jueves, 23 de mayo de 2019

El TS confirma la nulidad de la decisión empresarial de incrementar la jornada del personal al servicio de la Televisión Pública de Canarias

Se confirma la sentencia que anuló el Acuerdo de la Televisión Pública de Canarias en el que se fijaba el aumento de la jornada laboral a 40 horas semanales, al tratarse de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo establecido unilateralmente por la empresa.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2Hx6nb9

martes, 21 de mayo de 2019

Primera guía del Ministerio de Trabajo sobre la obligación de registro diario de jornada

LA GUÍA PUBLICADA POR EL MINISTERIO CLARIFICA CUESTIONES DE GRAN TRASCENDENCIA

La entrada en vigor de la obligación de registro de la jornada está siendo una revolución. No solo por tratarse de una obligación para la que las empresas han tenido apenas dos meses para cumplirla, sino porque la previsión normativa, para tratar de ser de aplicación a todas las empresas, es del todo genérica y no atiende a ninguna situación especial. Por este motivo, el pasado 13 de mayo de 2019 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se vio obligado a publicar una Guía sobre el registro de la jornada.

 

Esta guía, que viene a aclarar determinados aspectos sombríos de la norma, incluye los siguientes puntos importantes para todas las empresas:

• La empresa que subcontrate a otra, podrá poner al servicio de ésta última sus propios sistemas de registro diario de jornada para los empleados de la empresa subcontratada, siempre que haya acuerdo entre ambas, sin que ello suponga un indicio de cesión ilegal de trabajadores.

• Las relaciones especiales podrán tratarse de manera diferenciada, y, en concreto, se excepciona a la Alta dirección del registro de jornada.

• Distinto de la Alta dirección, encontramos los mandos intermedios, cargos de confianza o con ejercicio de especiales responsabilidades que, o bien disfrutan de un régimen de libre disponibilidad del tiempo o bien están sujetos a dicha disponibilidad para el correcto cumplimiento de sus funciones. Estos perfiles también deberán registrar su jornada, pero esa mayor exigencia de tiempo de trabajo que pueda tener lugar, tendrá encuadre dentro del correspondiente pacto de disponibilidad horaria que se retribuya de manera efectiva.

• En trabajos con flexibilidad horaria, se podrá estar a la jornada anual, mensual o semanal pactada, sin que las diferencias horarias entre unos días y otros pueda suponer exceso de jornada (horas extraordinarias o complementarias) siempre y cuando, en cómputo total, se esté a la jornada acordada.

• Para casos de teletrabajo, se recomienda usar registros telemáticos.

• Cuando haya descansos o interrupciones, se recomienda que sean registrados por los empleados. Si estos descansos o interrupciones son iguales todos los días, parece dar a entender que no hará falta que los empleados lo registren si se puede demostrar que tienen lugar siempre en la misma franja para todos los empleados.

• De no existir representación legal de los trabajadores ni previsión en convenio o acuerdo colectivo, la organización y documentación del registro corresponderá al empresario (de manera unilateral), que deberá cumplir necesariamente con los requisitos y objetivos de la norma.

En cualquier caso, es importante tener claro que esta guía debe tratarse con cautelas, como incluso refiere el propio documento, dado que se trata de un conjunto de pautas emitido por un organismo (el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) que no es ni la propia

Inspección de Trabajo ni se trata de un criterio jurisprudencial. Así, el cumplimiento efectivo de esta obligación deberá adaptarse a la tipología, naturaleza y características de cada empresa, por lo que resulta de gran importancia que un tercero externo a la organización valide el sistema de registro elegido. En este sentido, las recientes declaraciones de la Secretaria de Estado de Empleo son de gran utilidad, pues indica que las empresas que estén en proceso de negociación del sistema de registro, no serán sancionadas, aunque la obligación esté vigente.

Fuente: Ecija Abogados | Guía



via Actualidad http://bit.ly/2VQp16s

La potestad normativa de las entidades locales durante el periodo de "administración ordinaria" tras la celebración de las elecciones municipales

Los gobiernos locales que cesen tras las próximas elecciones, y se mantengan en funciones hasta que se constituyan los nuevos órganos con los concejales electos, deben principalmente velar por su correcta sustitución y ejercer mientras tanto, salvo que razones de urgencia debidamente justificadas exijan otra cosa, meras labores de administración ordinaria que no condicionen las orientaciones de quienes los sustituyan. Este límite afecta, desde luego, a la potestad reglamentaria, que no puede ser ejercida por un gobierno local en funciones; menos aún cuando se trate de regular, por medio de ordenanzas locales, materias sometidas a reserva de ley.

via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://bit.ly/2QftKsg

lunes, 20 de mayo de 2019

Retos del Gobierno Municipal (2019-2023): La Buena Gobernanza Local

Cuando el reconocimiento de la autonomía local ha superado el umbral de los cuarenta años y en este mismo año 2019 se celebra también el cuarenta aniversario de las primeras elecciones municipales, así como cuando nos encontramos en los primeros pasos de una campaña municipal literalmente tapada por las elecciones legislativas de 28 de abril, tal vez sea oportuno llevar a cabo una somera reflexión sobre el pulso actual del gobierno local, aproximándonos a los desafíos a los que se deberá enfrentar en los próximos años.

via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://bit.ly/30uu23o

El TS fija doctrina en el sentido de que los gastos de urbanización integran el valor de los terrenos en el momento del devengo del IIVTNU

Se plantea en el presente recurso de casación la determinación de la existencia o no de incremento de valor de los terrenos a efectos de la producción del hecho imponible del IIVTNU, y, en especial, la consideración que a tal efecto ha de darse a los gastos de urbanización costeados por el transmitente y sujeto pasivo del impuesto, con posterioridad a la fecha de adquisición del terreno.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2Wd8g4J

viernes, 17 de mayo de 2019

La base imponible del ITPO en la adquisición de participaciones sociales está constituida por el porcentaje total de participación que se pasa a disfrutar en el momento en que se adquiere el control de la sociedad

La Sala estima el recurso interpuesto por la Letrada de la Comunidad de Madrid y declara la conformidad a derecho de la liquidación girada por el ITP y AJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, como consecuencia de la adquisición de participaciones sociales de una entidad.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2HoAm52

EXTREMADURA: Convocatoria del "Plan de Formación para voluntarios de Protección Civil y Emergencias, Policías Locales e intervinientes en planes de emergencia exterior de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Anualidad 2019"

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Direccción General de Emergencias y Protección Civil, por la que se convoca el "Plan de Formación para voluntarios de Protección Civil y Emergencias, Policías Locales e intervinientes en planes de emergencia exterior de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Anualidad 2019" (DOE 17/5/2019)

Ver aquí



via Actualidad http://bit.ly/2Vu7MTx

jueves, 16 de mayo de 2019

Claves para la contratación pública innovadora, eficiente e íntegra en el ámbito local

La Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana ha presentado la ‘Guía de Integridad en la Contratación Pública’

La Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP ha presentado hoy su Guía de Integridad en la Contratación Pública. Un documento inédito que pone a disposición de las Entidades Locales de forma didáctica y minuciosa las claves de la regulación vigente en la materia y especifica todos los pasos para garantizar la integridad y la transparencia de este proceso.

El documento, en palabras del Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, es una muestra del compromiso de la Federación y su Red por una contratación Pública que sea sinónimo de innovación, calidad y transparencia. En este sentido, ha recordado el papel clave de estas publicaciones para acercar los principios del Gobierno Abierto y el Buen Gobierno a todas las entidades, independientemente de su tamaño o sus recursos.

Ese compromiso también ha sido destacado por el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, quien no ha dudado en destacar que los “Ayuntamientos hoy son pioneros en materia de transparencia. Están avanzando gracias al apoyo de entidades como la FEMP las complejidades que les implica la propia ley y han entendido que transparencia es integridad”. En esta línea, ha querido enfatizar en que con su esfuerzo los Gobiernos Locales están implementando la cultura de la transparencia de forma especialmente relevante.

El papel de los Gobiernos Locales en materia de contratación pública es, en palabras de la Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación por la Transparencia y Participación Ciudadana, María José Santiago, es “vital”. Aprovechando la presentación de la guía, Santiago ha querido destacar la necesidad de que la Administración más cercana esté presente en la elaboración de la Estrategia Nacional de Contratación Pública.

Esta estrategia, como ha destacado Santiago, planteará los grandes desafíos para alcanzar una contratación pública que sea más transparente, eficiente, simple, profesional y moderna. El Secretario General de la FEMP ha asegurado que la Federación está dispuesta a “arrimar el hombro” y ha destacado esfuerzos como el que realiza la Central de Contratación para conseguir unos servicios de mayor calidad y de forma más eficiente.

Presentación

El acto de presentación ha contado con una conferencia sobre la integridad y la transparencia como nuevos paradigmas de la contratación pública, a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. La coordinadora de la guía, Concepción Campos, junto a otro de los autores, Bernabé Palacín, han destacado que con este documento han querido ofrecer de forma sencilla y didáctica el proceso de contratación y sus implicaciones.

La guía ya está disponible para su consulta de forma abierta y gratuita en el siguiente enlace 

Fuente: FEMP



via Actualidad http://bit.ly/2W3NpRE

miércoles, 15 de mayo de 2019

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León resolverá las reclamaciones de información de concejales

El organismo, que preside el Procurador del Común, asume esta competencia que hasta ahora recaía en el defensor del pueblo autonómico.

Asegura que con el cambio de criterio "las resoluciones serán vinculantes y por tanto de obligado cumplimiento".

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, órgano colegiado adscrito al Procurador del Común, en una reciente resolución, se ha declarado competente para conocer las reclamaciones que los cargos electos locales presenten frente a actuaciones que les impidan tener acceso a cuantos antecedentes, datos o cualquier información de la que disponga la entidad local que haya sido solicitada para el ejercicio de la función de representación política.

Así lo ha comunicado la institución en un comunicado en el que aclara quién debe resolver la falta de informaciòn a cargos electos. modificando el criterio que se venía siguiendo hasta el momento ya que era le defensor del pueblo autonómico quien resolvía estos asuntos.

En Castilla y León se da la paradoja que las competencias para resolver las reclamaciones en materia de transparencia recaen sobre el defensor del pueblo autonómico, el Procurador del Común, que a la vez resuelve todo tipo de reclamaciones relacionadas con incumplimientos de las administraciones públicas.

Lo más relevante de este cambio de órgano de resolución es que a partir de ahora las decisiones adoptadas serán de obligado cumplimiento. La ley del Procurador del Común no reconoce la obligatoriedad de sus resoluciones, que pueden ser desoídas por las instituciones afectadas más allá del reproche público en el informe anual de la institución propia de la Comunidad. Y esto afectaba al derecho a la información de las reclamaciones de los concejales, al igual que el resto de asuntos.

Pero la Ley 3/2015 de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León sí que obliga a que las resoluciones resueltas por el Comisionado de Transparencia se cumplan obligatoriamente. Esto supondrá, a partir de ahora, que las reclamaciones de información de los concejales que se resuelvan a su favor por el Comisionado sí tengan que cumplirse de forma obligatoria, bajo la responsabilidad en la que incurran los obligados en caso de no hacerlo.

Las resoluciones del Comisionado de Transparencia son, además, siempre recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto por el reclamante como por el afectado.

Para el Comisionado de Transparencia el cambio de criterio supon "contribuir en mayor medida a garantizar la efectividad del derecho a la información de nuestros representantes en las entidades locales".

Fuente: Eldiario.es



via Actualidad http://bit.ly/2YtPnbo

lunes, 13 de mayo de 2019

Guía del Ministerio de sterio sobre registro de jornada

Originalmente publicado en ANEXPAL:
Desde la publicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección…

via Responsables personal Ayuntamientos http://bit.ly/2JhVH25

El TS rechaza que puedan cederse a la Administración tributaria datos de abogados y procuradores relativos a su participación en los procedimientos judiciales

El TS anula el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, que se pronunció sobre la petición formulada por la AEAT, de remisión de información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016. Declara, entre otras cuestiones, que el requerimiento controvertido no puede ampararse en la modalidad de información por suministro, porque la Administración tributaria no señala la regulación reglamentaria en la que se apoya para llevarlo a cabo.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2W3FTWE

viernes, 10 de mayo de 2019

La presunción de afectación a la actividad empresarial o profesional de un bien en una proporción del 50%, obliga a la Administración a probar que la afectación es inferior para imponer una menor deducción del IVA soportado

El TS casa la sentencia recurrida en el sentido de declarar que la recurrente tiene derecho a la deducción del 50% de las cuotas de IVA soportadas relacionadas con el renting de un vehículo turismo y no el 100%.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2Hc4gcr

Burgos.es /Diputación