La aplicación de la reforma local, que el PP sacó adelante en diciembre de 2013 sólo con el apoyo de UPN y la abstención del PNV, está en el punto de mira del grupo socialista, que ha pedido en el Congreso la comparecencia urgente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la comisión de Administración Pública. La oposición quiere que el ministro explique el alcance de la aplicación de la reforma en los 8.117 Ayuntamientos españoles. La ley fue presentada por el Gobierno como una de las de mayor calado en esta legislatura y que está siendo bloqueada por las comunidades autónomas, que sin más financiación no quieren hacerse cargo de los servicios que deberán dejar de prestar los municipios. En concreto, los socialistas quieren saber cómo está afectando la norma, que entró en vigor en enero, a la prestación de los servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales).
La secretaria de política municipal del PSOE, Adriana Lastra, asegura que la intención del Gobierno es “desmantelar la estructura del Estado empezando por los Ayuntamientos”, y augura poco recorrido a la norma. Según la ley, el 31 de diciembre de este año las autonomías tendrían que asumir todas las competencias en servicios sociales de los municipios, y este 2014 ya se tendrían que haber transferido una parte de los servicios sanitarios. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, estaría obligado a comenzar a negociar un convenio con la región para ceder el Servicio Municipal de Urgencias (Samur), la teleasistencia o los centros de mayores. Frente a ese escenario, el Gobierno de Ignacio González ha preferido legislar para que todo siga como hasta ahora mientras no se negocie un nuevo sistema de financiación. Fuentes regionales cifran en 1.100 millones de euros adicionales lo que el Ejecutivo madrileño debería aportar para rescatar las competencias de sus municipios.
Antes que Madrid iniciaron la batalla otras comunidades, como Castilla y León, bajo la amenaza de que el rescate de competencias desequilibraría sus cuentas. Asturias, Galicia, Cataluña, Extremadura, Andalucía o La Rioja han desarrollado su propia legislación sectorial para esquivar su aplicación. El malestar de los alcaldes, que pierden las riendas de servicios básicos para los ciudadanos, es evidente y se ha traducido en un recurso de inconstitucionalidad firmado por unos 3.000 consistorios.
Sin embargo, el PP insiste en defender que la gestión de Mariano Rajoy ha propiciado que el conjunto de los municipios estén, por segundo año, en una situación de superávit frente al déficit que presentaban al inicio de la legislatura. “Esos ayuntamientos están siendo grandes actores para salir de la crisis con el esfuerzo de todos los españoles”, manifestó Arenas ayer.
Fuente: El País
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