Miembros del Consello Consultivo, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Supremo se reúnen en unas jornadas sobre el ámbito contencioso-administrativo.
La presidenta del Consello Consultivo de Galicia, Teresa Conde-Pumpido, ha advertido de que la ley de racionalización de la administración local, conocida como la reforma local, puede ocasionar "problemas muy graves y difíciles de solventar", lo cual "puede tener en cuenta" el Tribunal Constitucional en la tramitación de los recursos presentados frente a la normativa del Gobierno de Mariano Rajoy.
Con todo, y en conversación con un grupo reducido de periodistas, Conde-Pumpido no se ha querido "aventurarse" al respecto de lo que decidirá el TC sobre la ley, pero sí ha reparado en que si se declara inconstitucional es "un problema" y podría "ocasionar problemas muy graves y difíciles de solventar".
Más allá ha ido otro consejero electivo del Consello de Contas, Gonzalo de la Huerga Fidalgo, quien ha ofrecido una ponencia en el marco del 'Encuentro de la orden jurisdiccional contencioso-administrativa y el Consello Consultivo', y en la que ha abogado, ante el número "tan masivo de recursos" presentados a la normativa, por medidas "cautelares". Así, en conversación con periodistas, ha considerado que sería "deseable" que el Constitucional la "pare", porque se puede crear un "problema muy serio".
A raíz de su intervención en la ponencia, uno de los asistentes a este encuentro --de magistrados del TSXG, del Supremo y otros técnicos en la materia contencioso-administrativa de ámbitos como el local--, se ha referido a la ley de medidas urgentes del Gobierno autonómico, presentada como "interpretativa" de la estatal, sobre la cual ha dicho que también puede tener visos de "inconstitucionalidad".
Al respecto, este técnico en la materia que ha tomado la palabra en las jornadas ha manifestado que la estatal y el proyecto de ley gallego se "contradicen" y que, aunque le "gusta más" la normativa impulsada por el Ejecutivo autonómico, hay riesgo de que acabe "impugnada". En este sentido, se ha referido a que el propio Ministerio de Hacienda ha revelado que está analizando la normativa gallega y no descarta llevarla al Constitucional, igual que la de Castilla y León.
Así las cosas, este jurídico ha advertido de la "confusión" legislativa que hay ahora mismo, por lo que elaborar un informe por parte de un ente local puede ser "una osadía" o "una garantía de fracaso" en cuanto se aclare la constitucionalidad de los marcos legales.
En este contexto, De la Huerga ha considerado que "no ha sido un acierto" la normativa estatal y, a su juicio, no responde a la constitucionalidad de la Carta Magna. Para apoyarlo, ha recordado los cinco recursos de parlamentos autonómicos, las dos normativas autonómicas (entre ellas la gallega) para "suavizarla", el recurso de 2.000 ayuntamientos que representan 15 millones de habitantes o el otro presentado por 130 diputados del Congreso.
Entre las razones por las que observa inconstitucionalidad se encuentra el respeto por la autonomía local que, a su juicio, no se preserva, y motiva que la "finalidad última" de la normativa "no puede ser sólo cuadrar las cuentas", porque eso es una "perversión" de lo que deben ser las instituciones, destinadas a los ciudadanos.
Por otro lado, sobre el adelgazamiento del nivel local, Gonzalo de la Huerga llama la atención sobre el hecho de que la Administración estatal "no se autorreceta" lo mismo y, además, opte por "reforzar" las diputaciones provinciales. Entiende este consejero del Consultivo que, como la "recentralización" es difícil, se ha escogido la vía más fácil, "pese a que los ayuntamientos son los que menos deuda presentan".
En su intervención, se ha fijado en que en un momento en que existe "una corriente" importante de opinión que pide "la desaparición por innecesarias" de las diputaciones, con 450 millones de presupuesto "sólo en Galicia", que el Gobierno central opte por afianzar estas instituciones en la ley, lo cual considera "inexplicable". De hecho, ha citado los casos de comunidades que no tienen diputaciones (como las uniprovinciales), para concluir que se "está reconociendo que no son imprescindibles".
CONFERENCIA CONDE-PUMPIDO
En el marco de este encuentro también está prevista una conferencia de la presidenta del Consello Consultivo para abordar la problemática de la fijación de indemnizaciones en expedientes por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.
Como ha adelantado en conversación con un grupo reducido de periodistas, el Consello Asesor de Sanidade realiza un trabajo de baremo para determinar las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad por asistencia sanitarias. En este sentido, el Consultivo muestra sus dudas en la baremación de lo que se conoce como la "pérdida de oportunidad", en el daño moral y el consentimiento informado.
Esta baremación, cuyo informe del Consultivo no es vinculante, tiene como objetivo facilitar el cobro de las indemnizaciones, evitando acudir a juicio, ya que estarían objetivados los distintos daños y secuelas.
OTRAS INTERVENCIONES
En el encuentro también han intervenido el magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo del Poder Judicial, Wenceslao Olea, para abordar los problemas a los juristas derivados de la situación de crisis.
Por su parte, el magistrado presidente de la Sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, Fernando Seoane Pesqueira, centra su reflexión sobre los problemas prácticos y teóricos que general el examen que se realiza por la jurisdicción contencioso-administrativa de cuestiones civiles, mercantiles y laborales".
Fuente: Europa Press
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