El presente trabajo propone una revisión de la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el rango normativo de las bases estatales. La falta de fundamento jurídico expreso del principio de ley formal, la continua apreciación de excepciones al mismo y su carácter contradictorio con otras líneas jurisprudenciales del Alto Tribunal impiden que sea válidamente tomado en consideración como elemento ordenador de nuestro sistema constitucional de fuentes. Por ello, se defiende aquí una puesta en práctica de los instrumentos que aporta nuestra Norma Fundamental, particularmente, del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, para dar respuesta a las exigencias que han dado lugar a la formulación del principio de ley formal.
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