La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha manifestado en Salamanca que la reforma de la Administración Local puesta en marcha por el Gobierno será "especialmente dura" con comunidades como Castilla y León.
Los motivos que le hacen presagiar esas "dificultades" para la autonomía, al igual que otros territorios como Galicia, es que tiene municipios pequeños con una población "muy dispersa", y contar con una ciudadanía "envejecida".
Ana Lima ha lamentado que la nueva normativa "no ordena, desordena" y que "esconde reducción de presupuestos" con un objetivo "meramente económico", lo que, a su parecer, "pone en peligro" el sistema de servicios sociales en España.
En un momento de "emergencia social" por la crisis, la presidenta del Consejo ha criticado que el Ejecutivo nacional haya dado luz verde a una ley que promueve "recortes, recortes y más recortes" con la intención de recortar recursos y trabajadores relacionados con servicios sociales en un 33 por ciento, según sus estimaciones.
"Los servicios sociales eran un derecho y están dando paso a la beneficencia" en un sistema donde tendrá atención "el que la pague" y a los que no puedan acceder a ese recurso de pago "se les atenderá desde la beneficencia", ha apuntado.
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social ha realizado estas declaraciones en la Universidad de Salamanca (USAL), antes de pronunciar la conferencia 'La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y sus efectos en el Sistema Público de Servicios Sociales', organizada por el Departamento de Derecho de Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Salamanca.
La USAL ha recordado que el Consejo General del Trabajo Social es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo de los 37 Colegios Oficiales de Trabajo Social en el territorio estatal que agrupan un total de 40.000 colegiados.
Asimismo entre otras cosas, este organismo es responsable del ordenamiento del ejercicio profesional de los trabajadores sociales, de "velar por el prestigio de la profesión" y de "exigir" a los Colegios de Trabajo Social y a sus miembros el cumplimiento de sus deberes deontológicos.
Fuente: Europa Press
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