El Consejo de Gobierno de la Junta ha reiterado este martes que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local vulnera la autonomía de los municipios y el marco competencial vigente desde hace más de treinta años.
Por ello, según ha indicado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, se ha acordado solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de abordar su repercusión.
De forma paralela a la solicitud, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está analizando el texto enviado al Senado con la intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional aquellos artículos que puedan atentar contra la legislación autonómica andaluza.
La Junta subraya que el 89,6 por ciento de los municipios andaluces verá afectada su autonomía por la reforma planteada, ya que el proyecto de ley implica una recentralización y control por parte del Gobierno en 691 de los 771 ayuntamientos andaluces.
Estas pequeñas y medianas poblaciones, de menos de 20.000 habitantes y con una población que en su conjunto supera los tres millones de personas, podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto por la norma estatal, según asegura la Junta.
Por su parte, los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes (66 por ciento del total) quedarían expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral. El Ejecutivo andaluz considera que el proyecto supone una alteración del poder local reconocido y garantizado por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, y reforzado por la Carta Europea de Autonomía Local.
Frente al argumento del Gobierno de ahorrar unos 8.000 millones de euros por la reordenación de competencias municipales, la Junta subraya que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de competencias como por las privatizaciones de servicios que propicia. Los ámbitos de gestión más amenazados, que pasarían a las comunidades autónomas en el plazo de un año desde la aprobación de la ley, son los relativos a vivienda, turismo, servicios sociales y salud.
Igualmente, el Gobierno andaluz señala que esta merma en el autogobierno local afectará también negativamente a los cauces de participación y atención a las demandas vecinales, y convertirá a los ayuntamientos en "meros gestores" de los servicios obligatorios que coordinarán las diputaciones provinciales. Además, dejará a las corporaciones bajo el control potestativo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, de entrada, será el que evalúe el coste de todos los servicios (según el proyecto, la competencia del servicio seguirá siendo municipal sólo si el coste que propone es "competitivo").
Otra de las amenazas a la autonomía local viene de la posibilidad de que el Estado promueva la fusión de municipios con la justificación de mejorar la capacidad de gestión. Con esta vía se desactiva igualmente cualquier decisión democrática de segregación, ya que la norma estatal lo prohíbe por un periodo de diez años desde la fusión.
LEYES DE AUTONOMÍA LOCAL
Finalmente, la Junta recuerda que la reforma amenaza directamente al desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010.
La primera de estas normas, pionera en España y considerada como el 'Estatuto de los Ayuntamientos', reduce la tutela previa de la Junta sobre diversas materias y concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios. Asimismo, delimita sus 29 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Administración autonómica.
Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando sus decisiones y prioridades de gasto. La Comisión General de las Comunidades Autónomas es un órgano del Senado que tiene, entre otras funciones, la de facilitar la participación de los gobiernos y administraciones autonómicas en los asuntos que se tramitan en la Cámara Alta y que afectan al ámbito de sus competencias.
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1564-el-gobierno-andaluz-reitera-que-la-reforma-local-vulnera-la-autonomia-municipal-y-la-legislacion-autonomica
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