Por Juande Portillo
Caballero ve “muy bueno” el acuerdo e insta a firmarlo. Los alcaldes no socialistas ven insuficiente la propuesta y reclaman mejoras
La negociación abierta entre el Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos españoles para tratar de diseñar una fórmula que permita a estos reinvertir sus superávits para responder a la crisis del coronavirus ha llegado a un punto crítico. Aunque el pacto se esperaba para el viernes de la semana anterior, la división que la negociación ha provocado entre los alcaldes ha dejado en el aire la posibilidad de un acuerdo. Para tratar de reconducir la situación, Hacienda acaba de presentar una nueva propuesta, a la que ha tenido acceso este diario, que ofrece la suspensión de la regla de gasto local durante 2020. Pese a ello, el pacto parece seguir lejano.
Eliminar el corsé de la regla de gasto este ejercicio es la guinda que el Ministerio que dirige María Jesús Montero ha añadido a la propuesta que viene negociando en las últimas semanas con la cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero no altera el planteamiento central: la fórmula diseñada para liberar los cuantiosos fondos que los ayuntamientos tienen depositados en la banca. El problema de partida es que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la propia Constitución Española, prohíben que los ayuntamientos incurran en déficit.
Algo que, a efectos contables, se produciría inevitablemente en el caso de que este ejercicio los entes locales gastasen los remanentes acumulados de años de superávits sin compensar semejante inversión con nuevos ingresos por el mismo volumen. Para sortear este obstáculo, y permitir la reinversión de unos 14.000 millones de euros, la fórmula ideada pasa porque los ayuntamientos que así lo deseen adelanten todo ese dinero al Estado en forma de préstamo a bajo coste y que la Administración Central les transfiera ingresos no financieros por la misma cuantía. Esta inyección, sin embargo, se realizaría de forma progresiva. Hacienda les aportaría hasta un 35% de los fondos recibidos, por un máximo de 5.000 millones, entre 2020 (hasta 2.000 millones) y 2021 (otros 3.000), mientras que el resto sería devuelto en 10 años. Como resultado, eso sí, la administración central generará más déficit.
“Seguimos con las conversaciones”, reveló el viernes el presidente de FEMP, el socialista Abel Caballero, quien defendió que “el planteamiento de Hacienda es muy bueno para las entidades locales”. En su intervención desde el Concello de Vigo, ciudad de la que es alcalde, Caballero recordó que “en la actualidad, los Gobiernos Locales no pueden usar sus remanentes y, en este marco, la propuesta del Ministerio permite el uso de una parte de éstos, de forma inmediata y sin que compute el déficit”. “Pasamos de una ley que no nos dejaba utilizar” los remanentes, resumió Caballero defendiendo el acuerdo, “a una propuesta en la que el Gobierno asume el déficit y nosotros podemos usarlos”.
“Se trata de una propuesta del Gobierno muy asumible por parte de las entidades locales”, culminó diciendo Caballero, que subraya que además Hacienda ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los ayuntamientos se beneficien también del nuevo fondo de recuperación acordado en la cumbre comunitaria de la última semana. El documento, sin embargo, no cuantifica que asignación podrían llegar a percibir.
Para los alcaldes del PP, sin embargo, la suspensión de la regla de gasto no es ninguna gran concesión, pues dan por hecho que dada la crisis desatada por el coronavirus, ninguna administración iba a cumplir los objetivos marcados. Es más, los alcaldes del PP reclaman a Hacienda que plantee la extensión de esta medida al año 2021. En declaraciones a Efe este viernes, el portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, pidió que la negociación se abra a todos los partidos políticos, porque, si ésta es la propuesta última de Hacienda, “es inaceptable”.
Pero, más allá de la oposición de los populares, el problema para el acuerdo es que tampoco los alcaldes de Unidas Podemos, Ciudadanos o los nacionalistas catalanes ven con buenos ojos una propuesta que obliga a los municipios a adelantar al Gobierno toda la liquidez de la que disponen para recuperarla luego gradualmente y limitando los campos en los que pueden reinvertirla. En concreto, los fondos podrán destinarse a peatonalizar calles, construir carriles bicis, mejorar la oferta de alquiler, asistir a dependientes, la limpieza de aguas, el fomento de la cultura o la educación de cero a tres años, entre otros pocos objetivos concretos.
La FEMP reunirá a su junta ordinaria el martes, pero ya avanza que no votará entonces la propuesta, que se espera llevar más consensuada a una convocatoria extraordinaria.
Fuente: Cinco Días
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