martes, 7 de mayo de 2019

El impacto de la inteligencia artificial en el derecho administrativo ¿nuevos conceptos para nuevas realidades técnicas?

Las administraciones públicas están incorporando la inteligencia artificial en su actividad y en la prestación de los servicios públicos. En este artículo se exponen los instrumentos a través de los que se puede regular el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. También se plantean los retos que la inteligencia artificial está generando al Derecho administrativo. Estos retos se analizan a la vista de los principios que deben guiar la actuación de las Administraciones públicas.

via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://bit.ly/2VJmRow

El Tribunal de Cuentas señala las deficiencias de la contratación pública

Por Antonio Arias Rodríguez

La contratación pública ha constituido tradicionalmente uno de los objetivos prioritarios del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su actividad de control del sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía. Hoy presentamos dos informes que resumen las irregularidades más habituales tanto en el ámbito autonómico como local.

Hace unas semanas, el Tribunal de Cuentas divulgó un informe sobre la contratación llevada a cabo durante los ejercicios 2016 y 2017 por las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio.

Se trata de una fiscalización de carácter horizontal y periódica, pues abarca una pluralidad de entidades con características y un ámbito temporal comunes, así como de cumplimiento, pues las cuestiones que se suscitan son fundamentalmente de sujeción a la legalidad.

El informe recoge una sucinta referencia a la información que, sobre la contratación proveniente de las diversas Comunidades y Ciudades autónomas, ha sido recibida en el Tribunal de Cuentas proveniente de las entidades que integran el ámbito subjetivo de la fiscalización hasta 31 de diciembre de 2018. Esta información incide en las relaciones anuales enviadas, el número de extractos de contratos; así como, sus tipos y procedimientos.

Tras la actividad fiscalizadora, el Informe recoge diversas conclusiones vinculadas a los aspectos más reseñables de las deficiencias en torno a las que se han puesto de manifiesto las actividades fiscalizadoras desarrolladas. De esta forma, en relación con la preparación y la tramitación de los expedientes de contratación, los criterios de adjudicación, la adjudicación y formalización de los contratos y la ejecución de los mismos.

Patologías

Los resultados del informe se presentan agrupados en atención a las incidencias que se han considerado relevantes, observadas en diversos momentos o sobre ciertos aspectos de la tramitación  de los expedientes y, dentro de cada uno de ellos, subdivididos en los correspondientes ámbitos territoriales en los que se han observado.

De esta forma, entre las incidencias más relevantes, cabe destacar las que afectan a la insuficiente justificación de la necesidad que se trata de satisfacer mediante el contrato, al obviarse en el expediente la inclusión de documentos acreditativos de la existencia de tal necesidad, sea por considerar suficiente la propia descripción del objeto del contrato o la mera voluntad manifestada por el órgano de contratación relativa a su existencia.

En la totalidad de las Comunidades y Ciudades autónomas incluidas en el ámbito de la fiscalización se ha observado la presencia de deficiencias que inciden en los criterios de contratación utilizados, principalmente por la falta de relación con las cualidades intrínsecas de la prestación objeto del contrato, por la falta de concreción suficiente de los criterios sometidos a juicio de valor o de los extremos que van a ser objeto de valoración al momento de presentar las ofertas y de la forma de otorgar las puntuaciones de forma que todas las empresas potencialmente interesadas en contratar con la Administración puedan conocerlos y formular sus ofertas a la vista de los mismos.

Con idéntica amplitud se han observado deficiencias respecto de las actuaciones de control del cumplimiento de los contratos, entre las que puede destacarse: la falta de establecimiento de un sistema de control, su no realización o su sustitución por un simple visto bueno; la ausencia de nombramiento del responsable del contrato, o la presentación de certificaciones, facturas o documentos de ejecución que no incluyen todos los aspectos o informes requeridos. Igualmente se han observado deficiencias en relación con los plazos de ejecución de las prestaciones correspondientes al contratista, produciéndose demoras no siempre justificadas convenientemente, debidas en ocasiones a deficiencias en la planificación.

Asimismo, se ha examinado la aplicación de las normas sobre publicidad y transparencia respecto de la contratación, en concreto la presencia de páginas web de las diversas entidades en las que residenciar el perfil del contratante, así como la inclusión de la información sobre contratación en los apartados de transparencia de esas páginas.

Finalmente, el Informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la contratación pública en el ámbito examinado. Así por ejemplo, mejorar las fases de planificación previas a la contratación a fin de evitar urgencias innecesarias en la tramitación de los procedimientos o periodos sin cobertura de prestaciones; deficiencias en la descripción técnica de las necesidades a cubrir o de las prestaciones a realizar, o presupuestaciones incorrectas; persiguiendo con ello seleccionar al contratista más idóneo para satisfacer las necesidades públicas. Igualmente, aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos, de modo que comprendan todos y cada uno de los elementos necesarios para su ejecución, evitando, en lo posible, modificaciones, dilaciones o encarecimientos de los contratos que de haber sido conocidos hubieran podido determinar la adopción de otra decisión, sea sobre las necesidad a satisfacer o la consideración de otras alternativas para esa satisfacción. También se recomienda reducir el empleo de fases de valoración sujetas a la superación de umbrales en cada una de ellas para evitar ser excluidos de la valoración en los restantes criterios, a fin de asegurar la selección de las ofertas económicamente más ventajosas.

Fuente: Fiscalización.es



via Actualidad http://bit.ly/2H2E173

viernes, 26 de abril de 2019

El Pleno de la Sala Tercera del TS revisa el cambio de criterio de la Sección Segunda en relación a la condición de sujeto pasivo del IADJ en las escrituras de constitución de préstamos con garantía hipotecaria

El presente recurso tiene por objeto aclarar, matizar, revisar o ratificar por el Pleno la doctrina reiterada de la Sala Tercera en torno al art. 29 del TRITPAJD en relación a la condición de sujeto pasivo en las escrituras de constitución de préstamos con garantía hipotecaria, como consecuencia del cambio jurisprudencial que han supuesto las sentencias dictadas en octubre de 2018 por la Sección Segunda de esta Sala. A juicio del Pleno este cambio jurisprudencial, en el que se establece que el sujeto pasivo es el prestamista, ha de ser desautorizado.

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ARAGÓN: Convocatoria de diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2019

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 201 9 (BOA 26/4/2019)

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jueves, 25 de abril de 2019

INAP: Convocatoria de acciones formativas en el ámbito local sobre contratación administrativa y protección de datos

Resolución de 23 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en el ámbito local (BOE 25/4/2019)

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Se convocan tres jornadas sobre «Licitación electrónica en el entorno de la plataforma de contratación del sector público»

Se convoca una jornada sobre «El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales»



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miércoles, 24 de abril de 2019

No se aprecia fraude de Ley en los servicios prestados por una funcionaria interina durante 15 años en la Universidad de Valencia, que fue cesada sin derecho a indemnización al ocupar su plaza un funcionario de carrera

La Sala mantiene la sentencia apelada que declaró la conformidad a derecho del cese de la actora como funcionaria interina en el puesto de administrativa, en la Universidad de Valencia.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2VfuJ0T

martes, 23 de abril de 2019

La ciudad inteligente: entre la transparencia y el control

Este artículo aborda, desde un enfoque eminentemente jurídico algunos de los desafíos que plantean los proyectos de ciudad inteligente. Estos retos se analizan atendiendo a dos conceptos, la transparencia y el control, que en el escenario de la ciudad inteligente generan tensiones. En primer lugar, analizamos el surgimiento del concepto de ciudad inteligente, y como, hasta ahora, este fenómeno, en España, únicamente está siendo regulado directa y específicamente a través de normas técnicas de cumplimiento voluntario. […]

via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://bit.ly/2GB5jlV

El TSJ de Madrid condena a la Administración a pagar una indemnización por daños por no respetar la preferencia de un trabajador en la bolsa de contratación creada en un Centro de Acogida de Refugiados

Se confirma la sentencia que estimó la reclamación de cantidad suscitada frente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se debate la competencia de la Jurisdicción Social, y si el recurrente, empleado en un Centro de Acogida de Refugiados, tenía preferencia a ser contratado para sustituir a una trabajadora que se encontraba de baja por IT.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://bit.ly/2vgX5cn

Aberto o prazo de inscricións para o V Congreso APLU sobre Disciplina Urbanística

El V Congreso, bajo el lema “Disciplina Urbanística: Estado del Urbanismo y retos para el futuro”, sigue la línea ya marcada por los cuatro anteriores, proponiendo un lugar de encuentro en el que analizar temas de máxima actualidad desde una perspectiva multidisciplinar e integradora; un foro enriquecedor para ponentes y participantes, a través del cual compartan sus problemas e inquietudes en un ámbito tan complejo como el del urbanismo.

Para la consecución de este objetivo, en esta edición, se abordarán temas de máxima relevancia, tales como el papel de los consejos consultivos ante el urbanismo, las Agenda Urbanas nacionales e internacionales, la incorporación de las políticas de vivienda a la Planificación Urbana, la movilidad como eje del desarrollo Urbano Sostenible, la conveniencia y necesidad de integrar las políticas de género en el urbanismo, la ejecución de sentencias urbanísticas y la mediación como posible alternativa, la anulación de licencias y la posición del Tribunal Supremo ante el reciente artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las medidas que se están estudiando desde distintos ámbitos para dotar de una mayor seguridad jurídica al urbanismo, y para concluir el programa una conferencia magistral sobre la Ciudad y su planificación en el derecho público.

Esta edición consolidamos importantes novedades. Para fomentar el debate y la participación del público, se prevén más paneles de expertos, incrementado el tiempo para lo debate y las preguntas del público asistente. Al mismo tiempo, se realizarán talleres participativos el día 12 de junio, dirigidos por profesionales expertos, y orientados a los asistentes al congreso a los que les interese un foro de discusión más reducido, práctico y participativo.

La matrícula está abierta desde el día 2 de abril hasta las 15 horas del día 3 de junio de 2019 (el plazo para matricularse en los talleres y presentar comunicaciones termina a las 15:00 horas del día 20 de mayo) y debe realizarse en la web de la APLU: https://axenciaurbanistica.xunta.gal/es 

Para cualquier cuestión o aclaración pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico congreso.aplu@xunta.gal o al teléfono 981 544 325.

Ver Programa aquí.



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