martes, 26 de noviembre de 2013
lunes, 25 de noviembre de 2013
Los fiscalizadores de las cuentas de los ayuntamientos están solos ante las irregularidades
Los interventores de las corporaciones locales controlan la legalidad de la contabilidad de los ayuntamientos, pero no tienen un organismo superior ante el que rendir cuentas o pedir amparo.
Señalan que pueden recurrir al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía los incumplimientos de la responsabilidad contable pero que las irregularidades de la normativa administrativa "quedan en papel mojado".
Los encargados de controlar la legalidad de la contabilidad de los ayuntamientos están solos ante las irregularidades que estos cometen y se quejan de que los incumplimientos de la responsabilidad contable se pueden recurrir ante instancias superiores pero en procesos "larguísimos que quedan en poca cosa".
Los interventores son los funcionarios que se encargan de controlar la gestión económico-financiera de las corporaciones locales, es decir, vigilan la legalidad de todos los gastos e ingresos que pasan por las arcas públicas. Son funcionarios que trabajan con "plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales" a los que fiscalizan, segun la ley de Bases del Régimen Local, y, aunque su habilitación es de carácter estatatal, su selección queda en manos de las comunidades autónomas y, en el día a día, dependen del alcalde.
A pesar de la ardua labor que deben desarrollar los interventores, carecen de jerarquía y no tienen un órgano superior ante el que rendir cuentas o al que pedir amparo. Esto permite que muchas veces sus informes negativos, remitidos a la propia corporación local, sean ignorados. "No existe un mecanismo o es diluido para denunciar las irregularidades que detectamos en la fiscalización", expresa Javier Biosca, que forma parte del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital).
Los interventores emiten informes sobre la actuación económico-financiera de las corporaciones a las que informan de sus resultados, que pueden ser negativos por no ajustarse a la responsabilidad contable o por incumplir la normativa administrativa. En los casos en que el reparo pone de manifiesto incumplimientos en la responsabilidad contable, el interventor tiene la obligación de recurrir ante el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía. Javier Biosca señala que se trata de procedimientos "larguísimos que quedan en poca cosa". Además, denuncia que los casos en los que los informes apuntan a irregularidades respecto a la normativa administrativa "quedan en papel mojado".
Sin poder recurrir
El Tribunal de Cuentas tampoco reclama a los interventores sus informes negativos y, salvo que se trate de incumplimientos contables, los interventores no tienen a quién acudir con sus informes si los responsables municipales les ignoran, según explica Biosca. Esta misma semana los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella -uno de los que ha tenido más condenas por corrupción de España- han salido adelante a pesar de los reparos del interventor municipal, que señaló la ausencia de la planificación de los 18 millones de euros que deben abonar en concepto de deuda con la Junta de Andalucía.
No obstante, no existe un consenso en el seno del cuerpo de interventores respecto a la reivindicación de un cuerpo superior al que recurrir si se incumplen sus reparos. Quienes se oponen consideran que esto supondría una pérdida de autonomía.
La reforma de la Administración local que ha presentado el Gobierno pretende "fortalecer" la posición de los interventores, por lo que prevé que los interventores pasen a depender de nuevo de la Intervención General del Estado con el objetivo de "aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local". Para Biosca, esta medida es "insuficiente" porque se limita a que "el proceso de selección" vuelva a recaer sobre el Estado y no las comunidades.
Otra insuficiencia legislativa es que los informes que contienen reparos de ilegalidad con efectos suspensivos de las ejecuciones municipales (como, por ejemplo, una obra si no ha seguido con trámites obligados) deben someterse al Pleno para solventar los fallos, pero la medida, en última instancia, depende del alcalde.
"La reforma de la Administración local concreta esa obligación", afirma Biosca, que explica que existen iniciativas para mejorar la fiscalización de los municipios, como la obligación existente en la Comunidad Valenciana de poner en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas los reparos, aunque en la práctica "no se ha hecho nada".
Uno de los ejemplos de que los avisos de los interventores son ignorados es el de Castro Urdiales, según explicó en el programa 'Salvados' de La Sexta el interventor Fernando Urruticoechea, que ha denunciado públicamente irregularidades relacionadas con el urbanismo en la localidad. Urruticoechea aseguró que uno de los alcaldes "tiró los avisos a la papelera" en su presencia. Los tres últimos alcaldes de la localidad cántabra han estado imputados por prevaricación o malversación, entre ellos el actual, Iván González, a quien el juez Luis Acayro Sánchez investiga por la aprobación de un presunto sobresueldo a dos funcionarios locales.
Javier Biosca apunta que la experiencia con el Tribunal de Cuentas "no siempre es buena" porque "se abordan casos que no siempre son los verdaderamente importantes" y pone como ejemplo la sentencia de este organismo contra el pago de la esquela del padre del presidente de la Ciudad de Ceuta justificándolo como gastos de carácter oficial y que no contó con el reparo del interventor correspondiente.
Fuente: eldiario.es
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1637-los-fiscalizadores-de-las-cuentas-de-los-ayuntamientos-estan-solos-ante-las-irregularidades
Los falsos empleados públicos: el personal eventual (Primera parte)
via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1502195
La reforma local será debatida el martes por la Comisión General de Comunidades Autónomas
La reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno será debatida el próximo martes por la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, al considerar los grupos de la oposición que el nuevo texto afecta a las competencias de las autonomías.
Defenderá la posición del Gobierno y la conveniencia de reformar las corporaciones locales el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Por el momento han confirmado su asistencia a la reunión el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Ciscar; el consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, y el de Administración Pública de Extremadura, Pedro Nevado.
En el caso de Madrid, su representante será el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, mientras que por parte de Aragón acudirá el de Política Territorial, Antonio Suárez; por Murcia, Manuel Campos, y por La Rioja, el de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonio Burgos.
En representación de la Junta de Andalucía acudirá el vicepresidente, Diego Valderas, mientras que desde el Gobierno vasco lo hará el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Peru Bazako, y la directora de Relaciones con las Entidades Locales, Elixabete Etxanobe.
Cantabria estará representada por la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, y Navarra por el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza.
El representante de la Xunta será Alfonso Rueda, vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Pública y Justicia, y el de Asturias, el de Presidencia, Guillermo Martínez.
Esta será la segunda reunión de esta Comisión en esta legislatura, tras la del pasado día 29 para debatir sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
En nombre de los grupos de la oposición, el portavoz adjunto del grupo socialista, José Miguel Camacho, ha señalado que parece lógico que se pronuncie Montoro sobre la reforma local y debata con los representantes de los partidos y de las comunidades el contenido de la misma en esta Comisión.
El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, la ha enmarcado dentro de la normalidad del juego democrático, al tratarse de una posibilidad recogida en el Reglamento de la Cámara.
Los designados para elaborar la ponencia para informar acerca del contenido autonómico de este proyecto de ley son Francisco Javier Pagola y Antonio Sanz, por el grupo parlamentario popular; Juan Alberto Belloch y José María Becana (PSOE); Montserrat Candini (CiU); José María Cazalis (PNV); José Montilla (Entesa) y Alberto Unamunzaga, por el grupo mixto.
El PSOE ha presentado 45 enmiendas, en las que solicita la supresión del articulado, al considerar que se vulnera la autonomía local y tiene la finalidad de privatizar la gestión de los servicios sociales.
También el resto de grupos parlamentarios han enmendado el proyecto de reforma local del Gobierno, al advertir de que tras la ley existe la intención de privatizar y recortar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos.
El PSOE expone que las hasta ahora competencias propias se convierten en "delegables" y su ejercicio es "controlado" y "supervisado" por otro nivel de gobierno, de manera que los municipios pierden la facultad de gestionar y ordenar una parte de asuntos públicos de claro interés local.
Por todo ello, el PSOE se plantea acudir al Tribunal Constitucional y hacerlo por varias vías, entre ellas, un recurso que será formulado por los grupos socialistas del Congreso y el Senado, y al que confían que se sumen otros grupos parlamentarios, así como otro que plantearán comunidades como Andalucía, Asturias y Canarias.
El PSOE intentaría sumar además, según su secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, un "conflicto de competencias" por invasión de las mismas, que sería formulado por los ayuntamientos.
Zarrías ha denunciado hoy que la reforma local prevea atribuir competencias municipales a las comunidades "de manera unilateral y coercitiva, al margen de los procedimientos legales establecidos", y ha vaticinado que producirá un "descontrol administrativo y financiero" que llevará a que dejen de prestarse determinados servicios a los ciudadanos, ante la imposibilidad de mantenerlos.
Fuente: EFE
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1635-la-reforma-local-sera-debatida-el-martes-por-la-comision-general-de-comunidades-autonomas
La reforma local comienza hoy una difícil tramitación en el Senado
El ministro Montoro comparecerá mañana ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
La reforma local del Gobierno comienza hoy su tramitación en el Senado con la reunión a las cinco y media de la tarde de la Ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que va a informar de su contenido.
Esta tramitación se va a llevar a cabo con una gran contestación del PSOE, que ha mostrado su negativa a respaldar una norma que, según sus críticas, atenta contra la autonomía municipal. De hecho, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró durante su intervención en la clausura del Congreso del PSOE andaluz que lucharán con todas sus fuerzas para evitar que salga adelante. Los socialistas, que han presentado ya 45 enmiendas, han amparado jornadas de protesta ante los ayuntamientos españoles durante su tramitación en el Congreso y han amenazado con recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional.
Antes de ser debatida en el Pleno de la Cámara Alta, la oposición ha forzado una reunión para mañana de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con la presencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. A esa reunión asistirán los consejeros autonómicos responsables de esta materia.
Los senadores que elaborarán la ponencia son Francisco Javier Pagola y Antonio Sanz del Grupo Popular, Juan Alberto Belloch y José María Becana del PSOE; Montserrat Candini de CiU) José María Cazalis del PNV; José Montilla de la Entesa Catalana y Alberto Unamunzaga por el Grupo Mixto.
Fuente: ABC
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1636-la-reforma-local-comienza-hoy-una-dificil-tramitacion-en-el-senado
El Congreso aprueba la Ley de Transparencia definitivamente esta semana, pero con moratorias para su entrada en vigor
En principio solo será obligatorio cumplir con el “buen gobierno”.
La Administración estatal tendrá que ser transparente a lo largo de 2014, pero comunidades y ayuntamientos cuentan con plazo hasta 2016.
El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar definitivamente el próximo jueves la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una norma cuya tramitación parlamentaria ha durado 14 meses y que, además, no entrará completamente en vigor hasta dentro de dos años.
Una vez que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la parte relativa al denominado 'buen gobierno' que obliga a los cargos públicos ya estará vigente, pero no ocurrirá lo mismo con los capítulos sobre transparencia y acceso a la información.
El proyecto inicial del Gobierno ya preveía una moratoria de un año desde la publicación de la norma para la entrada en vigor del capítulo sobre Transparencia, un plazo que no se ha modificado durante la tramitación parlamentaria.
Así las cosas, una vez que la ley se apruebe el 28 de noviembre y sea publicada, tanto la Administración General del Estado --Gobierno, los organismos adscritos e instituciones como Congreso, Senado, Banco de España y Casa del Rey-- como las entidades privadas a las que afecta, contarán un periodo de 12 meses de carencia para aplicársela.
Esto implica que a más tardar en diciembre de 2014 deberá ponerse en marcha el denominado Portal de la Transparencia, para el que se han presupuestado 1,4 millones de euros, y constituirse el Consejo de la Transparencia que velará por su cumplimiento.
DESPUÉS DE LAS ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS
Sin embargo, el PP introdujo en el Senado una enmienda que amplió a dos años la moratoria en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, con lo que éstos no tendrán que cumplir esta parte de la norma hasta diciembre de 2015, cuando ya se habrán celebrado las elecciones locales y autonómicas previstas para la primavera de ese año. Con este año 'extra' se pretende dar margen a las comunidades que lo deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.
En cualquier caso, tanto el referido a la Administración General del Estado como el que afecta a comunidades y entes locales son plazos máximos, con lo que, si alguno de los afectados quiere dar cumplimiento antes a las normas de transparencia podrá hacerlo.
Otro de los cambios que ha sufrido el proyecto a su paso por el Senado, también a propuesta del PP, implica la modificación de la Ley contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, de 2010, que afecta a casi todas las actividad que suponen movimientos de capitales y que realizan, por ejemplo, entidades financieras, aseguradores, gestores de fondos de pensiones, profesionales de la intermediación y casinos.
El objetivo de la reforma es reforzar la identificación de clientes y el seguimiento de las operaciones, según el riesgo que tengan de incurrir en los delitos contemplados en la ley. Se trata de ahondar "en los niveles de transparencia exigidos en las relaciones entre los sujetos obligados y sus clientes", introduciendo la obligación de tomar medidas de "diligencia debida", en distintos grados según el riesgo que tenga cada operación de colaborar al blanqueo.
PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Entre los cambios que se exigirán figura la identificación de las personas con responsabilidad pública extranjeras (incluyendo a sus familiares y allegados) con las que mantengan relaciones comerciales, a las que deberán aplicar medidas de "seguimiento reforzado". Además, se harán cambios para que el Estado tenga más capacidad de maniobra ante "jurisdicciones de riesgo", es decir, aquéllas en las que no se aplican medidas contra el blanqueo de capitales.
Con todo esto, el Gobierno busca adaptar la normativa española a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyos expertos internacionales revisarán la legislación española en el primer trimestre del año que viene.
Entre otras cosas tendrán que crearse mecanismos para detectar a las 'personas políticamente expuestas' (PEP, en sus siglas en inglés) que puedan incurrir en estos tipos penales. Según los 'populares', si España no asume estas propuestas del GAFI, arrastrará "las consiguientes consecuencias y desprestigio en el ámbito internacional".
En el Senado se ha introducido, asimismo, una nueva disposición adicional a la Ley de Transparencia para permitir la reutilización de la información de las encuestas realizadas con cargo fondos públicos. Toda esa documentación deberá ser depositada en el banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el incumplimiento de esta exigencia impedirá lograr nuevas subvenciones en el futuro.
Sin embargo, la propuesta incluye excepciones, como el caso de los datos de encuestas "determinantes o indispensables para la política estratégica interna" de una empresa o entidad. Tampoco estarán obligados a depositar toda esta información la SEPI, el INE y los organismos similares de las comunidades autónomas, así como quienes realizan las estadísticas oficiales anuales estatales y europeas, aunque el INE "impulsará" que se dé publicidad a los microdatos de esas encuestas.
ENTIDADES QUE RECIBAN AL MENOS 5.000 EUROS AL AÑO
Durante la tramitación en la Cámara Alta, el PP también aceptó enmiendas de PSOE, la Entesa, PNV y CiU. Los socialistas introdujeron la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar las lenguas cooficiales al dirigirse a las administraciones (no será obligatorio sin embargo en la respuesta de las instituciones) y, junto a la Entesa, lograron que el Consejo de la Transparencia remita su informe anual también al Senado, no sólo al Congreso, y que pueda promover borradores con recomendaciones y directrices en esta materia.
En cuanto a la enmienda de CiU, el PP aceptó que las exigencias de dar publicidad activa a la información sea aplicable también a las entidades privadas que reciban dinero público, al menos, 5.000 euros anuales, y no 3.000 euros como se había acordado en el Congreso.
El PNV, por su parte, consiguió modificar el preámbulo de la ley con el objetivo de profundizar en la obligación de los poderes públicos de rendir cuentas a los ciudadanos y someterse al "escrutinio" de la sociedad.
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1634-el-congreso-aprueba-la-ley-de-transparencia-definitivamente-esta-semana-pero-con-moratorias-para-su-entrada-en-vigor
Montoro y las Comunidades Autónomas debatirán el martes la incidencia autonómica de la reforma local
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, participará el martes en la Comisión General de Comunidades Autónomas junto a 16 consejeros y representantes regionales para debatir la reforma de la administración local, en concreto, las consecuencias que esta nueva ley tendrá para las autonomías.
La sesión, que se celebrará en Antiguo Salón de Plenos, comenzará a las 12.00 horas y será la segunda ocasión en que se reúna la comisión en esta legislatura.
La primera tuvo lugar hace mes y en ella se debatió sobre si la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) invadía o no las competencias autonómicas.
Como ya ocurrió en aquella ocasión, los grupos parlamentarios del Senado deberán pronunciarse sobre el informe que elaborará previamente la ponencia designada por la Comisión General de Comunidades Autónomas sobre la incidencia autonómica de la futura reforma local.
Aunque los consejeros no podrán emitir su voto sobre dicho informe, sí tendrán la oportunidad de intervenir en el transcurso de la comisión para dar su opinión acerca de una ley que ha suscitado el rechazo frontal de la mayor parte de la oposición y de gran parte del mundo local, así como las críticas de varias Comunidades Autónomas.
CCAA CRÍTICAS CON LA REFORMA
Es el caso de Andalucía, Asturias, Catalunya, País Vasco y Canarias, e incluso alguna Comunidad gobernada por el PP como Aragón y Castilla y León.
En Galicia, el principal rechazo ha llegado desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), dirigida también por un alcalde del PP.
La Generalitat no ha precisado quién será el encargado de defender su postura durante la comisión, pero sí ha confirmado que estará presente.
Aunque el PP no consiguió sumar el apoyo de CiU durante la tramitación de la reforma en el Congreso, ninguna de estas formaciones descartan la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la aplicación de la norma en Catalunya.
Tras la celebración de la Comisión General de Comunidades Autónomas, está previsto que el miércoles se constituya la Ponencia que estudiará la reforma local así como las enmiendas al texto que presenten los grupos parlamentarios.
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1633-montoro-y-las-comunidades-autonomas-debatiran-el-martes-la-incidencia-autonomica-de-la-reforma-local
Zarrías avisa de que la reforma local prevé atribuir competencias municipales a las CCAA "al margen de procesos legales"
El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha alertado de que el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé atribuir competencias municipales a las comunidades autónomas "de manera unilateral y coercitiva, al margen de los procedimientos legales establecidos".
En concreto, Zarrías ha señalado que competencias relativas a la salud, los servicios sociales y la educación pasarán a ser atribuidas a las comunidades autónomas a través de una ley ordinaria del Estado. "Esto se hace obligando a las autonomías a asumir estas competencias o en su defecto a pagar a los municipios el coste para que estos sigan ejerciéndolas", ha criticado.
En un comunicado, el dirigente socialista ha analizado cómo afectará al ámbito autonómico este proyecto de ley, destacando que conllevará "un descontrol administrativo y financiero" que obligará a que dejen de prestarse determinado servicios a los ciudadanos, "ante la imposibilidad de mantenerlos".
Para Zarrías, la reforma local supone "un ataque sin precedentes al mundo local, al despojar a los ayuntamientos de sus competencias y desmantelar y privatizar los servicios públicos municipales", si bien entiende que también afecta "grave y directamente" en varios ámbitos a las comunidades autónomas.
Además, ha apuntado que el proyecto invade competencias autonómicas recogidas en los distintos Estatutos. A su entender, toda la nueva regulación sobre prestación de servicios en municipios menores de 20.000 habitantes "deja a las comunidades autónomas como meras comparsas, sin capacidad de decidir cómo se prestan servicios para los que tienen competencias, al tiempo que les imponen las condiciones en que deben realizar posibles delegaciones de competencias a los municipios".
"DESCONTROL" FINANCIERO
Asimismo, el dirigente socialista ha advertido de que el texto supone "un descontrol financiero". "Las consecuencias de la ley, lejos de suponer un ahorro económico, supondrán que las comunidades autónomas deberán prestar unos servicios para los que carecen de financiación, con el consiguiente efecto en sus objetivos de estabilidad presupuestaria".
"El Estado pasa a convertirse en gestor, interventor y juez de las relaciones de cooperación que voluntariamente puedan acordar las comunidades y sus municipios. La consecuencia de esta situación parece evidente: esos servicios dejarán de prestarse ante la imposibilidad financiera de mantenerlos", ha concluido.
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1631-zarrias-avisa-de-que-la-reforma-local-preve-atribuir-competencias-municipales-a-las-ccaa-al-margen-de-procesos-legales
