La norma, tramitada por la vía de urgencia, permitirá a los ayuntamientos seguir con las mismas competencias que tenían a 31 de diciembre de 2013
El Parlamento gallego aprobará la ley por la que se adecua a Galicia la reforma local impulsada por el Ministerio de Hacienda y en vigor desde el pasado mes de enero. Como característica principal, la ley gallega permitirá a los concellos seguir desempeñando las competencias que tenían a 31 de diciembre de 2013.
Esta ley exprés impulsada por la Consellería de Presidencia pretende resolver las lagunas y dudas provocadas por el nuevo mapa competencial municipal promovido por Hacienda. Para evitar la discrecionalidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que dejaba su interpretación en manos de cada interventor municipal, la Xunta sacó su propia adaptación para "facilitar la aplicación e interpretación" de la reforma y "garantizar la eficiente prestación de servicios públicos".
El Ejecutivo gallego establecerá un antes y un después de la reforma local y para ello garantizará la actual cartera de servicios municipales siempre que no supongan un quebranto de la economía local. Pero aquellos ayuntamientos que quieran asumir nuevas competencias, bien propias o delegadas, serán sometidos a una auditoría por parte de la Xunta para comprobar su solvencia financiera y garantizar la eficiencia del servicio.
Esa "memoria económica" será elaborada por la consellería competente sobre el nuevo servicio que requiera la administración local en la que dará cuenta "del impacto de la nueva atribución de competencias sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad".
Para emitir el correspondiente informe sobre la prestación del nuevo servicio, el plazo será de tres meses y si transcurrido no ha habido respuesta por parte de la Xunta se dará por "desfavorable" su prestación. El Ejecutivo autonómico tendrá en cuenta el déficit, la deuda pública y los plazos de pago de las facturas. Pero deja claro que si finalmente los nuevos servicios otorgados a un ayuntamiento son finalmente dejados de prestar, la Xunta no tendrá la obligación de asumir esa competencia.
Fuente: El Faro de Vigo
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