vicepresidente del Parlament, Lluís Corominas; el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, y el del Consell de Governs Locals de Catalunya (CGLC), Miquel Buch, han rechazado juntos este lunes la reforma local.
Al inaugurar unas jornadas en el Parlament para analizar la incidencia y la aplicación de la ley, han coincidido en rechazar frontalmente la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (Arsal) del Gobierno central.
Corominas ha reconocido el trabajo y la tarea diaria que llevan a cabo los entes locales, y, pese a destacar que necesitaban reformas estructurales, ha admitido que no se esperaban una regulación como la Arsal.
"Esperamos que su aplicación tenga un resultado diferente, y que la ley de gobiernos locales catalana sea más acertada que la española", ha reclamado Corominas, que ha defendido la administración local como un sujeto de primer nivel, y ha lamentado que tradicionalmente se la haya considerado como un 'hermano pequeño'.
USAR LA VÍA DEL 'ESCÓ 136'
Tras reivindicar la necesidad de que la legislación se consensúe con los sectores afectados, ha invitado al mundo local a participar en el trámite de leyes que se están abordando en la cámara catalana, como la de gobiernos locales y la de transparencia, a través de www.esco136.cat, un espacio en la web del Parlament que posibilita a los ciudadanos hacer sus aportaciones y propuestas de normativas en estudio: "No lo tengáis como una herramienta final. Queremos que nos ayudéis desde el principio".
El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, ha subrayado que el futuro de los gobiernos locales y el de los servicios de proximidad son "dos caras de la misma moneda", y que la Arsal abre muchas incertidumbres al respecto.
Para Esteve, las administraciones locales no son responsables de la deuda del Estado, por lo que considera que no tiene sentido que se les exija más, porque no son el problema.
"Es un disparate", según Esteve, que ha justificado así la necesidad de llevar la ley al Tribunal Constitucional (TC) y de impulsar las acciones que puedan para evitar su aplicación.
En el mismo sentido se ha manifestado el presidente del Consell de Governs Locals, Miquel Buch, que se ha mostrado preocupado por cómo los ayuntamientos podrán prestar los servicios que dan habitualmente a los ciudadanos desde hace 35 años: "A los ayuntamientos les hará daño, pero muy poco comparado con el que hará a los ciudadanos".
"Esta ley es una perversidad social", ha resumido Buch, que critica que el Gobierno central se haya atrevido con la administración local y no con eliminar duplicidades de ministerios o desmantelar la agencia tributaria española en Catalunya al tener una propia.
A su juicio, el Gobierno central se ha ocupado de la administración más débil impulsando una ley "que tiene un centralismo autoritario y representa una marcha atrás del principio de subsidiariedad".
La presidenta del consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local de Catalunya, Maria Petra Saiz Antón, ha pedido sumar esfuerzos entre todos para salir de este "lío" porque, en caso contrario, los más perjudicados serán los ciudadanos.
Fuente: Europa Press
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