Aprueba la ley de medidas urgentes que "aclara" la reforma estatal y garantiza que los municipios "sigan prestando los servicios".
El Gobierno gallego no llevará al Tribunal Constitucional (TC) la reforma local impulsada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y, tras aprobar la norma de medidas urgentes que aclara dudas en su aplicación, ha ratificado que la nueva la ley gallega de administración local no se hará hasta que esté el nuevo modelo de financiación. Eso sí, a partir de ese momento, la Xunta se da un plazo máximo de seis meses para presentarla.
De esta "reflexión sobre los plazos" que dificulta que la nueva ley gallega esté lista antes de las próximas municipales ha informado el vicepresidente, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consejo de la Xunta, que ha presidido ante la ausencia del presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien regresa este jueves de su viaje institucional a México y Panamá.
En su intervención, Rueda ha informado de la aprobación de la ley de medidas urgentes para facilitar la aplicación de la reforma local de Montoro, que previsiblemente estará lista antes de verano si se agilizan los trámites parlamentarios, y ha ratificado que la Xunta --pese a la petición de PSdeG y BNG-- no llevará la reforma estatal al TC, aunque no renuncia a introducir "mejoras".
Al tiempo, ha ligado estas "mejoras" al desarrollo de una nueva ley gallega de la administración local y ha defendido que, teniendo en cuenta las competencias que la reforma local obliga a asumir las comunidades, lo "lógico" es que la norma gallega global que la "mejorará" y adecuará a las necesidades autonómicas se diseñe ya con el nuevo modelo de financiación sobre la mesa, que ha urgido.
"Nosotros estamos trabajando, pero lo más urgente y práctico era el proyecto de hoy, complementario a todo el resto. Si la reforma de financiación se hiciera en plazo breve, nosotros cumpliríamos nuestro compromiso. No estamos perdiendo el tiempo en absoluto", ha remarcado.
Rueda ha reivindicado que esta norma nace para solventar incertezas y se ha mostrado convencido de que los ayuntamientos la agradecerán, si bien la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) informó favorablemente de la misma sólo con el apoyo del PPdeG.
COMPETENCIAS EN MANOS DE LOS AYUNTAMIENTOS
Precisamente, la propia ley de medidas urgentes aprobada este jueves recoge que las competencias que "debe asumir" la Comunidad en educación, salud y servicios sociales "seguirán siendo prestadas por los ayuntamientos" mientras "no se den" las condiciones previstas para su traspaso, que condiciona al nuevo de sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales.
Dicha normativa añade que en el marco del que dispongan las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades y de las haciendas locales, el Consejo de la Xunta regulará las condiciones del correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales, sin que "la gestión por las comunidades" de dichos servicios pueda suponer "un mayor gasto" para el conjunto de las administraciones.
Ante las "dudas" legales de interventores y alcaldes para continuar prestando servicios a sus vecinos, la ley de medidas urgentes también regula el ejercicio de nuevas competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación que, conforme la legislación básica, sólo será posible cuando no se ponga en riesgo "la sostenibilidad financiera" del conjunto de la hacienda local y no haya duplicidades.
Con tal fin, regula la forma de apreciación de la existencia o no de duplicidades y también la solicitud de informes competencia de la administración autonómica, el procedimiento y plazo para su emisión, así como su carácter vinculante y contenido. Al tiempo, unifica criterios y clarifica qué "no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias".
No se entenderá como tal la "continuidad" en la prestación de los servicios ya establecidos"; las obras, servicios, ayudas, adquisiciones o suministros de emergencia; o la colaboración entre administraciones entendida como "el trabajo en común" para solventar problemas también "comunes" y que pudiesen formularse "más allá de la concreta repartición competencial en los distintos sectores de la acción pública".
FINANCIACIÓN DE OZA-CESURAS
Sin abandonar el ámbito municipal, Rueda ha defendido que la Xunta seguirá primando a los ayuntamientos que opten por la vía de la fusión y ha remarcado que el Gobierno central también "corrigió" un error en relación a la financiación de Oza-Cesuras.
"No me acuerdo de memoria, pero creo que la cifra del fondo estatal de cooperación que está recibiendo es de 120.000 euros más de lo que recibiría cada uno (de los municipios fusionados) por separado", ha argumentado.
Igualmente, ha apuntado que la ley estatal alude a "ventajas claras" para los ayuntamientos que opten por esta vía, para añadir que la Xunta ha hablado con el Ejecutivo para indicarle que "no tendría sentido" que una fusión autorizada poco antes de que entrase en vigor "quedase fuera" de estos beneficios. "Seguiremos insistiendo en ello, espero que no haya ningún problema", ha zanjado.
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://ift.tt/1oDhAFi
No hay comentarios:
Publicar un comentario