El insultar al alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), o a algún integrante de su equipo de gobierno puede resultar muy caro para el ciudadano. El Ayuntamiento ha puesto a través de la Concejalía de Seguridad y Movilidad una veintena de multas que han alcanzado hasta los 1.000 euros de cuantía. En ningún caso han bajado de los 300. El grupo municipal socialista considera estas sanciones “absolutamente desproporcionadas”, mientras que desde el equipo de gobierno recuerdan que la ley (en este caso la ordenanza municipal) está para ser cumplida y que no puede salir gratis que una persona ataque a un concejal en medio de la vía pública.
Unos duros insultos le soltó, supuestamente, una vecina de Alcorcón, Marina N. G., a David Pérez el 16 de abril del año pasado cuando se encontraba en la confluencia de la avenida de las Retamas con la calle de Los Chopos. De lo que no se percató la señora es que junto al primer edil estaban varios policías municipales de paisano. Uno de estos se dirigió a la mujer y le pidió su documentación. Meses después la notificación oficial lo decía muy claro. Había cometido una infracción grave recogida en el artículo 9.1 de la ordenanza para la convivencia ciudadana y prevención de las actuaciones antisociales. Consecuencia: 1.000 euros de sanción.
Esta señora no fue la única. Un vecino recibió al alcalde con frases amenazantes y malsonantes durante el encendido de las luces navideñas el 12 de diciembre de 2012. De nuevo, junto al regidor había varios policías que no dudaron en hacer bajar al individuo del poste en el que estaba encaramado y tramitar la correspondiente denuncia. En este caso, le supuso 800 euros. Y de nuevo por el famoso artículo 9 de la ordenanza: “Está prohibida toda conducta de desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, ya sea de contexto xenófobo, racista, sexista o de cualquier otra condición personal o social mediante insultos, burlas, molestias, coacciones, agresiones o conductas análogas de hecho, de palabra o por escrito”.
Las sanciones que impone la ordenanza son desde luego altas. Si esto se llevara al ámbito penal, posiblemente le saldría más barato al afectado. Los insultos suelen estar considerados como una falta leve de injurias, tipificada en el artículo 620 del Código Penal. Este recoge una multa de 10 a 20 días. Las multas-día tienen una cuantía que oscila entre los dos y los 400 euros. De este modo, aplicando la mínima condena, lo que tendría que ingresar el infractor sería apenas 20 euros, en el caso más favorable para él.
El juez debe tener en cuenta además la capacidad económica del culpable y siempre suelen imponer multas bajas, salvo a los reincidentes. El único problema es que las debe iniciar mediante denuncia el agraviado o su representante legal. Es decir, que el alcalde o el concejal afectado tendría que ir a comisaría o al juzgado cada vez que un ciudadano le profiriera algún insulto.
Las sanciones no han estado dirigidas solo contra ciudadanos particulares que se hayan abalanzado contra el alcalde. Los propios ediles de la Corporación municipal han visto mermados sus ingresos por las multas. Es el caso de al menos tres concejales socialistas que han sido multados con 100 euros tras ser expulsados del pleno municipal, tras ser llamado al orden hasta en tres ocasiones por el regidor. Este hecho está considerado como falta grave según el Reglamento de Organización Municipal (ROM), cuya sanción puede llegar hasta los 1.500 euros. La cuantía definitiva es bastante más benévola, ya que suele concluirse con 100 euros, como ocurrió en el caso del edil socialista Antonio Elviro.
Las multas de varios cientos de euros también se han tramitado cuando los policías municipales de la ciudad han sido insultados por vecinos.
“Son multas muy altas que no se corresponden con una gravedad tan alta de los insultos. Se nota la forma de gobernar que tiene el alcalde de Alcorcón de acallar cualquier tipo de crítica por parte de los ciudadanos e incluso de los concejales de la oposición”, critica la portavoz socialista en Alcorcón, Natalia de Andrés. Por su parte, fuentes del equipo de gobierno recuerdan que la normativa permite llegar hasta los 1.500 euros. “Cuando una persona insulta en medio de la calle debe saber que hay una ordenanza para erradicar este tipo de agresiones contra una persona simplemente por ser el alcalde”, añaden.
Fuente: El País
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