Representantes de las áreas de Hacienda de siete grandes y medianos municipios españoles han firmado la Declaración de Zaragoza, que harán llegar al Gobierno de España para reclamarle una financiación justa que les permita tener autonomía para llevar a cabo las políticas que libremente decidan.
Firmada por los ayuntamientos de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Alicante, Santiago de Compostela, La Coruña y Badalona, la Declaración de Zaragoza sobre Autonomía Municipal y Financiación Local recuerda que los ayuntamientos, a pesar de ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que más competencias asumen, son las que menos asegurada tienen su financiación.
Y se mueven en un marco, agregan, "injusto, discriminatorio e insuficiente" que "ni siquiera permite la progresividad fiscal".
Los firmantes exigen al gobierno central que "de modo inmediato" aborde la reforma de todo el sistema tributario de las administraciones locales para garantizar una ley de financiación de los municipios "suficiente y sostenible" con criterios de progresividad y justicia social.
Y también la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera para que las necesidades sociales "no estén subordinadas a los planes económico-financieros de reequilibrio previstos en dicha ley".
Los ayuntamientos, añaden, deben asegurar el bien común, pero están siendo condenados a perpetuar la falsa idea de que privatizar lo público y gestionar desde lo privado es mejor para la sostenibilidad económica.
Los siete ayuntamientos, que hacen un llamamiento a cualesquiera otro que quiera suscribir la declaración, aseguran que colaborarán mutuamente en torno a estos criterios esenciales.
El consejero de Hacienda de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha dicho en la comparecencia conjunta de los ediles ante los medios, después de la firma de la declaración, que los ayuntamientos se sienten "víctimas" de unas leyes estatales que terminan con su autonomía, "asfixian" sus cuentas y no les dejan la posibilidad de "elegir su propia política fiscal".
Es decir, ha agregado, que las leyes estatales, que emanan de un artículo constitucional, el 135, que debería ser eliminado, "no permiten a un ayuntamiento decidir qué hacer con sus recursos".
En este sentido, en la declaración llaman la atención sobre el papel "frustrante y desigualador" del artículo 135, "impuesto por poderes no elegidos" y que establece, según Rivarés, que las administraciones están obligadas "a pagar a los bancos", es decir, a abonar su deuda, antes que cualquier otra cosa.
Todo ello repercute en los servicios que prestan los municipios, y aunque no pone en peligro el cumplimiento de los programas electorales, sí que ha reconocido que los dificultan.
Para el concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, esta situación es "un reflejo muy claro" de lo que ha sido una "aberrante arquitectura legal que incapacita a los ayuntamientos para hacer lo que tienen que hacer"; un "corsé" en palabras de la concejala de Santiago María Rozas.
El edil madrileño ha insistido en que hay que conseguir que las administraciones locales puedan llevar a cabo sus acciones con los recursos que necesiten "sin caer en la trampa de la deuda".
Las leyes tienen también "maniatado" al Ayuntamiento de Alicante, un municipio "intervenido", según ha recordado la concejal de Participación, Julia Angulo, quien ha añadido que es necesario "rescatar a los ayuntamientos para ponerlos en manos de los ciudadanos".
Para José Téllez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, la Declaración de Zaragoza "no es un primer paso, sino un paso más" en la coordinación de los ayuntamientos para luchar contra un estado "incapaz de dar solución a las emergencias sociales".
Sánchez Mato también ha hablado de la necesidad de modificar el marco fiscal, con un análisis de los tributos que darían capacidad a los gobiernos locales para obtener recursos sin tener que recurrir a la deuda.
Fuente: Heraldo.es
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