DISPONIBLE EL NÚMERO 199-MARZO DE LA REVISTA

Este mes ENTREVISTAMOS al Alcalde de Málaga, Francisco Manuel de la Torre Prados.

Y el número cuenta con las siguientes COLABORACIONES:

-CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. EVOLUCIÓN NORMATIVA, Celestino Amigo Liñares.

-LA NO SUJECIÓN AL IVA DE LOS ENTES PÚBLICOS: ¿UN PROBLEMA RESUELTO CON LA REFORMA FISCAL?, M. Sonia Sanz Sánchez 

-LA ANUNCIADA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL IIVTNU A LA LUZ DE LOS ÚLTIMOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, Juan Calvo Vérgez 

En CONTRATACIÓN, abordamos el "Alcance de la acción de responsabilidad del Artículo 214 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público", con el Grupo de Contratos del Sector Público Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P. 

Y en COOPERACIÓN INTERNACIONAL: "La compleja justificación de las subvenciones en terreno, en el ámbito de la cooperación internacional". Una experiencia reciente, contada por un Habilitado Nacional en Senegal, Jaime Perelló Marcé 

Y no os perdáis la sección de JURISPRUDENCIA COMENTADA, con 5 interesantísimas resoluciones: Del Tribunal Constitucional recogemos dos resoluciones. La primera de ellas aborda, en el ámbito de la contratación pública, la declaración de nulidad por el Tribunal Constitucional de un precepto autonómico y los efectos que ello tiene para regulaciones similares a la declarada inconstitucional. La segunda es la que ha declarado la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (comúnmente conocidos como plusvalías) en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor y, por tanto, vulneran el principio constitucional de capacidad económica, si bien se trata de la Norma Foral de Gipuzkoa.

Del Tribunal Supremo se ha seleccionado una sentencia que resuelve sobre la prolongación en el servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación y los requisitos que, para ello, ha de cumplir la correspondiente Administración.

Y terminamos con dos resoluciones procedentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Una sobre la clasificación del suelo en los Planes Generales de Ordenación Urbana y los requisitos que ello requiere y, la otra, sobre la recuperación de oficio de bienes de las entidades locales y la interpretación de los requisitos  formales y materiales que la Ley establece para ello.

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