La llegada de un socialista -el alcalde de Vigo, Abel Caballero- a la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) eleva el tono reivindicativo de la organización, que pone sobre la mesa una batería de propuestas orientadas a reclamar un giro drástico en la política local aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los alcaldes piden, entre otras cosas, una reforma de la ley de financiación para contar con más recursos, la derogación de la reforma local aprobada esta legislatura en medio de una enorme polémica y una revisión de la Constitución que delimite y regule las competencias de los ayuntamientos.
El cambio en la cúpula de la FEMP anticipa una mayor litigiosidad entre la principal organización municipal y el Ejecutivo central. Hasta ahora ambos organismos eran gestionados por el mismo partido, el PP, con el santanderino Íñigo de la Serna como presidente de la federación, lo que hizo que las relaciones, pese a explotar de por medio polémicas como la reforma local, se mantuviesen dentro de unos cauces de cierta estabilidad. Pero el nombramiento de Caballero, en virtud del equilibrio de poderes surgido de las elecciones de mayo, anticipa una actitud más beligerante y reivindicativa ante Mariano Rajoy.
De la nueva cúpula directiva de la FEMP forman parte seis alcaldes asturianos. Dos, los de Mieres y Avilés, están dentro de la junta de gobierno, órgano rector de la federación. El primero, Aníbal Vázquez (IU), en calidad de vicepresidente. La segunda, Mariví Monteserín (PSOE), como vocal. El resto -Carmen Moriyón (Foro), de Gijón; Alberto Tirador (IU), de Illas; Enrique Fernández (PSOE), de San Martín del Rey Aurelio; e Ignacio Escribano (PP), de Cudillero- forman parte del consejo territorial.
El nuevo criterio de la federación pasa por cuatro principios: autonomía en la gestión, suficiencia financiera, lealtad institucional y cooperación administrativa. En ese marco, se plantea la «derogación inmediata» de la reforma local aprobada en este mandato por el Gobierno del PP y que una mayoría de alcaldes -de todas las fuerzas políticas, muchos de ellos populares- han criticado con suma dureza. Tal y como alertan el propio Abel Caballero y también la secretaria de Política Municipal del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, la entrada en vigor de una parte de esa legislación, el próximo enero, pondrá en jaque la política social de los ayuntamientos.
«Los servicios sociales municipales desaparecerán y será dramático», señala Lastra. «Creará un gran caos y dejará a millones de personas sin cobertura social», apostilla Caballero. «Albergues, escuelas infantiles, becas de comedor, atención a mayores e infancia, lucha contra la violencia de género, todo eso dejará de aplicarse», añade, en el marco de un discurso caracterizado por la inquietud por el futuro más cercano.
Competencias y financiación
Defiende la FEMP que se clarifiquen con precisión las competencias que prestan los ayuntamientos y que se asegure su correcta financiación. Para ello se aboga por una actuación en un doble sentido. Por un lado, a través de una reforma de la Constitución «que regule las competencias de las entidades locales, reconozca su autonomía política y funcional y apoye a los municipios pequeños». Y por otro, mediante la aprobación de una ley de financiación local que garantice los recursos suficientes a los alcaldes para poder prestar esos servicios.
Fuente: Elcomercio.es
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