A diferencia de la Xunta, la Junta ha presentado un recurso ante el Constitucional que afecta a 23 artículos de la reforma del Gobierno central.
Galicia no es la única comunidad que ha recurrido a sus competencias estatutarias para esquivar el que es uno de los escollos más importantes que plantea la reforma local de Rajoy para la gestión de los ayuntamientos. Al igual que el Gobierno gallego, también la Junta de Andalucía ha establecido medidas urgentes para preservar la situación actual. El Ejecutivo que preside la socialista Susana Díaz aprobó el martes pasado un decreto ley en el que invoca que el Estatuto de Andalucía atribuye a la comunidad la «competencia exclusiva sobre régimen local» para determinar «las competencias y potestades propias de los municipios y de los demás entes locales».
Con arreglo a esa potestad, el Gobierno andaluz regula en ese decreto ley el procedimiento para que los ayuntamientos puedan obtener los informes que los facultan para el ejercicio de competencias adicionales a las que les son propias o atribuidas por delegación, en cuanto a la inexistencia de duplicidades en esos servicios y a la sostenibilidad financiera para asumirlos. Este esquema va en línea con el que el Ejecutivo gallego delimitó en la ley de medidas urgentes que el Parlamento ya aprobó hace un mes, valiéndose de la mayoría del PP en la Cámara. Los grupos de la oposición recriminaron a la Xunta que no presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la discutida reforma del Gobierno central. Andalucía sí lo ha hecho, con un recurso que afecta a 23 artículos, pero además ha seguido el camino de Galicia y de Castilla y León (también con gobierno del PP) para que la reforma no implique un vuelco mayor en los municipios.
Fuente: La Voz de Galicia
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