viernes, 13 de noviembre de 2015

Entrevista con la FEMP


El nuevo Presidente de la FEMP Abel Caballero, Alcalde  de Vigo, ha recibido al Presidente de COSITAL, Eulalio Ávila.

Durante el transcurso de la reunión se han tratado diferentes asuntos que afectan a los municipios y provincias y al colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

Ambas instituciones coinciden en la defensa del municipalismo, en la necesidad de situar a las instituciones locales en el lugar que les corresponde dentro de la organización del Estado, y en que los derechos de los municipios y su capacidad para atender las demandas de los ciudadanos siendo la administración mas cercana a los mismos, merecen ser defendidos por ambas instituciones.

Abel Caballero definió al colectivo de COSITAL como la columna vertebral del municipalismo, y Eulalio Ávila resaltó su deseo de que la FEMP y COSITAL continúen con los proyectos de colaboración y en la línea de comunicación fluida y constante que vienen manteniendo ambas asociaciones.

 



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No es posible sancionar de manera independiente una conducta que ha servido para graduar otra o para calificarla como grave o muy grave

Desestima la Sala el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Administración del Estado, contra la sentencia que anuló la resolución por la que se declaró responsable solidario a la empresa demandante, en el pago de las deudas tributarias, incluida la sanción, por su colaboración activa en la realización de una infracción consistente en la emisión de facturas falsas.

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lunes, 9 de noviembre de 2015

¿Son realmente públicas las sentencias?

“Cualesquiera otros beneficios que la garantía de un juicio público pueda conferir a la sociedad, esta garantía es una salvaguardia contra cualquier intento de usar a los tribunales como medios de persecución. Saber que cada juicio está sujeto a la revisión de la opinión pública constituye un control efectivo sobre los posibles abusos del poder judicial” [Corte Suprema de EE.UU. en In re Oliver 333 U.S. 257 (1948)]

Está de moda la transparencia. Está de moda el acceso a expedientes administrativos. Y está de moda el acceso a la información que tiene que ver con el control de la actividad de quienes ostentan responsabilidades en el poder ejecutivo y el legislativo, pero ¿qué pasa con el judicial? Nuestra Constitución en su artículo 120 recoge claramente que las actuaciones judiciales serán públicas y que las sentencias se pronunciarán en audiencia pública. De hecho, al final de cada sentencia que se nos notifica se dice expresamente que ha sido leída en audiencia pública, de lo que da fe el secretario judicial -ahora letrado de la administración de justicia-. Sabemos que el hecho de decir leída en audiencia pública es una falsedad en la mayoría de los casos y no le damos, indebidamente, importancia alguna pero ¿son realmente públicas las sentencias? La respuesta no es sencilla.

La publicidad de las sentencias constituye un instrumento de garantía de la independencia de los tribunales y de su actuación conforme a Derecho, por cuanto estos principios se refuerzan mediante el conocimiento de la actuación de los tribunales por los ciudadanos, y debe considerarse estrechamente ligada a la protección de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y tribunales (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 1191/2008, de 22 de diciembre). En este sentido, son varios preceptos de nuestro ordenamiento jurídico los que amparan la conveniencia de la publicidad de las resoluciones judiciales.

Así, como decíamos al inicio, el Título VI de la CE que recoge los preceptos relativos al poder judicial, concreta en su art. 120.3 un derecho de los ciudadanos a participar en la justicia cuando afirma que las sentencias se publicarán en audiencia pública. En concreto, el art. 120 CE dice lo siguiente:

  1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
  2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
  3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Igualmente, la LOPJ también recoge en su articulado estos valores de transparencia y control judicial, al conceder el acceso a las sentencias y expedientes judiciales. El art. 235 LOPJ establece lo siguiente:

Los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley.

Y el art. 266 LOPJ establece también el acceso al texto de las sentencias en los siguientes términos:

  1. Las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el juez o por todos los Magistrados que las hubieren dictado, serán depositadas en la Oficina judicial y se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas.

El acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

Al hilo del párrafo segundo del artículo apenas extractado es evidente que el conflicto puede surgir cuando alguien puede entender vulnerado su derecho a la intimidad, al honor y la dignidad, con la publicación de una sentencia. Si bien a este respecto tenemos que reseñar que la publicación puede tener lugar de muy diversas formas y en este artículo nos centraremos en un caso muy concreto. Existe abundante jurisprudencia relativa al derecho a informar de quien publica en un medio de comunicación, por ejemplo, el fallo o incluso el contenido íntegro de una sentencia. Y en este sentido, es muy interesante y completo el trabajo realizado por James B. Jacobs y Elena Larrauri, que se centra sobre todo en el ámbito penal que es realmente el que más puede afectar a la intimidad, la dignidad y el honor de la persona, y lo compara con la cultura jurídica estadounidense.

Nosotros nos centraremos en el derecho que ostenta quien ha sido parte en el procedimiento y si ese derecho incluye el de información y difusión del pronunciamiento judicial. Se trata, en definitiva, de la clásica disyuntiva entre el derecho a la intimidad, dignidad y honor del art. 18 CE y el derecho a informar del art. 20 CE. En efecto, la publicidad solamente puede ser limitada con arreglo a lo establecido a la ley cuando comporte el menoscabo de un derecho fundamental o de un bien constitucionalmente protegido, especialmente cuando el conocimiento de los datos de carácter privado que constan en la sentencia puede dar lugar a la divulgación de aspectos de la privacidad que deben ser objeto de protección, siempre que la divulgación no resulte amparada por el derecho a la información en el marco de la comunicación pública libre propia de una sociedad democrática (STS núm. 1191/2008, de 22 de diciembre).

Ciertamente, no podemos obviar lo establecido en la LOPD, la LPDH y las restricciones que establecen con relación al tratamiento de datos de carácter personal y la intromisión que puede suponer en el derecho al honor y la intimidad. Así, a pesar de que no compartamos el hecho de que un órgano administrativo interprete e incluso limite derechos constitucionales, hay que tener en cuenta resoluciones de la AEPD, como la R/01239/2007, que contiene la famosa afirmación de que “las Sentencias no son públicas, ni se publican para general conocimiento”. Pues bien, tal simpleza no puede descontextualizarse y aplicarse sin más a cualquier conflicto.

Imaginemos, por ejemplo, que la previa vulneración de la dignidad de una persona sólo pudiera verse reparada con la publicación del fallo de la sentencia recaída y su conocimiento por parte de quienes han conocido, vivido, y son interesados en el conflicto. Pensemos, por ejemplo, en la alta conflictividad laboral que existe en las administraciones públicas, donde son ya habituales las demandas entre empleados. En otras palabras, hay veces en que realmente resulta conveniente el público conocimiento de un pronunciamiento judicial, ¿estaría amparada tal actuación? Nos parece acertado el criterio que sigue el Tribunal Supremo en la anteriormente citada sentencia núm. 1191/2008, que dice lo siguiente:

«Cuando la publicación de una resolución judicial puede afectar al honor de la persona que ha obtenido un resultado desfavorable en el proceso, es necesario determinar si concurre la excepción que la LPDH establece en el sentido de considerar inexistente la vulneración del ámbito protegido por este derecho cuando es producto del ejercicio de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico (art. 2.2 LPDH: «no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por ley»).

El contraste entre el derecho al honor y el derecho a dar a conocer el contenido de la sentencia, que resulta del principio de publicidad, debe dar lugar a una ponderación en la que se tenga en cuenta, en primer lugar, el cumplimiento de los fines institucionales que el principio de publicidad persigue. Este aspecto, a su vez, exige tomar en consideración la forma en que la publicación se ha producido, teniendo en cuenta si se trata de una comunicación neutral del contenido de la sentencia o si se añaden o restan elementos que sean susceptibles de desvirtuar el conocimiento objetivo de lo resuelto por el tribunal para convertir la publicación del fallo en un procedimiento apto para menoscabar el honor de la persona afectada, más allá de lo que implica objetivamente en el terreno de la reputación el fracaso de una acción u oposición mantenida ante los tribunales de justicia.» [El subrayado es propio]

Es decir, la publicación del contenido de una sentencia per se no supone la infracción de la privacidad de las personas ni ocasiona automáticamente una vulneración del derecho al honor de quien estuviera implicado en el proceso. Así, traemos a colación esta sentencia porque en ella, haciendo referencia a otras del propio Tribunal Supremo, se establecen los criterios que hay que tener en cuenta para valorar si ha tenido lugar o no una conducta que sea susceptible de reproche y, en definitiva, hay que estar siempre al caso concreto.

El especial interés que tiene una persona determinada en la sentencia es el elemento determinante que utiliza el Tribunal Supremo para concluir que prevalece el derecho a informar sobre el derecho a la intimidad, dignidad y honor en el caso mencionado. Así, a la hora de ponderar los intereses en conflicto hay que estar al legítimo interés que ostenta quien comunica la resolución judicial:

«(…) es necesario ponderar, en atención a las circunstancias concurrentes (v. gr., STS 16 de octubre de 2008 ( RJ 2008, 5699) , rec. 73/2003 ), el interés legítimo de quien comunica una resolución judicial (v. gr., STS 28 de julio de 1995 ( RJ 1995, 5737) , rec. 1321/1992 ), que puede consistir en el interés del que obtiene un resultado favorable en un pleito para hacer conocer su resultado a sus allegados y a quienes pueden tener relación con el objeto del pleito, vinculado al hecho de que esta comunicación no sea desproporcionada por el ámbito subjetivo a que se extienda o por el modo en que se produzca y esté justificada atendiendo a la naturaleza y objeto del proceso de que se trate y al conjunto de circunstancias, incluyendo el carácter de actor o demandado que quien da publicidad a la sentencia haya ostentado en un proceso (…)» [El subrayado es propio]

En atención a lo expuesto, podemos concluir que el principio constitucional que recoge el art. 120 se ve excesivamente limitado por la interpretación restrictiva de la AEPD que, en general, si no se dan determinadas circunstancias que pudieran justificar ese legítimo interés comentado, harían de la publicación de una sentencia una actuación no ajustada a Derecho. Sin embargo, aunque no ha sido objeto de esta entrada, hay que diferenciar siempre entre el ámbito penal -claramente más protegido, por el derecho a reinsertarse del condenado- y el resto.



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viernes, 6 de noviembre de 2015

Los municipios seguirán dando atención social hasta que se reforme la financiación

El Ministerio de Hacienda ha respondido al aviso lanzado la semana pasada por el presidente de la Federación Española de Municipios.

Los ayuntamientos deberán seguir prestando los mismos servicios en cuanto a atención primaria de la salud, servicios sociales y educación que ofrecen hasta ahora mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local.

Así ha respondido hoy el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al aviso lanzado la semana pasada por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien alertó de que millones de ciudadanos se quedarían sin atención social a partir del 1 de enero, cuando entra en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como reforma local.

Según Caballero, con esa reforma los ayuntamientos pierden sus competencias en política social y no podrán seguir aplicando la ley de dependencia, ni tener abiertas las escuelas infantiles ni los comedores sociales, ni ofrecer atención a las víctimas de la violencia machista, ni dar becas de comedor a los niños necesitados, ni atención domiciliaria.

En cambio, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro aclara en un comunicado que el traspaso de competencias de los ayuntamientos a las comunidades sobre servicios sociales establecido en la reforma local está supeditado a un nuevo sistema de financiación autonómica y local.

«Dichas competencias estarán supeditadas a un proceso de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales», asegura.

Por eso, mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias referidas en la citada ley «deberán continuar siendo prestadas por los ayuntamientos».

Indica asimismo que ésta es la previsión establecida en la aplicación del régimen transitorio de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Fuente: ABC



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jueves, 5 de noviembre de 2015

AMETIC y nPeople presentan el estudio “Calidad digital de las ciudades españolas”

El estudio desvela la relación del ciudadano con los servicios digitales municipales, así como cuáles son los más utilizados a través de aplicaciones. Asimismo, da a conocer las áreas de servicios municipales mejor y peor gestionadas de forma online, además apuntar los sectores en los que los ciudadanos creen que se debería invertir más.

El 72% de los ciudadanos considera importante el acceso online para la gestión de los Servicios Públicos. Y para el 41% de los residente en ciudades de más de 500.000 habitantes, resultan imprescindibles.

Uno de cada dos españoles utiliza medios digitales para contactar con organismos públicos, de los que el 35% lo hace habitualmente.

‘Transporte público’, con un 51%; ‘callejero-localización’, con el 40%; ‘turismo, ocio, ofertas y reservas’, con un 33%; `servicios municipales´, con el 24%; `tráfico, parking y plazas libres´, con el 15%; y ‘localización de gasolineras’ con un 12%, servicios municipales más utilizados a través de aplicaciones.

Consulte la infografía del Estudio

Entre otros datos de interés, el estudio desvela la relación del ciudadano con los servicios digitales municipales, así como cuáles son los más utilizados a través de aplicaciones. Asimismo, da a conocer las áreas de servicios municipales mejor y peor gestionadas de forma online, además apuntar los sectores en los que los ciudadanos creen que se debería invertir más.

Se trata del primer análisis que se realiza en España de la percepción por parte de los ciudadanos de las smartcities o ciudades digitales. En objetivo del mismo es conocer el grado de conocimiento, expectativas e importancia que los españoles dedican a la oferta y calidad digital que les ofrecen las ciudades en las que residen. “Este es uno de los principales retos que enfrentan alcaldes y gestores municipales, dado que la digitalización de servicios públicos es, como muestran los resultados del estudio, prioritario para sus ciudadanos, dado que casi un 75% piensan que es un elemento importante en la vida municipal actual”, asegura Benigno Lacort, director general de AMETIC.

Para Adolfo Borrero, presidente de la comisión de Smartcities de AMETIC, “el estudio sobre la percepción de la calidad digital de las ciudades es clave para poner en contexto la relevancia de la oferta de las smartcities para los ciudadanos españoles, al revelarnos de manera detallada el conocimiento y las expectativas que los ciudadanos tienen de la oferta digital de servicios públicos, lo que lo convierte en una herramienta clave para racionalizar la inversión y asignar los presupuestos necesarios por parte de las Administraciones Públicas”.

Por su parte, David Sanchez, CEO de nPeople subraya que “resulta imprescindible que el actual esfuerzo realizado por las Administraciones vaya en consonancia con las expectativas de los ciudadanos y sus necesidades, dado que las inversiones en esta materia deben ser rentables socialmente. El análisis de la calidad digital de las ciudades para los ciudadanos españoles es un importante instrumento para que el esfuerzo de las distintas administraciones municipales maximice las expectativas de sus ciudadanos”.

Percepción de la calidad digital de las ciudades

El estudio realizado por nPeople entre residente de ciudades con más de 50.000 habitantes, determina que el 72% de los ciudadanos considera importante el acceso online para la gestión de los Servicios Públicos. Y para el 41% de los residentes en ciudades de más de 500.000 habitantes, resultan imprescindibles.

Uno de cada dos españoles utiliza medios digitales para contactar con organismos públicos, de los que el 35% lo hace habitualmente.

‘Transporte público’, con un 51%; ‘callejero-localización’, con el 40%; ‘turismo, ocio, ofertas y reservas’, con un 33%; ‘servicios municipales’, con el 24%; ‘tráfico, parking y plazas libres’, con el 15%; y ‘localización de gasolineras’ con un 12%, son los servicios municipales más utilizados a través de aplicaciones.

En cuanto a las áreas de servicios municipales, 38% de los ciudadanos consideran que ‘ocio, cultura y turismo’ es la mejor gestionada. Le sigue ‘tráfico y transporte público’, con el 29%. Mientras que las áreas peor gestionadas son ‘empleo’, lo aseguran el 32% de los ciudadanos que en un porcentaje del 30% opinan que la relación digital con los propios ayuntamientos en la segunda área que se gestiona de manera más deficiente.

La mayoría de los ciudadanos no saben qué es una ciudad inteligente (57%); si bien de ellos el 63% le suena ‘interesante’ y quisieran saber qué es exactamente.

Para el 62% de los ciudadanos falta más digitalización en los servicios municipales.

Ciudades y hogares inteligentes

El estudio de nPeople concluye que el 13% de los españoles reside en una ciudad inteligente. Otro dato interesante en cuanto al aprovechamiento digital, es que el 88 % no vive en un hogar inteligente, aunque de ellos un 11% tienen su casa en un edificio inteligente. Sólo el 12% de los ciudadanos reside en un hogar inteligente.

El estudio ha explorado también cuales son los principales sectores en los que los ciudadanos creen que se debería invertir más. El resultado es que para el 55% de los españoles habría que prestar mayor atención presupuestaria a `Educación, Cultura y Turismo´; mientras que el 38%, reclaman más recursos para `Transporte público y accesibilidad´. También se reclama más dinero para `Administración y participación online´ (36% de los entrevistados); mientras que un 32% de la población quiere inclinar la balanza hacia `eSalud, citas y recetas´. Curiosamente, en el apartado de eSalud nos encontramos que es el tercer sector para el que se pide más inversión por parte tanto del segmento femenino, como por los jóvenes entre 18 y 24 años y por los ciudadanos que residen municipios de más de 150.000 habitantes.

Fuente: ametic.es



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GALICIA: Curso monográfico sobre administración, empresa y urbanismo sostenible

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2015 por la que se convoca un curso monográfico sobre Administración, empresa y urbanismo sostenible (DOG 5/11/2015)

Ver aquí



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miércoles, 4 de noviembre de 2015

La Seguridad Social lanza mañana un simulador de pensiones en su web (Expansión)

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado que mañana se colgará en el sitio web ‘Tu Seguridad Social’ un simulador de jubilación para que los ciudadanos puedan conocer una estimación de su pensión futura. Resto de la noticia: http://ift.tt/20uCtqh en: seguridad social Tagged: Seguridad Social

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Art. 44 ET, reversión del servicio (y, en especial, de los Servicios Públicos) y sucesión de contratas (Ignasi Beltran)

La aplicación del artículo 44 ET en el caso de sucesión de contratas “desmaterializadas” está condicionada a que el nuevo adquiriente asuma una parte relevante (cuantitativa y cualitativa) de la plantilla del anterior (ver al respecto extensamente Índice de entradas/Sucesión de Empresa). El objeto de esta entrada es abordar el fenómeno de la sucesión de … Sigue leyendo →

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TI-España presenta 40 Medidas para prevenir y combatir la corrupción política e institucional

Transparencia Internacional-España (TI-España) ha presentado un conjunto de cuarenta Medidas para prevenir y combatir la corrupción política e institucional en España, de cara a su posible inclusión por los Partidos políticos en sus Programas para las próximas Elecciones generales.

Estas medidas han sido elaboradas pluralmente por una Comisión creada en el seno de TI-España e integrada por treinta y cuatro miembros pertenecientes a muy diversas instituciones relacionadas con la lucha contra la corrupción y la transparencia, entre las que se encuentra el Consejo General COSITAL, junto a la Fiscalía Anticorrupción, Jueces y Magistrados, Tribunal de Cuentas, Organismos antifraude, Fuerzas de seguridad, Instituciones representativas de entidades públicas y locales, Universidades y ONG´s, entre otras. Dichas medidas, que han sido enviadas a los doce principales Partidos políticos, se han agrupado en cuatro áreas:

1) Prevención de la corrupción política e institucional.

2) Prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas.

3) Sanción y represión contra la corrupción.

4) Transparencia y control social contra la corrupción.

Ver 40 medidas aquí



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La FEMP encarga un estudio jurídico para verificar si la paralización de la LRSAL exige alguna actuación de rango legal

“Con la carta del Secretario de Estado –dice Abel Caballero- el Gobierno reconoce que la ley es un error y una catástrofe que ha de ser paralizada”. El Secretario de Estado ha dado cuenta de ello por carta al Presidente de la FEMP, “pero una carta no basta para paralizar una ley”

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha anunciado que la FEMP acaba de encargar un estudio jurídico para verificar si la paralización definitiva de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) requiere otras actuaciones de rango legal “porque una carta del Secretario de Estado no es suficiente para paralizar una ley y si se requiere alguna otra actuación”.

Abel Caballero se manifestaba de este modo tras conocer “con enorme agrado” la noticia de que el Gobierno paraliza la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hasta que se hayan negociado las normas de financiación autonómica y local. La información, que le ha sido notificada al Presidente mediante una carta remitida por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, representa, a juicio del también Alcalde de Vigo, “el reconocimiento de que la Ley es una catástrofe que ha de ser paralizada”.

En manifestaciones anteriores, Caballero ha venido recordando que la entrada en vigor de la ley hubiese supuesto que, a partir del 1 de enero de 2016 “cientos de miles de niños de toda España se iban a quedar sin sus becas de comedor, cientos de miles de personas mayores se quedarían sin atención social, cientos de miles de personas se quedarían sin comedores sociales, cientos de miles de personas se quedarían sin atención en teleasistencia, miles y miles de personas se quedarían sin lugares para dormir, y por tanto tendríamos un auténtico caos en toda España”.

Fuente: FEMP



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El traspaso de competencias sobre servicios sociales establecido en la Reforma Local está supeditado a un nuevo sistema de financiación autonómica y local

En relación a las informaciones publicadas sobre la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Reforma Local) en materia de traspaso de competencias, que actualmente prestan las Entidades Locales, relativas a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, y que podrían ser asumidas por las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones aclara que dichas competencias estarán supeditadas a un proceso de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales.

Por tanto, mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias referidas en la citada Ley, en cuanto a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, deberán continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos.

Esta es la previsión establecida en la aplicación del régimen transitorio de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyos criterios se recogen en la nota explicativa de la Reforma Local publicada por este Ministerio el pasado 17 de septiembre.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas



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La FEMP, aliado necesario en las políticas de drogodependencias

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas apuesta por reforzar la relación con la FEMP como “aliado necesario” para el fortalecimiento de las políticas en materia de drogodependencias; el titular de la Delegación, Francisco de Asís Babín, lo ha manifestado así durante la apertura del Seminario sobre las Corporaciones Locales, organizado en el marco del XXX Aniversario del Plan Nacional sobre Drogas.

El Secretario General de la FEMP, Juan Ávila, ha destacado en su intervención en el mismo acto inaugural que estas tres décadas han sido un ejemplo de cooperación entre Administraciones y de fortalecimiento de las políticas públicas en este ámbito; y ha añadido que a lo largo de este tiempo, también ha quedado demostrado el papel esencial que las Entidades Locales han de desempeñar para ofrecer una respuesta próxima a las drogodependencias.

La eficacia de la actuación local en los ámbitos de prevención y atención a las personas afectadas se ha incrementado a lo largo de los últimos años y, por ello, es el momento de que los municipios desempeñen un papel clave en estas áreas y también en las de asistencia e inserción social.

Juan Ávila se refirió a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la colaboración entre la FEMP y la Delegación del Gobierno, y citó, entre otras, el catálogo que recoge buenas prácticas e iniciativas pioneras, los programas Agente Tutor y Servicio Responsable, y el apoyo para la elaboración de Planes Locales sobre Drogas.

Por su parte, el Delegado del Gobierno, reconoció igualmente la relevancia de la participación local en el Programa Estratégico 2009-2016.

El seminario, que se celebrara en Madrid a lo largo de dos jornadas, ha sido organizado por la Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales (ADES), con el objetivo de ofrecer un espacio de debate y reflexión sobre el papel local y sus nuevos retos, así como presentar una muestra significativa de experiencias concretas que han llevado a cabo diferentes Entidades Locales en sus respectivos territorios.

Fuente: FEMP



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