Funcionarios en el infierno
Secretarios e interventores denuncian casos de alcaldes que los persiguen por no plegarse a sus intereses
El alcalde de Palas de Rei castigó sin sueldo ilegalmente, con el aval de la Xunta, a una funcionaria que denunció corrupción
Aquel día de finales de 2008 en que llegó a trabajar al Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo) empezó para Celia González una vida de thriller, muy alejada de la apacible existencia que aguarda un funcionario cuando recibe como destino un municipio de poco más de 3.500 habitantes. Como secretaria e interventora municipal ha sobrevivido a seis contenciosos fallados a su favor; a año y medio de suspensión ilegal de empleo y sueldo promovida por el alcalde, Pablo Taboada (PP), con el aval de un alto cargo de la Xunta ya dimitido; a los bulos esparcidos por el pueblo sobre su vida privada; al vacío del resto de trabajadores del consistorio; a una avalancha de encargos imposible de atender —“lo que querían es que no cumpliera los plazos”— y a un par de bajas médicas por depresión. Su caso ha sido denunciado junto al de otros dos compañeros (el de Antas de Ulla y la de Barreiros hasta 2012) por el colegio profesional de secretarios de Lugo ante el Gobierno central, la Xunta y la fiscalía sin que se conozcan consecuencias. Son ejemplos de la desprotección en la que se mueven los funcionarios a los que el Estado encarga la vigilancia de las gestiones municipales más tentadoras para un político corrompible.
La casa consistorial de Palas, describe Celia González, es “un pueblo feudal: están los que mandan y los vasallos mal pagados que obedecen”. “Me opuse a prácticas que se hacían en el Ayuntamiento desde tiempo atrás, como falsificar facturas para justificar subvenciones, justificar subvenciones de obras no ejecutadas, modificar asientos del registro de entrada y salida de correspondencia, efectuar pagos sin consignación presupuestaria...”, enumera. Al alcalde de Palas y a su antecesor, Fernando Pensado (también del PP), así como a cuatro empleados municipales, los mantiene imputados una juez de Chantada por acoso, prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones, tras la querella que la secretaria-interventora presentó en mayo de 2011 recopilando las irregularidades detectadas.
González se reincorporó a su puesto el pasado enero gracias a que la justicia anuló en sentencia firme el expediente disciplinario con el que el regidor de Palas se la quitó de en medio, pero el thiller aún no ha llegado a su fin. “Estoy exactamente igual que hace dos años”, lamenta, sin acceso directo a los expedientes —“todo se lo tengo que pedir al alcalde por escrito y me lo da o no”— y con permiso para usar solo la fotocopiadora que tiene memoria —“así controlan lo que copio”—.
El alcalde, sin embargo, considera que la vida discurre en su Ayuntamiento de forma “normal” pese a los dos años de conflicto con la secretaria municipal. “Que yo sepa yo no obstaculizo el trabajo de nadie”, sostiene Taboada, quien se reafirma en que González era merecedora del expediente disciplinario que él le abrió y que luego anuló la justicia porque, esgrime, se negó a redactar un informe sobre una licencia que exigía la ley. “Yo le pido asesoramiento pero si se niega a asesorarme o me asesora mal...”, alega. El popular supone que “expedientes a secretarios se abrirán habitualmente” y desliga su caso de los manejos destapados por las escuchas telefónicas de la Operación Pokémon entre miembros del gobierno popular de Santiago para apartar a un secretario que se negaba a certificar la falsa legalidad de un contrato millonario. En Palas, arguye, las cantidades de dinero que mueven las adjudicaciones son modestas. Y sobre las demandas de mayor protección para los funcionarios que deben vigilar a los políticos, Taboada responde: “Yo pido la máxima protección para los secretarios, los alcaldes y los periodistas”.
“Los colegios pedimos que las potestades disciplinarias estén lo más alejadas posibles de la persona controlada”, subraya José Antonio Rueda Valenzuela, presidente del colegio de secretarios de A Coruña, quien considera que “a todos los alcaldes les interesa tener una bala en el revólver para usarla en un momento dado”. El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Lugo ha remitido a la fiscalía toda la documentación sobre el expediente disciplinario que se le abrió a la secretaria de Palas porque considera que tanto el alcalde como el ex director general de Administración Local de la Consellería de Presidencia Norberto Uzal cometieron un delito de prevaricación. El segundo, que en los noventa fue jefe territorial de Falange Española Independiente, emitió dos informes avalando que el regidor tenía potestades para castigar a la funcionaria cuando la justicia ha dejado claro que no.
A la ex secretaria municipal de Barreiros el alcalde Alfonso Fuente Parga (PP) le abrió tres expedientes disciplinarios con el aval también del excargo de la Xunta Norberto Uzal. Para ella la pesadilla comenzó en 2006, cuando el gobierno local empezó a aprobar de forma masiva licencias urbanísticas para construir miles de viviendas en parcelas sin accesos ni suministro de agua. Ella les advirtió primero que eran ilegales —los tribunales han ido anulando esos permisos posteriormente— y después redactó informes contrarios que el alcalde ignoró. “Empezaron a machacarme. Me presionaron, me hacían desprecios delante de funcionarios y vecinos...”, recuerda aún con la voz temblorosa María Antonia Martínez Barcia. En 2009 tuvo que coger una baja por depresión y en 2012 optó por escapar a otro destino: “Me costó. No entendía por qué tenía que irme yo si lo único que hacía era cumplir con mi deber. Pero tuve que hacerlo, por mi salud y mi familia”.
En 2011 este periódico publicó que el entonces alcalde de Gondomar por el PP, Martín Urgal, había apartado a la secretaria municipal que emitía informes negativos sobre sus licencias para contratar a un abogado externo dispuesto a darles el visto bueno. Nadie desde otras Administraciones o desde su partido tomó medidas. El pasado noviembre Urgal fue condenado por prevaricación por esta maniobra. La sentencia concluye que se saltó la normativa “de forma bastante grosera”.
Fuente: El País
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