Los hechos acaecidos en los últimos tiempos, corrupción, estafas, blanqueo de capitales, delitos de prevaricación, etc., hizo necesaria, en el año 2013, la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuya entrada en vigor ha sido progresiva.
Esta Ley pretende, entre otras cosas, reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas, es decir, que conozcan cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterio actúan nuestras instituciones. Así, los países que cuentan, con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno, disponen de instituciones más fuertes que favorecen el crecimiento económico, el desarrollo social y una democracia más sólida.
La Ley regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, mediante la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.
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