martes, 4 de septiembre de 2018
Declara el TS que un Embajador tiene en el Estado receptor la facultad de ejercitar una acción judicial de extradición
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Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto: Una nueva demora en la obligación de implementar la Administración electrónica
Por F. Javier Fuertes
No por esperado resulta menos sorprendente. Y tanto por el fondo como por la forma. El gobierno estatal ha decidido, y lo ha hecho por medio de un Real Decreto-ley (Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, BOE del 4 de septiembre) demorar, aún más, la entrada en vigor de las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas relativas al:
1) Registro electrónico de apoderamientos
2) Registro electrónico
3) Registro de empleados públicos habilitados
4) Punto de acceso general electrónico de la Administración
5) Archivo único electrónico
Se trata, por tanto, que determinadas disposiciones en el ámbito de eso que hemos dado en llamar administración electrónica permanezcan en el limbo jurídico (en el banquillo, vamos) hasta octubre del año 2020, esto es, hasta que hayan transcurrido cinco años desde que se produjo la publicación de la Ley. Esto es legislar para el futuro o, si se quiere una mayor precisión, pretender volver al pasado.
No se trata de suspender la administración electrónica. Eso sí, no sabemos si es que el Gobierno (en funciones de legislador) no ha querido eliminar la administración electrónica o si, simplemente, no se le ha ocurrido hacerlo. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, entró en vigor al año de su publicación en el BOE (octubre de 2016) y, a partir de ese momento, se pudieron en marcha los contadores para cumplir con determinadas previsiones. Así, ha de entenderse que comenzaba el plazo de un año establecido en la disposición final Quinta de la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la adecuación de las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto la ley (hasta octubre de 2017), y que, de igual forma, comenzaba a correr el plazo de dos para que produjeran efectos (y saltaran al campo jurídico) las previsiones que hoy se demoran.
Es como si el segundo entrenador (o el utillero) decidiera que no se iban a realizar los cambios ordenados por el ordenador, y utilizamos el término ordenados porque la habilitación que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ofrece al Gobierno en la disposición adicional sexta es la de, en el ámbito de sus competencias, “dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta Ley”.
Es cierto que el Gobierno se ha metido (más bien entrometido) a labores de legislador haciendo uso de un instrumento, el Real Decreto-ley, que si bien está previsto en la Constitución requiere de unos requisitos que, una vez más, no parecen existir para este caso.
Y es que la motivación de la que se hace uso para justificar la demora por Real Decreto-ley debería sonrojar a cualquier persona (sin necesidad de ser jurista) que pretendiera ampararse en ella, cuando se señala que la causa se encuentra en que “sin embargo, la vacatio legis plasmada en dicha disposición final séptima se ha revelado insuficiente en la práctica para contar de forma simultánea con las condiciones que son presupuesto necesario para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos perseguidos por ambas leyes”. A lo que se añaden disculpas sobre las dificultades que suponen esa adaptación y la necesidad de acuerdo entre administraciones públicas. En definitiva, se apela a la “la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real decreto-ley”.
Absurdo que llega a cotas insospechadas cuando se señala que “este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
Mejor sería decir, sin faltar a la verdad, que en los tres años transcurridos se ha vagueado por los responsables de realizar esas tareas que se deben haber dedicado a otras labores que han considerado prioritarias.
Se obvia, intencionadamente por supuesto, que ha faltado la voluntad de los obligados por la Ley, y que al resto de intervinientes (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados…) se les dio una año para adaptarse a los cambios, en tanto que ahora se exonera a las Administraciones a cumplir con su obligación.
La demora acordada, por ni más ni menos que dos años más, no solo es un palo en las ruedas por parte de quien tiene la obligación de liderar la efectiva implementación de la administración electrónica, sino que supone un fraude a los derechos que la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce a todas las personas a las que no les queda otro remedio que relacionarse con las Administraciones Públicas, Ley que reconoce, entre otros, los derechos “a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración”, “a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas” y “a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley” (artículo 13) o a que las personas físicas escojan el medio para comunicarse con las Administraciones Públicas (artículo 14).
Se trata, por tanto, de una contrarreforma que, una vez más, perjudica y daña a los más necesitados de ayuda en su relación con las Administraciones públicas. Piénsese, a título de ejemplo, en los discapacitados, a los que se les está negando sino el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas el de facilitarles esa relación.
Y todo por no dejar en evidencia a quienes no han cumplido con sus obligaciones en el, eso sí, perentorio, apresurado y escaso plazo de tres años, como muestra de que la decisión que se adopta lo es en clave de Administración, y no de administrados, que son los que, no se olvide, dan sentido a esa Administración.
Tan cierto es que el más largo de los caminos se inicia con un simple paso como que sin ese primer paso jamás llegaremos a nuestro destino.
Ya saben. Podemos volver a sentarnos. Al menos hasta dentro de dos años.
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sábado, 1 de septiembre de 2018
¿Hay un retraso hasta 2020 en la puesta en marcha de la Administración electrónica?
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¿Hay un retraso hasta 2020 en la puesta en marcha de la Administración electrónica? @nuevadmon
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viernes, 31 de agosto de 2018
Resulta discriminatorio que los funcionarios docentes interinos no universitarios no perciban las retribuciones correspondientes a las vacaciones de verano como los funcionarios de carrera
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miércoles, 29 de agosto de 2018
INAP: Convocatoria de un Itinerario formativo local de Especialista en Recursos Humanos
Resolución de 27 de agosto de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para los años 2018 y 2019 (29/8/2018)
Especialista en Recursos Humanos.
Modalidad: mixto.
Horas lectivas: 219 (94 presenciales/125 online).
Lugar: Madrid/online.
Fechas: entre el 24 de octubre de 2018 y el 24 de mayo de 2019
Puntuación de itinerario 1,70
Fecha límite de inscripción: 28 de septiembre de 2018
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GALICIA: Convocatoria de la jornada Justicia y derecho en igualdad
RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2018 por la que se convoca la jornada Justicia y derecho en igualdad (DOGC 29/8/2018)
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martes, 28 de agosto de 2018
El TS deniega la inscripción de la marca “Barcelona” y formula doctrina jurisprudencial en relación a la inscripción de las marcas colectivas solicitadas por las Administraciones Públicas
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lunes, 27 de agosto de 2018
La transparencia del proceso selectivo de empleados públicos: el acceso a los exámenes y a las bolsas de trabajo
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miércoles, 22 de agosto de 2018
Los tribunales civiles no son competentes para resolver las controversias surgidas entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y la adjudicataria de un contrato de arredramiento para la explotación de un servicio de aparcamiento
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lunes, 20 de agosto de 2018
Cuáles son los ayuntamientos más morosos de España
Sólo 11 de los 100 mayores consistorios abonan sus facturas en 30 días, como exige la norma sobre plazos de pago. Las autonomías (45 días) son menos morosas que los ministerios (55). Dicho de otra manera, 9 de cada 10 alcaldes se saltan la norma a la torera. Y sólo cuatro de las 17 comunidades autónomas pagan a sus proveedores dentro de la legalidad. Ni siquiera la Administración central cumple la normativa que obliga al sector público a abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días. En materia de morosidad, el dicho de que quien hace la ley hace la trampa se vuelve literal. Y muy pernicioso para los contratistas públicos. Sobre todo para los pequeños, como los autónomos, que sufren cada vez más para cobrar sus trabajos para las Administraciones Públicas. Tardan una media de 70 días en hacerlo, más del doble de lo legal. según el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con datos a cierre del primer semestre del año.
Los ayuntamientos son los peores pagadores. Tardan una media de 95 días en liquidar sus facturas, más del triple que el plazo legal. Esto es, siete días más que en 2017 y 15 días más que en 2016. Es decir, en sólo dos años, son un 19% más morosos. Hay que recordar que los consistorios son las administraciones para las que más trabajan los autónomos, por lo que el impacto de su morosidad agravan más. El caso más sangrante es el de Jaén, que abona sus facturas en nada menos que 589 días de plazo. Esto es, 126 más que en junio de 2017. Es decir, casi 19 veces más tarde de lo permitido por ley. Un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamientos cobrará, de media, un año y siete meses después de presentar la factura. Los proveedores de Telde esperan 457 días para cobrar su trabajo, seguidos de los de Parla (360 días) y Jerez de la Frontera (322 días).
Los 11 ayuntamientos que cumplen la ley son los de Vigo (14 días de plazo medio), Cáceres (22), Badajoz (23), Alicante (26), Avilés (27), Barcelona (27), Ciudad Real (28), Málaga, Salamanca y Torrent (29) y El Ejido (30).
Incumplir la ley contra la morosidad no es precisamente inocuo. Durante la crisis, el 40% de las pymes y los autónomos que tuvieron que echar el cierre lo hicieron por los elevados plazos de pago que sufrían.
Por segunda vez, las administraciones autonómicas son las que pagan en menor tiempo, en 45 días de media, pero sin cumplir la ley. Han reducido los periodos medios de pago con respecto a 2017, concretamente en 9 días. Los que se ciñen a los 30 días de tope legal son País Vasco (23), Andalucía (27), Navarra (28) y Madrid (30 días, 52 menos que en 2017, cuando era la más morosa). En el lado contrario se encuentran Cantabria (73), Murcia (66) y Comunidad Valenciana (63).
La Administración Central se demora 55 días, 13 menos que los 68 de 2017, pero 12 más que en 2016, aún. Hay que tener en cuenta que los autónomos prestan muy pocos servicios a los ministerios
Fuente: Expansión
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domingo, 19 de agosto de 2018
Jubilación policías locales ( que no, que no llega)
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