a cambiar de forma drástica esta grave situación, que puede perjudicar, por otra parte, la imagen y la economía de nuestro país.
Se hace necesario un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad. El poder tan generalizado de los partidos, el control del poder legislativo, así como el de todos y cada uno de los niveles de gobierno y, sobre todo, el control de la composición de las más altas instituciones del Estado, merma el Estado de Derecho, limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia y deja escaso margen en la práctica a los ciudadanos para decidir sobre la marcha de la sociedad.
Medidas efectivas y urgentes contra la corrupción
Es por ello que Transparencia Internacional España en una coyuntura abrumadora de denuncias de corrupción viene proponiendo desde hace años la adopción de un conjunto de medidas contra dicha corrupción, e insta ahora a los Partidos y responsables políticos a que se tomen de forma urgente las siguientes medidas:
A) TRANSPARENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:
1) Publicación en internet de las Cuentas anuales detalladas de los Partidos políticos y entidades a ellos vinculadas (individuales y consolidadas), con el debido desglose orgánico y geográfico de la totalidad de sus gastos e ingresos, así como de sus bienes patrimoniales.
2) Publicación en internet por el Tribunal de Cuentas de su Informe de auditoría anual de los Partidos políticos (en el plazo máximo de un año desde el cierre contable) así como de la fecha de envío de las cuentas por los Partidos políticos.
3) Publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los Partidos políticos, así como la prohibición legal de su condonación por las entidades financieras.
4) Prohibición de las donaciones a los Partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas.
5) Prohibir a las Fundaciones de los Partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas jurídicas que no pueden donar a los Partidos políticos.
6) Tipificar jurídicamente el delito de Financiación ilegal de los Partidos políticos.
7) Establecimiento y publicación de un procedimiento normalizado de Auditoría interna por parte de los Partidos políticos.
8) Obligación de publicitar y debatir en el Parlamento aquellos casos de alto endeudamiento y posible situación de quiebra o claro desequilibrio económico que en su caso puedan tener algunos Partidos políticos.
B) TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA ELECTORAL:
9) Modificar la legislación y el sistema electoral, para que el ciudadano tenga una mínima flexibilidad y capacidad de decisión, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las que al menos se puedan excluir o cambiar el orden de algunos de los candidatos incluidos en las mismas.
10) Apartar de los cargos públicos y de cualquier lista electoral a los procesados por corrupción (se entenderán procesados en caso de que haya un escrito de acusación por el fiscal o la apertura de un juicio oral).
11) Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos básicos de todos los candidatos incluidos en las listas electorales.
12) Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales e imponer sanciones por el incumplimiento de dichos límites por los Partidos políticos.
C) MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN:
13) Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación efectiva y de larga duración para el ejercicio de cargos públicos.
14) Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política sea un modus vivendi).
15) Necesidad de una Ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupción (tal como existe en otros países).
16) Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para: a) Despolitizar en lo posible el Tribunal, designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los partidos políticos, por criterios técnicos, y de mérito y capacidad. b) Reducir el número de consejeros del Tribunal (a un máximo de cinco).
17) Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces de los puestos superiores, estableciendo límites a su designación por los Partidos políticos.
18) Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, y evitar así que puedan haber un cierto espacio de impunidad para los mismos.
19) Limitar y hacer más estricta la concesión de indultos por los gobiernos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción.
20) Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.
Transparencia Internacional España reclama igualmente que los Partidos políticos lleguen a un amplio acuerdo o Pacto general contra la corrupción, que permita corregir y encauzar la grave situación y la alarma social actualmente existente. En cualquier caso, y en el supuesto de que los partidos no llegasen a alcanzar ese pacto general, TI-España tiene intención de propiciar convenios mediante acuerdos y compromisos por la transparencia y contra la corrupción de los distintos Partidos políticos con esta organización, y contribuir así en lo posible a mejorar desde la sociedad civil la situación en esta importante materia.
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