Una de las novedades del nuevo texto es la aplicación del consenso como regla general para la adopción de acuerdos, respondiendo así a la naturaleza del Consejo como órgano de diálogo de composición paritaria y mixta. Asimismo, se incorporan adaptaciones a la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y se delimitan las competencias entre el Consejo Andaluz de Concertación Local y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales para evitar duplicidades de funciones.
El segundo de estos órganos, de composición exclusivamente municipal y provincial, y creado por la Laula con el fin de garantizar la autonomía local, tiene atribuidas algunas competencias que venía desempeñando el Consejo de Concertación y que ahora asumirá de forma exclusiva. Entre ellas figuran las de informar anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones generales y planes.
En los supuestos de informes a nuevas textos normativos, el Consejo de Concertación sólo intervendrá en caso de discrepancias entre el dictamen del Consejo Andaluz de Gobierno Locales y la consejería que los promueva. Así, este órgano mixto Junta-entidades locales intentará el acercamiento de posturas y evitará recurrir a los tribunales cada vez que surjan desacuerdos entre las dos administraciones.
La Laula, a la que se adapta el proyecto del Consejo Andaluz de Concertación Local, fue la primera ley en España que redujo la tutela previa de la Administración autonómica y otorgó a los municipios plena decisión sobre cómo organizan sus territorios, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios.
Entre otras disposiciones, delega competencias autonómicas, delimita las 29 que son propias de los entes locales y fija los procedimientos para nuevas transferencias de gestión. Los gobiernos locales pasan así de ser meros administradores a sujetos activos en la gestión de sus políticas.
La Laula se complementa con la Ley Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos Autonómicos, norma que desde 2011 obliga a la Administración andaluza a garantizar una financiación suficiente e incondicionada, es decir, respetando la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciben.
Posicionamiento de los grupos
En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Ana Mestre ha criticado el "uso torticero" que PSOE-A e IULV-CA hacen de los órganos y que no hayan aceptado las enmiendas presentadas por su grupo, entre ellas, la relativa que la presidencia de este órgano sea rotativa semestralmente, entre el presidente y el vicepresidente.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Manuel Carmona ha indicado que "con la norma en la mano" se puede afirmar que los "negros vaticinios" realizados por el PP-A sobre que se trataría éste de un órgano para la confrontación y un "paso atrás" para controlar y reducir los derechos históricos de las corporaciones locales "no se han cumplido".
Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Serrano ha asegurado que su grupo va a apoyar toda reforma que refuerce las funciones de las entidades locales, que dé a los municipios plenas capacidades en su organización y que ofrezca garantías para la prestación de los servicios públicos.
Al término del debate, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas, ha asegurado que esta ley "refuerza el diálogo y la colaboración institucional" y ha agradecido a los representantes parlamentarios sus aportaciones y participación en un debate "necesario y oportuno" sobre una norma que nace con la finalidad de "reforzar las funciones locales y avanzar en el reconocimiento del municipalismo".
Fuente: Europa Press
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