El Gobierno asturiano ha solicitado del Consejo Consultivo del Principado un informe jurídico para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma local impulsada por el Ejecutivo central al entender que vulnera las competencias de la comunidad autónoma.
Con esta decisión, el Ejecutivo que preside el socialista Javier Fernández ha llevado ya ante el TC la Ley de Costas, la reforma educativa, los recortes presupuestarios en educación y sanidad, el impuesto sobre depósitos bancarios y el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas.
Según el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, la iniciativa del Ejecutivo central supone "otra contrarreforma" con la que se pretende "expropiar de competencias y de capacidad de gestión" a ayuntamientos, entidades locales menores y comunidades autónomas dentro de un "proceso neocentralista" que supondrá una reducción de derechos para los ciudadanos.
"El Principado ha tendido la mano para la búsqueda de soluciones conjuntas, pero el Gobierno ha preferido aplicar su mayoría absoluta y obviar el diálogo con las comunidades autónomas", ha afirmado Martínez en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Así, ha recordado que la reforma local elimina la personalidad jurídica de las parroquias rurales, con gran arraigo en el Principado por lo que están reguladas en su Estatuto de Autonomía.
Además, ha incidido en que la reforma potencia la figura de las Diputaciones sin atender las peculiaridades de las comunidades uniprovinciales como Asturias en las que no existe dicha institución al haber asumido sus competencias la administración autonómica.
Para el Gobierno asturiano el texto no resuelve el problema de la financiación municipal y traslada competencias a las comunidades sin ningún mecanismo de compensación, especialmente en aquellas donde no existe Diputación, lo que hará que el Principado asuma funciones que hasta ahora ejercen los 71 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de los 78 con que cuenta el Principado.
Martínez ha defendido además los diferentes recursos ante el TC promovidos por el Ejecutivo regional contra diversas iniciativas del Gobierno central al considerar que "en todos los casos" el objetivo es la defensa de las competencias autonómicas.
Así, ha apuntado que "más preocupante" que la judicialización de las relaciones entre la administración asturiana y la central es "utilizar mayoría absoluta para aprobar reformas que expropian competencias a las comunidades autónomas".
Fuente: La Nueva España
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