Así lo ha indicado en el acto de inauguración de una jornada sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, contra la que el Ejecutivo canario ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al entender que invade competencias autonómicas.
En su intervención, el presidente canario señaló que la administración pública tiene que ajustarse a una realidad "diferente" porque vive momentos "complejos", pero incidió en que su objetivo debe seguir siendo el de prestar los "mejores servicios" a los ciudadanos.
Paulino Rivero defendió que Canarias necesita de los ayuntamientos, de los cabildos y de un gobierno que "articule y cohesione" al archipiélago e impulse políticas para que los canarios "disfruten de los mismos servicios", y apostó por profundizar en la mancomunidad de servicios para que se puedan prestar bajo criterios de racionalidad.
El jefe del Ejecutivo indicó que cada una de las administraciones debe contar con competencias que se puedan llevar a cabo con criterios de "eficacia y eficiencia", y añadió que la financiación tiene que ajustarse a las competencias que vayan a ejercer cada administración.
Para profundizar en el contenido de la Ley de racionalización, Rivero abogó por seguir trabajando en la reforma del Estatuto de Autonomía para reforzar una capacidad competencial que ayude al crecimiento económico, así como en una ley de cabildos y una ley de municipios que espera poder pactar con la Fecam a lo largo de este año.
CLIMA DE INCERTIDUMBRE
Por su parte, el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, destacó la celebración de esta jornada en tanto en cuanto la normativa estatal crea "dudas" en asuntos relacionados con su aplicación y genera "incertidumbre" en los ayuntamientos, y se mostró convencido de que las conclusiones que se obtengan serán políticas beneficiosas para las administraciones y los ciudadanos.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, dijo que esta jornada "servirá para hallar algo de luz en una norma estatal cargada de sombras, que no es racional ni sostenible, sino que viene impuesta por el Gobierno del Estado".
Bermúdez afirmó que esta ley "genera más problemas y dificultades que beneficios, nos hace retroceder en el tiempo y aleja al ciudadano de la administración que siempre ha tenido más próxima, eliminando competencias y haciendo que los ayuntamientos tengan que hacer frente a los problemas sociales con menos recursos".
Fuente: Europa Press
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