viernes, 14 de septiembre de 2018

ARAGÓN: Convocatoria de diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018 (BOA 14/9/2018)

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jueves, 13 de septiembre de 2018

LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DENTRO DE ANDALUCÍA

El control de las entidades locales es uno de los temas que más interesan en la actualidad. Los ciudadanos piden una mayor transparencia en estas instituciones para conocer la manera en la que gestionan el dinero público.

El encuentro “Entidades locales, control interno y control externo: el estado de la cuestión”, tiene como objetivo profundizar y analizar aspectos relacionados con la transparencia y las funciones de control que tienen las entidades locales.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio Manuel López Hernández, inauguró este curso junto al presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), José Luis Pérez López, y la directora de la Sede Antonio Machado de Baeza de la UNIA, María Ángeles Peinado Herreros.

“Desde la Cámara de Cuentas, como órgano local externo del sector público de Andalucía, estamos muy interesados en generar encuentros en los que, aparte de contribuir a la formación continua, se hagan debates y se provoque la reflexión sobre temas de interés”, afirmó el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

También señaló que desde la Cámara se muestran muy sorprendidos porque existe una falta de cumplimiento por parte de algunas administraciones a la hora de rendir sus cuentas.

“En el último informe que hemos sacado relacionado con la rendición de cuentas de 2016, el índice de rendición de cuentas en Andalucía de las administraciones locales es especialmente bajo y es el menor de las administraciones de España”, añadió.

Por su parte, José Luis Pérez López, presidente de Cosital, señaló que el control interno de las entidades locales tiene que encomendarse a los interventores de las administraciones locales para hacer un correcto uso de los mismos.

“La función es que los recursos públicos se usen de una forma adecuada y se pongan de manifiesto aquellas disfunciones que hacen que las políticas públicas no se ajuste a la legalidad”, afirmó durante la inauguración.

Además, también habló acerca del techo de gasto en las administraciones y sostuvo que este asunto debe ser particular para cada entidad local.

 

Por último, la directora de la UNIA en Baeza, María Ángeles Peinado Herreros, señaló que uno de los objetivos de los cursos de verano de la UNIA es el de propiciar el debate y la reflexión de temas de importancia y gran interés en la sociedad, como es el caso del encuentro que se celebra estos días.

 

 



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El encuentro estudia la transparencia de las administraciones públicas

 

El acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de COSITAL Valencia se produjo el miércoles 13 de junio. Los miembros de la Mesa votaron por unanimidad a Vanesa Felip como Presidenta del Colegio. Felip llevaba ya un tiempo ostentando este cargo debido a la finalización del mandato del anterior Presidente, Javier Biosca.

Dado que se trataba de la única candidatura presentada, se procedió a proclamar electos a los candidatos propuestos, sin necesidad de votación ni escrutinio. Los miembros de la nueva Junta son: Jorge García Hernández, Miguel Torres Royo, Maria Escamilla Faus, Olivia Martínez García, Lourdes Navarro Collado, Salvador Almudever Magraner, José Luis Serrano Borraz e Ylenia Díaz Moran. 

Cinco mujeres y cuatro hombres forman parte del nuevo órgano de gobierno de COSITAL Valencia que, aseguró la Presidenta, “ha llegado para hacer muchas cosas, en la línea de lo que ya se estaba haciendo en la antigua Junta encabezada por Javier Biosca”. Vanesa Felip también resaltó la heterogeneidad de los miembros, pertenecientes a diferentes ámbitos geográficos y con el desempeño de funciones muy variado dentro de lo que son las competencias de los Habilitados Nacionales. “Esto, sin duda, nos va a aportar diferentes puntos de vista que van a enriquecer las aportaciones que hagamos al colectivo desde el Colegio”.

Al acto de toma de posesión de la nueva Junta también asistieron algunos de los suplentes. Un grupo formado por Sonia Villa Márquez, Mª Luisa Roncero Richarte, Mª Carmen Aparisi Aparisi, Mª Carmen Savalls Sanfélix y Celia Zanón Estellés. La Presidenta agradeció la asistencia a los mismos, así como las trabajadoras del Colegio, Silvia Mondría y Laura Esteve por su enorme trabajo en la institución.

 

 

 



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ARAGÓN: Convocatoria de tres ediciones del Diploma de Especialización en Derecho Local de Aragón

ORDEN PRE/1446/2018, de 3 de septiembre, por la que se convocan, en convenio con la Universidad de Zaragoza, tres ediciones del Diploma de Especialización en Derecho Local de Aragón, a celebrar en Zaragoza (ZA-0001/2019), Huesca (HU- 0002/2019) y Teruel (TE-0003 /2019), durante el año 2019 (BOA 13/9/2018)

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miércoles, 12 de septiembre de 2018

GALICIA: Convocatoria de los premios Coopera Galicia 2018 para impulsar y difundir las iniciativas de asociacionismo municipal

ORDEN de 28 de agosto de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública de los premios Coopera Galicia 2018 para impulsar y difundir las iniciativas de asociacionismo municipal, mediante la distinción pública de proyectos de gestión compartida de servicios promovidos por agrupaciones de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios locales y áreas metropolitanas de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOGC 12/9/2018)

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martes, 11 de septiembre de 2018

INAP: Convocatoria "Jornada sobre contratos administrativos"

Resolución de 7 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca una "Jornada sobre contratos administrativos" (11/9/2018)

Fecha: 15 de octubre de 2018.

Lugar celebración: C/ Atocha, 106. Madrid.

Código: FL18-3075.

Horas lectivas: 5 horas.

Número de plazas: 450.

Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre de 2018.

Destinatarios: Funcionarios de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional y otros funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos A1 y A2, y personal laboral fijo o asimilado, de todas las Administraciones públicas.

Objetivos: Análisis de los problemas planteados por la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos administrativos típicos.

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lunes, 10 de septiembre de 2018

El TS establece doctrina sobre el método de comprobación de valores a los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

El TS resuelve si es idóneo la aplicación del método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano consistente en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo -tal y como dispone el art. 57.1 b) de la LGT-, para comprobar el valor declarado en el ITP, y si se permite a la Administración tributaria invertir la carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor comprobado obtenido no se corresponde con el valor real.

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viernes, 7 de septiembre de 2018

INAP: Convocatoria de un itinerario formativo centralizado de "Especialista en contratación pública local" para los años 2018 y 2019

Resolución de 5 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para los años 2018 y 2019 (7/9/2018)

Especialista en contratación pública local.

Modalidad: mixto.

Horas lectivas: 250

(110 presenciales/140 on line).

Lugar: Madrid/on line.

Puntuación de itinerario: 1,70

El plazo de presentación de solicitudes para todas las acciones formativas incluidas en esta convocatoria finaliza el día 7 de octubre de 2018

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jueves, 6 de septiembre de 2018

La insuficiente motivación en la elección del procedimiento preferente de expulsión es una mera irregularidad no invalidante si concurre alguno de los supuestos previstos para su inicio

El TS desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que consideró ajustada a derecho la expulsión decretada contra el recurrente por su estancia irregular en España, habiéndose tramitado el procedimiento preferente de expulsión del art. 63 de la LOEX y no el ordinario del art. 63 bis de la citada Ley, como pretendía la parte actora.

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INAP: Primeras jornadas de urbanismo: la agenda urbana local. Nuevo modelo urbano: de lo global a lo local

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan las "Primeras jornadas de urbanismo: la agenda urbana local. Nuevo modelo urbano: de lo global a lo local" (6/9/2018)

Fecha: 4 y 5 de octubre de 2018.

Lugar celebración: C/ Atocha 106, Madrid.

Código: FL18-3076.

Horas lectivas: 15 horas.

Número de plazas: 90.

Fecha límite de inscripción: 19 de septiembre de 2018

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martes, 4 de septiembre de 2018

Declara el TS que un Embajador tiene en el Estado receptor la facultad de ejercitar una acción judicial de extradición

Se desestima el recurso interpuesto por el Embajador de Turquía en España contra el acuerdo del Consejo de Ministros que resolvió la no continuación por vía judicial del procedimiento de extradición de un ciudadano de nacionalidad alemana y con la condición de asilado.

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Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto: Una nueva demora en la obligación de implementar la Administración electrónica

Por F. Javier Fuertes

No por esperado resulta menos sorprendente. Y tanto por el fondo como por la forma. El gobierno estatal ha decidido, y lo ha hecho por medio de un Real Decreto-ley (Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, BOE del 4 de septiembre) demorar, aún más, la entrada en vigor de las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas relativas al:

1) Registro electrónico de apoderamientos

2) Registro electrónico

3) Registro de empleados públicos habilitados

4) Punto de acceso general electrónico de la Administración

5) Archivo único electrónico

Se trata, por tanto, que determinadas disposiciones en el ámbito de eso que hemos dado en llamar administración electrónica permanezcan en el limbo jurídico (en el banquillo, vamos) hasta octubre del año 2020, esto es, hasta que hayan transcurrido cinco años desde que se produjo la publicación de la Ley. Esto es legislar para el futuro  o, si se quiere una mayor precisión, pretender volver al pasado.

No se trata de suspender la administración electrónica. Eso sí, no sabemos si es que el Gobierno (en funciones de legislador) no ha querido eliminar la administración electrónica o si, simplemente, no se le ha ocurrido hacerlo. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, entró en vigor al año de su publicación en el BOE (octubre de 2016) y, a partir de ese momento, se pudieron en marcha los contadores para cumplir con determinadas previsiones. Así, ha de entenderse que comenzaba el plazo de un año establecido en la disposición final Quinta de la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la adecuación  de las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto la ley (hasta octubre de 2017), y que, de igual forma, comenzaba a correr el plazo de dos para que produjeran efectos (y saltaran al campo jurídico) las previsiones que hoy se demoran.

Es como si el segundo entrenador (o el utillero) decidiera que no se iban a realizar los cambios ordenados por el ordenador, y utilizamos el término ordenados porque la habilitación que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ofrece al Gobierno en la disposición adicional sexta es la de, en el ámbito de sus competencias, “dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta Ley”.

Es cierto que el Gobierno se ha metido (más bien entrometido) a labores de legislador haciendo uso de un instrumento, el Real Decreto-ley, que si bien está previsto en la Constitución requiere de unos requisitos que, una vez más, no parecen existir para este caso.

Y es que la motivación de la que se hace uso para justificar la demora por Real Decreto-ley debería sonrojar a cualquier persona (sin necesidad de ser jurista) que pretendiera ampararse en ella, cuando se señala que la causa se encuentra en que “sin embargo, la vacatio legis plasmada en dicha disposición final séptima se ha revelado insuficiente en la práctica para contar de forma simultánea con las condiciones que son presupuesto necesario para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos perseguidos por ambas leyes”. A lo que se añaden disculpas sobre las dificultades que suponen esa adaptación y la necesidad de acuerdo entre administraciones públicas. En definitiva, se apela a la “la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real decreto-ley”.

Absurdo que llega a cotas insospechadas cuando se señala que “este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Mejor sería decir, sin faltar a la verdad, que en los tres años transcurridos se ha vagueado por los responsables de realizar esas tareas que se deben haber dedicado a otras labores que han considerado prioritarias.

Se obvia, intencionadamente por supuesto, que ha faltado la voluntad de los obligados por la Ley, y que al resto de intervinientes (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados…) se les dio una año para adaptarse a los cambios, en tanto que ahora se exonera a las Administraciones a cumplir con su obligación.

La demora acordada, por ni más ni menos que dos años más, no solo es un palo en las ruedas por parte de quien tiene la obligación de liderar la efectiva implementación de la administración electrónica, sino que supone un fraude a los derechos que la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce a todas las personas a las que no les queda otro remedio que relacionarse con las Administraciones Públicas, Ley que reconoce, entre otros, los derechos “a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración”, “a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas” y “a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley” (artículo 13) o a que las personas físicas escojan el medio para comunicarse con las Administraciones Públicas (artículo 14).

Se trata, por tanto, de una contrarreforma  que, una vez más, perjudica y daña a los más necesitados de ayuda en su relación con las Administraciones públicas. Piénsese, a título de ejemplo, en los discapacitados, a los que se les está negando sino el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas el de facilitarles esa relación.

Y todo por no dejar en evidencia a quienes no han cumplido con sus obligaciones en el, eso sí, perentorio, apresurado y escaso plazo de tres años, como muestra de que la decisión que se adopta lo es en clave de Administración, y no de administrados, que son los que, no se olvide, dan sentido a esa Administración.

Tan cierto es que el más largo de los caminos se inicia con un simple paso como que sin ese primer paso jamás llegaremos a nuestro destino.

Ya saben. Podemos volver a sentarnos. Al menos hasta dentro de dos años.



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