Los barones del partido evitan retirar competencias a los municipios, como pide Hacienda, para no asumirlas y tener que financiarlas.
"Es un documento irregular e ilegal", dijeron los populares del decreto del Principado.
“Un documento irregular e ilegal”, “un mal parche”. El diputado autonómico Matías Rodríguez Feito fue muy directo hace dos meses al expresar la postura del Partido Popular asturiano sobre el decreto con el que el Principado adaptó –y suavizó— para su aplicación en la comunidad autónoma la reforma de las administraciones locales aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2013. Lo que calló el parlamentario, igual que todos los demás representantes del PP que han atacado en público la normativa, es que su propia formación ha aprobado iniciativas similares en siete de las regiones donde está en el poder, según el recuento publicado este lunes por el diario El Mundo. Todas se han sumado con ese gesto a la rebeldía de Asturias, Andalucía, Cataluña y País Vasco, cuyos ejecutivos consideran que los cambios introducidos por el Ministerio de Hacienda pondrían fin a los servicios sociales municipales y trasladaría su coste a las administraciones autonómicas.
En Asturias, el PP utilizó la decisión del Principado como munición para la tarea de oposición. Sus alcaldes se opusieron en la Comisión Asturiana de Administración Local –en la que se sientan representantes del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos— al borrador del decreto finalmente aprobado a principios de julio. La normativa autonómica permite a los concejos seguir prestando las denominadas competencias impropias (las que ejercen sin que les pertenezcan y sin delegación expresa de otras administraciones) siempre que sus cuentas cuadren y consigan dos informes favorables del propio Principado, que no prevé negárselos a ningún concejo. Entre lo que podía eliminarse según la ley aprobada por el departamento de Cristóbal Montoro había tareas tan simbólicas como los servicios sociales de los 71 municipios menores de 20.000 habitantes al mismo tiempo que tareas menores que los ayuntamientos asumen por responsabilidad, como la limpieza de juzgados de paz o escuelas infantiles.
"AYUNTAMIENTOS REHENES"
Feito, que negó que la reforma de Montoro tuviera el propósito de arrebatar competencias a los municipios, cargó contra el presidente regional, Javier Fernández, por politiquear al seguir la línea nacional del PSOE contra Rajoy. “Los ayuntamientos se convierten rehenes de su irresponsabilidad, abandonados a su suerte, sintiéndose timados y manejados, ya que el decreto no garantiza la financiación de las competencias impropias ni la prestación de servicios por parte de los concejos, es decir, no garantiza la igualdad de todos los asturianos”, señaló.
Pero, allí donde gobierna y, por lo tanto, se vería forzado a financiar con los presupuestos regionales las competencias que dejaran de atender los ayuntamientos si la ley promovida por Hacienda se aplicara a rajatabla, el PP ve las cosas de otra manera más relajada. Son tesis cercanas al punto de vista expuesto por la consejera asturiana de Hacienda, Dolores Carcedo, al defender el decreto: “La ley es farragosa y ambigua. Confunde las cosas en lugar de clarificarlas”.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA BLOQUEADA
Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia han aprobado normativas similares para suavizar la reforma y, según la expresión utilizada en la normativa castellanoleonesa, “tutelar a sus municipios”. Siguiendo el ejemplo del País Vasco, que protegió a sus ayuntamientos con una ley, la comunidad vecina escogió esa fórmula para plasmar sus reticencias. Otras regiones se han conformado con decretos similares al asturiano. La batalla legal –muy cruda en 2012 y 2013, cuando en dieciocho meses llegaron a circular unos 40 borradores del proyecto de Hacienda— aún no ha visto su último capítulo. El Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre un recurso planteado por el PSOE.
A Rajoy y Montoro les resultaría más fácil ganarse las voluntades de las comunidades si se decidieran a abordar la reforma de la financiación autonómica. La revisión del sistema estaba prevista para este año, pero el presidente le dio carpetazo a principios del verano al constatar la distancia entre la posición de su Gobierno y las aspiraciones, no siempre compatibles entre ellas, de los gobiernos regionales. El asunto ya está aparcado para toda la legislatura y eso ha decidido la desobediencia sobre la reforma local incluso de algunos de los barones populares. Algunos de los territorios gestionados por el PP están dispuestos a asumir de forma plena las competencias sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero para eso reclaman antes una subida de los recursos que manejan para poder pagar la factura. Y eso, sin tocar la financiación, resulta imposible.
Fuente: Asturias24
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