El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo, en un mes, con el Gobierno de Aragón sobre las ejecución y financiación de las competencias que el Ayuntamiento presta, pero de las que ya no ostenta la titularidad al pasar a la Comunidad autónoma tras la publicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
"Sería deseable que en un mes se avance en un acuerdo", ha señalado Gimeno, si bien ha reconocido que "no es sencillo", al indicar que "hay cuestiones que requieren de un tiempo de aplicación". No obstante, ha dejado claro que "no puedo despedir a trabajadores municipales que prestan un servicio, aunque ya no tengamos la competencia".
Esta reforma legislativa tiene un impacto sobre los servicios que presta el Ayuntamiento de Zaragoza que afecta a 760 empleos y a 106,2 millones de euros, calculados sobre la liquidación del presupuesto municipal de 2012, según se desprende del estudio realizado por los servicios municipales, basado en el Dictamen elaborado por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Zaragoza.
En rueda de prensa, tras la celebración del Gobierno de Zaragoza, Gimeno ha informado de que se ha trasladado al Ejecutivo aragonés y a los grupos municipales el informe técnico sobre el impacto de la reforma local en las competencias municipales.
"El Ayuntamiento deja de ser competente en materias que ahora presta" como la teleasistencia, escuelas infantiles, políticas de mujer, medio ambiente, juventud, empleo y cooperación al desarrollo, cuyo titular pasa a ser la Comunidad autónoma "que puede tener dificultades técnicas para ejercerlas".
Gimeno ha explicado que "se mantienen reuniones técnicas para ordenar de forma sistemática el proceso de traspaso para la ejecución de las competencias, pero queremos que el Ayuntamiento las siga prestando, aunque la decisión la tiene que adoptar el Gobierno de Aragón porque es el nuevo titular, aunque creemos que tendrá dificultades en aplicarlas", ha insistido.
COMPETENCIAS QUE SE MODIFICAN
De los 106 millones de euros que supone el impacto total de la pérdida de competencias, la de mayor cuantía es la de servicios sociales, con 55,3 millones de euros y 218 trabajadores públicos directos.
Atañe al servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia; las subvenciones al programa de apoyo a la iniciativa social; la cooperación al desarrollo; los convenios del programa de integración social; los centros de convivencia de mayores; el alojamiento temporal de Zaragoza-Vivienda; el Centro Municipal de Promoción de la Salud; el Centro Municipal de Prevención de Adicciones; la residencia municipal Casa Amparo; la casa de acogida a mujeres víctimas de la violencia; la Casa de las Culturas; el programa de erradicación del chabolismo; y los servicios de atención a la infancia.
Por volumen económico, le sigue la educación, con 32,4 millones de euros y 254 trabajadores, que incluye las escuelas infantiles; las escuelas artísticas; la Universidad Popular; la Escuela de Jardinería 'El Pinar'; la limpieza y suministro de energía a centros escolares; y las aportaciones complementarias a educación obligatoria.
Hasta 10,7 millones de euros y 185 empleados es el impacto que supone la supresión de las competencias municipales en fomento económico y empleo, que incluye el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEFEZ) y Zaragoza-Activa.
El área de Juventud supone 3,1 millones de euros y 42 trabajadores, que es el coste de los servicios y programa de las Casas de Juventud, y la promoción de la igualdad de género asciende a 2,7 millones de euros y a los 33 trabajadores de la Casa de la Mujer. En medio ambiente, la pérdida de la competencia supone 1,1 millones de euros y 19 empleados de la Unidad de Conservación del Medio Natural.
Este desglose se cierra con los 595.549 euros y los 8 trabajadores de la Oficina Municipal de Protección al Consumidor y la Junta Arbitral de Consumo.
LEY DE CAPITALIDAD
Gimeno se ha declarado "encantado con poder tener" la Ley de capitalidad, pero ha calculado que no estará aprobada antes de fin de año y "entonces no me sirve para los once meses anteriores", al apuntar que el próximo mes de mayo vence el convenio con el Gobierno de Aragón para prestar el servicio de teleasistencia y "quiero saber qué pasa porque el Ayuntamiento ya no tiene la competencia".
A su entender, esta situación "no es fácil", pero se ha mostrado dispuesto a "hacer un esfuerzo jurídico por mantener los servicios" que en la actualidad presta el Ayuntamiento.
Otra de las obligación que comporta la aplicación de la reforma de la administración local es que el Ayuntamiento, en concreto la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda, "tiene que salirse" de la sociedad Vivir-Zaragoza, de la que es cotitular al 50 por ciento con Ibercaja.
"El problema no es económico, ni financiero porque hay activos suficientes y las sociedades municipales no tienen deuda; si quiere Ibercaja puede seguir, pero el Ayuntamiento se tiene que salir", ha recalcado.
Fuente: Europa Press
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