El Centro de Iniciativas Empresariales de la Diputación de Granada ha acogido este miércoles una jornada para que las administraciones locales incorporen criterios de eficiencia energética en la contratación de servicios públicos en cumplimiento de la recientemente aprobada Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones.
El Centro de Iniciativas Empresariales de la Diputación de Granada ha acogido este miércoles una jornada para que las administraciones locales incorporen criterios de eficiencia energética en la contratación de servicios públicos en cumplimiento de la recientemente aprobada Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones.
El vicepresidente segundo de la institución provincial y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, ha inaugurado la sesión señalando que "el desarrollo experimentado por nuestros municipios ha llevado aparejado un importante incremento de los gastos relacionados con el consumo energético de las instalaciones y servicios municipales".
Así, un servicio municipal básico como el del alumbrado público, "que juega un papel importante no sólo para el desarrollo de la actividad económica de cualquier territorio sino para su seguridad y bienestar, puede llegar a representar entre el 40 por ciento y el 60 por ciento del consumo eléctrico de un ayuntamiento y suponer un gasto de alrededor de 60 euros al año por habitante", ha añadido el vicepresidente segundo.
En este sentido, José Robles ha detallado que "los costes más altos se producen en los ayuntamientos más pequeños, en los de menos de 1.000 habitantes, debido al mal diseño del alumbrado y la antigüedad de las instalaciones", lo que conduce a un desaprovechamiento de la energía y desencadena la prestación del servicio sin las condiciones de calidad establecidas, un aumento de contaminación lumínica y un uso ineficiente de los recursos públicos.
Para responder a estos nuevos retos, los gobiernos locales cuentan con unos medios muy limitados y se enfrentan a estos problemas sin contar con la capacidad institucional y financiera necesaria. Por ello, desde el año 2011, la Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía vienen fomentando la realización de este modelo de contratación a través de diferentes acciones.
Una de ellas es la jornada que ha acogido el edificio CIE de la Diputación, dirigida principalmente a responsables de compra y contratación pública, así como a personal de mantenimiento de edificios y alumbrado público de municipios de toda la provincia, en la que se ha dado a conocer los últimos avances en la definición de criterios de eficiencia energética para la contratación pública a nivel español y europeo, y se han mostrado los aspectos legales más relevantes sobre la compra y contratación pública de servicios relacionados con criterios ambientales.
Bajo el título 'Eficiencia energética y contratación pública: contratos de servicios energéticos en la administración local', la jornada, de carácter eminentemente práctico, responde a la obligación de las administraciones públicas de adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, según se recoge en la ley 15/2014, de 16 de septiembre. Dicha ley establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones, cuando su coste de prestación sea superior a lo establecido por la normativa, de manera directa o a través de la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.
En la jornada se ha puesto de relieve que los elementos claves de cualquier contrato de servicios energéticos son la realización de una auditoría para decidir si un municipio necesita mejoras, la formalización de un contrato adaptado a las necesidades e inversión municipales y una revisión periódica y anual del cumplimiento de los objetivos marcados en dicho contrato.
Las principales conclusiones de la sesión se recogerán en una memoria final que servirá a los municipios de guía para la formalización de futuras contrataciones públicas.
Fuente: Europa Press
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