La Asamblea de Madrid (con mayoría absoluta del PP) aprobó el mes pasado una ley que aplaza —hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación— la asunción de ciertas competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales, unas competencias que ahora están en manos de los Ayuntamientos y cuyo traspaso a las comunidades ordenaba la reciente ley de reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Cataluña ha hecho lo propio con un decreto ley publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado. En el preámbulo de ese decreto, la Generalitat habla de la “incertidumbre jurídica” que ha creado la reforma local, que entró en vigor el pasado enero en toda España y que, según el texto, “ha generado numerosas y contradictorias interpretaciones por parte de los entes locales”.
Extremadura, gobernada por el PP, ha desarrollado la ley estatal con sus propias claves para evitar que desaparezcan las mancomunidades de su región. Más contundente ha sido Andalucía, que ha aprobado un decreto ley pensado como un “dique de contención contra el desmantelamiento de la Administración local”, en palabras del vicepresidente Diego Valderas (IU). Galicia, Castilla y León, País Vasco y La Rioja también han desarrollado sus propias leyes para esquivar en mayor o menor medida uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy.
Paralelamente, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite nueve recursos contra la reforma formulados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias; y los Parlamentos extremeño, catalán, andaluz y navarro, así como el presentado por 130 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto. El Constitucional todavía tiene que pronunciarse sobre un décimo recurso, el registrado en julio por cerca de 3.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) que gobiernan a unos 17 millones de ciudadanos.
Tras esta ofensiva legislativa y judicial, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha quedado reducida a la mínima expresión ocho meses después de su entrada en vigor. Su gran objetivo, plasmado en la máxima de “una Administración, una competencia”, está siendo papel mojado mientras no se aclara el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya negociación ha sido aplazada sine díe por el presidente del Gobierno: “Ahora es imposible”, reconoció Rajoy hace una semana.
Sin más dinero, los Gobiernos autónomos de todo signo político se niegan a rescatar o ceder por convenio los servicios que según esa ley estatal deben dejar de prestar sus municipios: desde oficinas de consumo a casas de acogida de mujeres, albergues, guarderías, centros de mayores, oficinas de turismo o consultorios médicos. La propia reforma ya daba unos plazos muy amplios para ejecutar ese traspaso en cuanto a los servicios sociales y la sanidad, pero la opinión unánime de los alcaldes consultados es que nada se ha movido desde enero.
El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), lo explica en clave de normalidad frente a “las posturas alarmistas que llegaron a decir que se desmantelarían los servicios sociales, se perderían decenas de miles de puestos e iríamos hacia la privatización”. “Nada de eso ha sucedido”, subraya. Aun así, De la Serna cree que hay una ofensiva de ciertas autonomías para pulverizar la ley y reclama al Gobierno que la defienda. El Ministerio de Administraciones Públicas no ha movido ficha, aunque el Ejecutivo afirma que estudiará si las normas que están aprobando las comunidades vulneran la ley estatal.
El alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), coincide con que apenas se ha notado la entrada en vigor de la reforma local. La legislación autonómica que ha impulsado el Gobierno gallego (PP) con el decidido apoyo de los alcaldes de su partido frena el traspaso de competencias al menos hasta 2015. “El albergue social nos cuesta 750.000 euros. Se lo tendría que quedar la Xunta, pero seguimos con él y pagándolo. En el resto de comunidades prácticamente sigue todo igual”, dice.
Eulalio Ávila, presidente del Colegio de Interventores y secretarios de la Administración Local, razona que uno de los problemas está en la redacción del artículo 25 de la norma, el que regula las competencias de los municipios: “Adolece de cierta ambigüedad. Las comunidades han regulado en general de una manera laxa el desarrollo de la reforma local, que tendría que haber nacido de un pacto de Estado, incluidas comunidades y Ayuntamientos, con un acuerdo amplio. Pero los desarrollos normativos de cada comunidad dejan claro que no había una visión común”, afirma Ávila.
Otro dato: Hacienda prometió que en abril publicaría la lista de las poblaciones que, por incumplir con la estabilidad presupuestaria, no pueden prestar competencias que no se recojan en la ley. Nada se sabe de ese documento. Fuentes municipales aseguran que el departamento de Cristóbal Montoro tiene razones para no mostrarse muy estricto con los alcaldes: la Administración local lleva dos ejercicios aportando superávit a las cuentas públicas y queda menos de un año para las elecciones. “[La ley] se está aplicando bajo mínimos”, analiza el responsable de política municipal de IU, Manuel Fuentes. “Nos lo temíamos la mayoría de los municipalistas: en vez de solicitar la delegación de competencias o la prestación de servicios, se deja hacer porque no se ha solucionado el problema de la financiación municipal. Pero no hay que perder de vista que tanto esta ley como todo lo que el PP ha impulsado, como el plan de pago a proveedores o la ley de estabilidad presupuestaria, pone en riesgo los servicios públicos”, añade.
Fuente: El País
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