La Diputación Provincial de Lugo ha decidido prescindir de los servicios de la empresa privada de seguridad encargada de la vigilancia de algunos de sus edificios públicos por aplicar la reforma laboral a los trabajadores y recortarles derechos adquiridos. La decisión tomada por el equipo de gobierno, que preside el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha sorprendido a todos puesto que es la primera vez que ocurre que una administración pública española se rebela contra la legislación laboral.
La empresa rescindida, Alcor Seguridad, presta servicios a través de una subrogación de contrato en la Diputación desde el 1 abril de 2013 y entre las condiciones pactadas al hacerse cargo de la seguridad de los edificios estaba mantener las condiciones laborales fijadas en el convenio colectivo para los 12 trabajadores. Sin embargo Alcor, según denuncia el delegado sindical, Dionisio López, no cumple y paulatinamente ha ido estableciendo sucesivas reducciones salariales por un importe de hasta 800 euros en alguno de los casos.
Los afectados por el recorte son una docena de trabajadores, cuya experiencia en la seguridad privada en alguno de los casos supera los 20 años, y han visto cómo desde el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de diciembre del mismo año la compañía les adeuda 30.000 euros, tal y como han denunciado ante los tribunales. Además sostienen que algunos de ellos han visto reducida la jornada laboral por necesidades operativas de la empresa.
José Ramón Gómez Besteiro sostiene que "no se puede permitir que amparándose en la reforma laboral se recorten derechos ya adquiridos y se alteren las condiciones de la prestación del servicio tal como estaban pactadas por la Diputación Provincial". Tras la denuncia pública, la empresa se ha encontrado con un expediente de cancelación de contrato que ha acabado con la relación de prestación de servicios de naturaleza administrativa que tiene con la Diputación Provincial de Lugo. El siguiente paso será la contratación de una nueva empresa que deberá hacerse cargo de los 12 trabajadores y mantenerles las condiciones laborales pactadas en el convenio colectivo.
Fuente: El Mundo
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