Si existe un lugar común absolutamente indiscutido en nuestra doctrina, ése no es otro que el de la cada vez más acentuada (y aparentemente inevitable) merma de la calidad de las normas. No existe estudio alguno que, al abordar la cuestión, no desarrolle, de forma más o menos detenida, una argumentación de completo rechazo frente a la situación, ya crónica, derivada del escaso rigor con el que se ejercen las potestades legislativa y reglamentaria, que adquiere además tintes dramáticos en el sector jurídico-administrativo.
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