Otras seis autonomías presentarán recursos de inconstitucionalidad.
Primero fueron los alcaldes y ahora son las comunidades autónomas las que dan el paso para contener el desbarajuste que ha provocado la reforma municipal. La ley, que aspiraba a convertirse en una de las de mayor calado del PP en esta legislatura, ha sembrado incendios hasta en las autonomías gobernadas por el partido conservador, aunque formalmente los parches se presentan como lecturas “positivas” de la reforma para evitar recursos de inconstitucionalidad de Gobiernos amigos.
Galicia y Castilla y León han aprobado reformas urgentes para intentar proteger sus competencias estatutarias sobre sus municipios. Ayer, el Consejo de Gobierno castellanoleonés anunció un decreto ley para “garantizar la continuidad de los servicios públicos”, en los 2.248 Ayuntamientos y más de 2.000 entidades locales menores de su territorio. El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, recuerda que la suya fue la comunidad del PP “más crítica” durante la tramitación de la norma y admite que era necesario legislar para evitar “resultados indeseables o disfuncionalidades en la prestación de servicios públicos”, especialmente en materias como la educación, donde los Ayuntamientos dejan de hacerse cargo de escuelas infantiles. Pero niega que se trate de enmendar la norma estatal: “Es una ley compleja, el propio Gobierno central ha elaborado una guía aclaratoria. Después de estudiarla detenidamente, hemos hecho una lectura constitucional, estatutaria y por tanto municipalista. Esta lectura nos ha llevado a aprobar una norma con medidas urgentes para garantizar los servicios públicos”, asegura Santiago-Juárez.
En su opinión, “la norma no vacía de competencias los municipios porque el Estado solo fija las competencias mínimas, no máximas”. Esta interpretación extensiva que casi ningún partido político comparte le da pie para asegurar que, en materia de educación, salud y servicios sociales, los alcaldes podrán seguir ofreciendo servicios “en tanto no hayan sido asumidos por parte de la Comunidad de Castilla y León”. Desde la oposición, el diputado en las Cortes Francisco Ramos (PSOE) aplaude la iniciativa del Gobierno de Juan Vicente Herrera y califica el decreto ley como “defensivo” para “minimizar los graves daños que está provocando la ley”.
Con el texto en la mano, secretarios e interventores municipales tienen muy difícil autorizar cualquier gasto en servicios sociales que planteen los Ayuntamientos, la primera institución a la que llaman los ciudadanos en plena espiral de crisis y recortes. “Los problemas se están dando, los alcaldes están perplejos porque esta norma no se sostiene por ninguna parte”, insiste Ramos, que además de diputado es funcionario municipal.
En Galicia, la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP) también ha aprobado un anteproyecto de ley para devolver a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las competencias en política social que les arrebata la reforma y evitar así un caos en la prestación de los servicios a partir de enero de 2016, cuando expira el plazo impuesto por el ministerio para recentralizar las competencias. El Gobierno gallego no oculta su irritación con las decisiones de Madrid tras la amenaza de rebelión de sus propios alcaldes (la mayoría del PP). Esa irritación se refuerza con el hecho de que los municipios han conseguido embridar sus deudas y han cerrado por segundo año consecutivo con superávit.
La contestación parlamentaria a la ley apadrinada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, continuará hoy con la presentación, por parte de la mayoría de los grupos representados en el Congreso de un nuevo recurso de inconstitucionalidad. Se suma al que el pasado sábado tramitaron más de 2.000 municipios de toda España y a los que están tramitando seis comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Canarias, Asturias, Extremadura y Navarra.
Fuente: El País
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