El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes, en un pleno extraordinario y con el voto de todos los grupos salvo el PP, sumarse al grupo de municipios catalanes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de reforma de la administración local del Gobierno central.
Esta sesión extraordinaria ha convocado después de que en el pleno ordinario de febrero se aprobara una proposición del PSC para rechazar esta reforma y formalizar la adscripción del consistorio al conjunto de localidades que recurrirán la ley.
El primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, ha argumentado que de esta forma Barcelona ejerce de capital catalana y "se pone al lado de los municipios que más sufrirían los efectos negativos de esta reforma", ya que ha argumentado que sin su liderazgo, hacer llegar este rechazo sería mucho más difícil.
Ha reconocido que la ley incluye una disposición adicional que sirve para preservar el régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona recogido por la Carta Municipal, y ha destacado la aportación del grupo municipal del PP en este sentido, pero ha considerado que el consistorio debe "levantar la mirada" y no tener en cuenta solo su situación.
Forn ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy esconde tras la excusa de la racionalización una "voluntad recentralizadora y uniformista, un ataque al autogobierno y una desconfianza en los municipios", y ha subrayado que Barcelona no necesita ninguna ley que le diga qué hacer en cuanto a racionalización y sostenibilidad.
El líder del grupo del PSC, Jordi Martí, ha celebrado el apoyo de la mayoría de los concejales, y también ha reconocido el "esfuerzo" del grupo popular para salvaguardar la Carta Municipal, pero ha reprochado el silencio del alcalde, Xavier Trias, en el pleno, y le ha pedido liderazgo en la interposición del recurso.
"Le queremos ver al frente. No se esconda. Es una de las batallas que el municipialismo tiene que hacer, y Barcelona tiene que estar al frente", ha sostenido.
El líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, ha defendido que con esta reforma "no se suprimirá ningún servicio", sino que se eliminarán las duplicidades, y ha destacado que la ley permite que los consistorios con equilibrio presupuestario puedan ofrecer los servicios que consideren oportunos además de los obligatorios.
Ha criticado que esta votación responde a una "sumisión a intereses de partido del PSOE y de CiU" y no los intereses de la ciudad, y ha reclamado a Trias que ejerza de alcalde de Barcelona y no de delegado de la Generalitat.
El líder de ICV-EUiA en el consistorio, Ricard Gomà, ha calificado la norma de recentralizadora y de involución democrática, ya que provoca que los ayuntamientos se asemejen más a los de la última época del franquismo que a los del siglo XXI: "Quieren recuperar el pasado porque saben que han perdido el futuro", ha sostenido.
El presidente de UpB, Jordi Portabella (ERC), ha advertido de que las competencias del Ayuntamiento no quedan íntegramente protegidas por la Carta de Barcelona y que, por tanto, también está afectado por la nueva ley local, y ha pedido que el TC suspenda cautelarmente su aplicación mientras toma una decisión.
Fuente: Europa Press
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