La Ley de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017 por la que se adaptan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014 cuenta entre sus objetivos con la lucha contra la corrupción. En un alto porcentaje, el uso de la contratación menor, y su apariencia de legalidad, constituye una vía habitual que se utiliza para incumplir los preceptos legales correspondientes sobre publicidad y concurrencia. Por ello la, Ley impone en el artículo 118 importantes limitaciones al uso de este tipo de contratos, limitaciones que han de interpretarse correctamente para que no supongan una eliminación en la práctica de esta figura.
via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://bit.ly/2SNcTBV
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