Pocas veces antes, los vecinos han pagado tantos impuestos y han recibido, a cambio, tan pocos servicios públicos. Es la onerosa factura de la crisis que también los ayuntamientos han cargado a espaldas de sus residentes, según denuncia el Tribunal de Cuentas en un extenso informe sobre los ingresos de las entidades locales entre 2007 y 2011. La conclusión que se extrae del texto es que las alcaldías han optado por el camino más sencillo para cuadrar sus cuentas: subir los tributos a los vecinos y crear nuevas tasas al mismo tiempo que recortaban el gasto por habitante.
El resultado es que pese al hundimiento de los ingresos urbanísticos los recursos fiscales de los ayuntamientos se han mantenido «prácticamente constantes en el periodo produciéndose una traslación de la presión fiscal local desde los sectores productivos a la población propietaria de los inmuebles», según denuncia el Tribunal.
Entre todos los tributos, y en lugar de poner en marcha reformas profundas, la fórmula estrella elegida para rellenar las arcas locales ha sido, de media, el incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuya recaudación se dispara un 40,6 por ciento entre 2007 y 2011 hasta convertirse este último año en el ingreso «más representativo de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes», subraya el organismo fiscalizador. La subida de este impuesto ha sido tal que ha conseguido «por sí mismo paliar todas las caídas producidas en otros recursos», recalca. La segunda vía de obtención de ingresos «extras» han sido las tasas, cuyo importe global crece un 43% entre las subidas de las existentes y el establecimiento de figuras nuevas.
Este mayor esfuerzo exigido a los habitantes se suma a los tijeretazos que han puesto en marcha el Estado y las Comunidades Autónomas pero no se traduce en el mantenimiento de los servicios y ayudas de los entes locales sino en más recortes. Así, las líneas de gestión de los consistorios «se plasman en la contención del gasto y en un menor esfuerzo inversor, con una reducción generalizada de los gastos por habitante», prosigue el organismo. Más aún, subraya el texto, porque esta «significativa» caída ha tenido lugar en «un periodo de crecimiento de la población» de manera que los gastos corrientes no financieros por habitante han ido cayendo año a año para pasar de 868 euros en el ejercicio a 2008 a 799 en 2011.
Advertencia a Montoro
En este contexto, el Tribunal de Cuentas da un toque de atención al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a su estrategia de planificación económico-financiera en las administraciones. Aconseja que los planes de ajuste diseñados por Hacienda formen parte de la «estrategia global» de los ayuntamientos para evitar que se queden en «meras» formalidades.
Fuente: ABC
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