miércoles, 18 de junio de 2014

Cataluña aprueba un decreto con instrumentos jurídicos contra la reforma local del Gobierno


Homs asegura que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "se carga" los servicios sociales que ofrecen los municipios.


El Govern de la Generalitat ha aprobado un decreto ley que pretende facilitar que los ayuntamientos catalanes puedan luchar contra la reforma local diseñada por el Ejecutivo central y para que, a través de "instrumentos jurídicos" puedan "evitar el desmantelamiento de los servicios públicos".


En rueda de prensa posterior al Conselle Executiu, que este martes se ha celebrado con la ausencia del president de la Generalitat, Artur Mas, y del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, que se encuentran de viaje oficial a EE.UU., el portavoz del Govern ha señalado que la reforma del Gabinete de Rajoy (la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en sus siglas, LRSAL) es "un despropósito por la afectación que tiene en la vida colectiva de las personas", tras lo cual ha asegurado que "supone el demantelamiento de políticas de bienestar" que se otorgan desde la cercanía al ciudadano del ámbito local.


Según Francesc Homs, la reforma gubernamental tiene afectaciones directas sobre servicios básicos como las guarderías, los servicios sociales que despliegan los entes locales y tienen que ver actividades perentorias como la salud pública, las plagas (ha recordado la reciente polémica por el servicio de control del mosquito tigre), sanidad de aguas, etc. Por tanto, "son políticas cotidianas que descansan en la colaboración entre los ayuntamientos y la Generalitat o los consejos comarcales", ha destacado, y a su entender son políticas de bienestar que la LRSAL "se carga", ha lamentado.


Pero el dirigente ha asegurado que "no estamos dispuestos a renunciar a esto", de manera que el decreto aprobado es una solución de urgencia mientras no se aprueba en el Parlament la ley de gobiernos locales, que aún está en trámites. "La situación lleva a una medida de excepcionalidad y de urgencia", porque la entrada en vigor de la Larsal es inminente, y la "consecuencia nefasta" es "bloquear toda clase de servicios públicos locales", ha argumentado.


Aunque el dirigente no ha concretado los motivos por los que la LRSAL atenta tan gravemente contra los servicios sociales de los municipios, ha asegurado que Catalunya no es la única autonomía que está planteando medidas para luchar contra la ley y de hecho, otras comunidades están tomándolas, caso de Galicia o Andalucía aunque, debido a la afinidad política "hay gobiernos regionales que no están haciendo mucho ruido".


La LRSAL es una de las leyes más importantes que prevé aprobar el Ejecutivo español en breve con el objetivo de ahorrar costes, racionalizar servicios y unificar criterios para que todos los españoles reciban las mismas atenciones sociales y con los mismos estándares de calidad en cualquier parte del territorio español. Así, esta norma dediseña competencias, los servicios mínimos obligatorios, el coste efectivo de los servicios, las EMD, la fusión de municipios, la racionalización del sector público, el régimen retributivo y el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, entre otros aspectos.


Homs ha asegurado que desde el Gobierno han puesto en marcha una "sofisticada operación" que "intentan imponer" para "cargarse este modelo de colaboración" entre gobiernos locales y administraciones autonómicas, de manera que la estrategia del Ejecutivo central no responde sólo a la voluntad de "un ahogo financiero, sino también estructural". Además "tienen el cinismo de plantear según qué rebajas fiscales como si sobraran los recursos, y encima no abordan la lucha contra el fraude fiscal", ha reprochado.


El dirigente catalán ha asegurado que "el generador del problema no está situado en Catalunya" sino que "los problemas los pone el Gobierno" y por eso "ponemos medidas" que, en todo caso, cuentan con el apoyo de las dos principales entidades municipalistas.


Fuente: La Vanguardia







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