De conformidad con el Derecho europeo de la competencia, las concentraciones de dimensión europea tienen que ser notificadas a la Comisión y autorizadas por ésta antes de ser ejecutadas. En este artículo se analiza el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Comisión para evaluar la compatibilidad de las operaciones de concentración con el mercado interior. El estudio se enfoca desde la óptica de los derechos de la partes (derecho de audiencia, derecho de acceso al expediente, obligación de la Administración de motivar las decisiones, etc.) a fin de constatar en qué medida se encuentran garantizados en el procedimiento así como cuál es el alcance del control judicial ante las posibles vulneraciones de los mismos por la Comisión.
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