La FEMP ha vuelto a reiterar al Gobierno la petición de que se aplique una de reposición del 100% de los empleados públicos locales para este año y que se abra una mesa de negociación para abordar un plan de recuperación del empleo perdido por la Administración en los últimos cuatro años, estimado en cerca de 100.000 puestos de trabajo.
Así se ha expresado la Alcaldesa de Alcázar de San Juan y Presidenta de la Comisión de Función Pública de la FEMP, Rosa Melchor, en el transcurso de la reunión de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas celebrada esta tarde, presidida por el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la que se ha informado sobre la oferta de empleo público y otras medidas de reducción del empleo temporal en la Administración, que se incluirán en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno prevé en los Presupuestos del Estado 2017 una tasa de reposición del 100% en servicios como la Sanidad, Educación, Justicia o Servicios Sociales, entre otros ya contemplados en los Presupuestos de 2016, e incluye como nuevos sectores prioritarios “los de atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público, seguridad y emergencias, al objeto de garantizar la prestación de estos servicios sin que se produzca una merma de su calidad”. En el resto de puestos la citada tasa se queda en el 50%.
La representante de la FEMP, Rosa Melchor, ha estado acompañada por el Secretario General de esta Federación, Juan Ávila, en la reunión de la Mesa de Negociación a la que han asistido representantes de los sindicatos y de las Comunidades Autónomas.
Como se recordará, el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, pidió en una reciente reunión con la Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fijara en el 100%, para de esta forma recuperar los puestos de trabajo perdidos desde 2012 en esta Administración tras la entrada en vigor de normativa sobre equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.
La Administración Local ha sido la que más se ha visto afectada por la aplicación de esta normativa, puesto que en cuatro años ha perdido casi 100.000 empleos, lo que supone una reducción del 15%, mientras que la reducción en la Administración General del Estado y en las CCAA ha sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según los cálculos de la FEMP.
Fuente: FEMP
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