Los grupos parlamentarios nacionalista y socialista han elevado ya a la Mesa de la Cámara la solicitud de un pleno extraordinario para que el principal órgano político de la región, en que son mayoría, interponga en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la ley de reforma local. Junto con la petición, Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) también han dirigido a la Mesa la proposición no de ley (PNL) que se debatirá en esa sesión plenaria y en que exponen los argumentos del recurso.
CC y PSC-PSOE anunciaron en enero que habían constituido una comisión para trazar la estrategia contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la cual calificaron ya entonces de «chapuza». La semana pasada, los grupos que apoyan al ejecutivo de Paulino Rivero registraron al unísono la solicitud de un pleno «fuera de calendario» en el que debatir una PNL, que presentaron el mismo día, para interponer un «recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos» de la ley por «invasión de competencias» de la comunidad autónoma. En concreto, los dos escritos fueron elevados el último miércoles, día 12, tal como han confirmado a ABC fuentes de ambas fuerzas políticas.
Nacionalistas y socialistas ven inconstitucionales los epígrafes uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, 17, 18, 19, 21, 30, 36 y 38 del artículo primero; el punto dos del artículo segundo; las disposiciones adicionales novena y decimoquinta; y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Así consta en el texto de la PNL, al que ha tenido acceso este diario y en que CC y PSC-PSOE aseguran que los susodichos preceptos «están impregnados del recorte que significa su espíritu contrario a la autonomía local».
La estrategia de Ferraz
El secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, vino en su día a Canarias para acercar ideas al respecto con el secretario general de CC, José Miguel Barragán. Zarrías explicó que desde Ferraz intentarían promover recursos de los gobiernos y parlamentos regionales contra la ley estatal, que convierte a los ayuntamientos, dijo entonces, en «meras oficinas administrativas».
En el Archipiélago, la reforma local ha suscitado críticas también de su Ejecutivo y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). La Fecam, que preside el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, viene vertiendo un sinfín de críticas hacia la norma y hacia el gabinete de Mariano Rajoy. No en vano, el organismo considera la ley «centralista» y, en consonancia con el argumentario del PSOE, advierte que va en detrimento de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
La proposición no de ley de Coalición y PSC-PSOE, que suscriben los portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios, Barragán y Manuel Fajardo, ahonda en este asunto y pide a la Cámara su asenso a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. En la exposición de motivos de la PNL, los partidos del Gobierno canario afirman que «toda» la norma «está inspirada por el principio de estabilidad presupuestaria y orientada hacia el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera».
Fuente: ABC
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