lunes, 23 de diciembre de 2013

Una administración, una competencia: así es la reforma local


Con el fin de año ha llegado la culminación de la reforma local, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno en su afán por quitarle peso al Estado. La nueva normativa, que clarifica por primera vez las competencias de los municipios, ha chocado con la oposición de numerosos ayuntamientos. Estos esgrimen que los pueblos con menos de 20.000 habitantes quedarán absorbidos por las diputaciones. Pero el espíritu de la reforma local es otro: una administración, una competencia.


Según datos del Ministerio de Hacienda, en la actualidad los municipios con menos de 5.000 habitantes pagan por el mismo servicio el triple que los que superan los 100.000 habitantes. Así que, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno ha optado por desarrollar un marco normativo que evite este tipo de situaciones. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local tiene cuatro patas: clarificación de competencias, racionalización de la estructura local, un riguroso control presupuestario y transparencia.


Hacienda llevó al Consejo de Ministros un primer documento en julio de 2012. Año y medio después, el texto aprobado por las Cortes ha sufrido modificaciones ya que fue contestado incluso por las bases populares. La ley incluía la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Unos puntos modulados y eliminados durante la tramitación parlamentaria.


Se revisan las restricciones en los salarios


Los municipios son los principales afectados por esta reforma. Los que tengan menos de 20.000 habitantes deberán revisar con las diputaciones su viabilidad a la hora de prestar determinados servicios. Buena parte de los más de 8.000 pueblos que hay en España tienen este tamaño. Igualmente, se establece un nuevo reparto de competencias: educación, sanidad y servicios sociales pasarán a ser gestionados por las autonomías. Los ayuntamientos, no obstante, podrán seguir prestando estos servicios si aseguran el pago correspondiente. La aplicación de este punto depende de la futura reforma de la financiación autonómica y local.


Otro punto muy discutido afecta a la retribución de los alcaldes, que no podrán cobrar en ningún caso más que un secretario de Estado (entre 95.000 y 100.000 euros anuales). Una enmienda aprobada en el Senado ha suavizado las restricciones en los salarios de los alcaldes de los municipios más pequeños. Así, los alcaldes de localidades entre 10.000 y 20.000 habitantes podrán cobrar hasta el 50% del sueldo de un secretario de Estado, y no el 45%, como estaba previsto. Los ediles de pueblos de 2.000 a 5.000 ganarán hasta un 40%. Y se ha eliminado el punto que eliminaba las retribuciones a los ediles de pueblos de menos de 1.000 habitantes.


Los ayuntamientos estarán obligados a elaborar planes económicos financieros, liberalizar algunas actividades que hasta ahora estaban reservadas a la iniciativa pública local y modificar su normativa respecto al ejercicio de determinadas obligaciones, entre otras novedades.


Administración eficiente


Las diputaciones pasan a ser el organismo encargado de garantizar la racionalización económica. Ahora coordinarán la prestación de los servicios mínimos obligatorios en los municipios más pequeños y asumirán nuevas competencias, como lo relativo a la administración electrónica o la contratación centralizada. El objetivo es acercarse al tamaño mínimo que exige una administración para ser eficiente.


En su papel de «policía», las diputaciones harán un seguimiento de los costes que afronten los municipios de su provincia. Cuando esta cifra sea mayor que la que ellas pueden proveer, las diputaciones ofrecerán su colaboración para lograr un gestión coordinada y más eficiente. También tendrán que garantizar la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros de los entes locales y, junto a las comunidades autónomas, supervisar el resultado de los procesos de fusión.


Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo. Las comunidades autónomas deberán financiar aquellas competencias que pasen a asumir en lugar de los municipios, así como coordinar con las diputaciones las posibles integraciones. De este modo, las autonomías tendrán que ajustar aún más sus gastos. Todo esto en un complicado contexto económico: diez comunidades se han adherido al Fondo de Liquidez Autonómico, un mecanismo para atender a los vencimientos de la deuda.


El PSOE recurrirá


Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la reforma local permitirá corregir los «desequilibrios» de la administración. En su defensa de la ley esta semana en el senado, el objetivo es dotar tanto a la economía como a la oferta de servicios públicos de «la flexibilidad y competencia necesaria para lograr el crecimiento económico y sobre todo la mejora del bienestar social».


«Este proyecto ni privatiza ni destruye lo público», aseguró. El PSOE opina lo contrario. Gaspar Zarrías, que encabezó una concentración de alcaldes concejales a las puertas de la Cámara Alta, han desaparecido ya por la crisis unos 300.000 trabajos locales, a los que se sumarán otros 150.000 según los datos ofrecidos por los sindicatos. Los socialistas presentarán un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la norma se publique en el BOE. El PSOE ha acudido al Tribunal Constitucional ya, al menos, en una quincena de ocasiones.


Fuente: ABC







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1819-una-administracion-una-competencia-asi-es-la-reforma-local

El PSOE de Andalucía apoyará a la Junta para recurrir la reforma local que es "un golpe de Estado" en los pequeños municipios


Aseguran que el PP sabe que la aplicación inmediata de esta ley provocaría "una rebelión social" en España.


El PSOE-A ha asegurado que apoyará a la Junta de Andalucía para que plantee un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley para la Reforma de la Administración Local, aprobada en solitario por el PP este pasado jueves en el Congreso de los Diputados, y que a juicio de los socialistas es "un golpe de Estado en los pequeños y medianos municipios".


Así lo han manifestado este viernes en Málaga el secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, y el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE andaluz, Miguel Ángel Heredia, tras mantener un encuentro con alcaldes de la provincia para analizar la repercusión de la reforma local, que supone, han asegurado, "un duro golpe al municipalismo y una agresión a la autonomía local".


De este modo, el PSOE andaluz ha pedido al resto de los grupos representados en el Parlamento de Andalucía que se sumen a este recurso, y ha asegurado que instarán a todos los ayuntamientos a que actúen en esta misma línea. "Esta ley hay que pararla y derogarla", ha mantenido Heredia.


Según Conejo, esta reforma va a perjudicar especialmente a los ciudadanos que viven en municipios menores de 20.000 habitantes, unos 691 municipios en toda la Comunidad, que, según ha criticado, "van a ver cómo desaparecen porque los vacían de competencias".


"Ayer el PP dio un golpe de estado en los pequeños y medianos municipios, porque le quita prácticamente toda la capacidad de servicio, los lleva a una tutela de las diputaciones provinciales que van a ser las que dirijan sus políticas", ha denunciado Conejo, a la vez que ha advertido que esto supondrá una posterior privatización ya que los entes supramunicipales no tienen capacidad de gestión de los servicios "y por tanto tendrán que privatizarlos".


Por otro lado, Conejo ha subrayado que el PP ha decidido aplazar la aplicación de determinadas medidas incluidas en la reforma local para después de las elecciones locales y generales --deja para enero de 2016 el traspaso de los servicios sociales-- "porque es consciente de que si se aplica inmediatamente los alcaldes del PP no podrían salir a la calle a pedir la confianza de los ciudadanos".


En este punto, ha asegurado que los 'populares' saben que la aplicación inmediata de la reforma local provocaría "una rebelión social" en el conjunto del país. Pero, además, para los socialistas, la reforma local aprobada por el PP "significa paro", porque, según sus datos, supondrá el despido de unos 40.000 empleados públicos en el conjunto de Andalucía.


De este modo, el PSOE-A ha dado a conocer un informe realizado por el Tribunal de Cuentas en el que se analiza los servicios públicos de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, y que, según afirman, concluía que "el servicio público es más barato y eficiente que el privatizado".


En concreto, según los socialistas, este informe señala que la gestión privada de los servicios de limpieza en estos municipios es un 75 por ciento más cara. "Es falso que la gestión privada cueste menos que la pública y además es mentira que el servicio sea de mejor calidad", ha destacado Conejo.


Por ello, el PSOE-A insiste en defender "una reforma que garantice la financiación de los ayuntamientos y no les quite competencias, sino que los potencie como administración más cercana". De la misma forma, el secretario regional de Política Institucional del PSOE ha señalado que esta ley vulnera e invade competencias del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


Fuente: Europa Press







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1817-el-psoe-de-andalucia-apoyara-a-la-junta-para-recurrir-la-reforma-local-que-es-un-golpe-de-estado-en-los-pequenos-municipios

viernes, 20 de diciembre de 2013

El TS fija como doctrina legal que la entidad Correos y Telégrafos no está exenta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

La Diputación de Huesca interpone recurso de casación en interés de la Ley contra la sentencia que declaró que la entidad Correos y Telégrafos está exenta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y ello conforme al párrafo segundo del art. 22.2 de la Ley 43/2010, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1121802

P.Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Texto aprobado por el Senado. BOCG Senado

http://bit.ly/J0MYhw

REFORMA LOCAL: “COLORIN COLORADO. ESTE CUENTO (O ESTA PESADILLA) (…) HA COMENZADO” - Estudiconsultoria

http://www.estudiconsultoria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=450%3Areforma-local-colorin-colorado-este-cuento-o-esta-pesadilla-ha-comenzado&catid=35%3Ablog&Itemid=73&lang=es#addcomments

La Federación de Municipios y Provincias cree que la reforma local aún pone en peligro a las entidades locales bit.ly/1fKvgtX

http://bit.ly/1fKvgtX

El Congreso aprueba la reforma local, año y medio después de que el Gobierno aprobara el primer borrador


Entra en vigor en enero.


PSOE quiere movilizar a más de mil ayuntamientos para que también ellos lleven la ley al Constitucional en defensa de su autonomía.


El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, uno de los proyectos más discutidos de la legislatura y del que se han elaborado una treintena de borradores, el primero, en julio de 2012, hace año y medio.


La iniciativa ha contado con el apoyo del PP, PNV y UPN y ha mantenido en contra al resto del arco parlamentario de principio a fin de la tramitación; estos grupos acusan al Gobierno de perseguir la autonomía municipal, querer quitar competencias a los ayuntamientos y facilitar la privatización de la prestación de servicios. También aseguran que no respeta las competencias autonómicas y busca una 'recentralización', por lo que ya se anuncian recursos ante el Tribunal Constitucional.


El último debate en el Congreso ha servido para aprobar las enmiendas introducidas en el Senado y los grupos han reiterado los argumentos que han mantenido en los últimos meses.


Gaspar Zarrías, diputado y secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, ha insistido en rechazar la ley y ha anunciado que su partido acudirá al TC por tres vías. Primero, el recurso de 50 diputados o senadores por "el ataque a la garantía constitucional de la autonomía local". También apoyará el PSOE los recursos de autonomías como Asturias o Andalucía, y que espera que se sumen Galicia y Castilla y León.


Y como tercera vía, Zarrías ha asegurado que quieren movilizar a los ayuntamientos para que ellos mismos acudan al TC: podrán hacerlo si suman una séptima parte de los municipios y representan además a un sexto de la población. "Serán más de 1.160 ayuntamientos de más de 7,5 millones de españoles los que se sumen", ha augurado.


Por parte de CiU, Carles Páramo, ha considera especialmente contraria a la autonomía de Cataluña esta ley. "¿No será que el gobierno exhibe tales actitudes a aquel pueblo irreductible del noroeste del imperio?", ha dicho recurriendo al famoso cómic francés de 'Astérix y Obélix'. El diputado ha acusado al PP de aprobar leyes "contra todos" y que este es el ejemplo. "Esta ley no es buena para Cataluña ni para el resto del Estado", ha dicho.


Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, ha sido muy crítica también con la ley por cómo incidirá en la prestación de servicios sociales, condenados en muchos casos a desaparecer. "Traerá sin duda un mayor sufrimiento para los de siempre, los que están pagando esta farsa que se la crisis", ha dicho.


Rosa Díez ha rechazado la reforma igualmente, "que no está a la altura de las necesidades del país, hecha claramente para mantener los chiringuitos y que no resuelve los problemas, muchos, de la administración local española". La diputada ha criticado entre otras cosas que el urbanismo siga en manos municipales, "una administración fácilmente presionable".


El PNV ha valorado cómo ha quedado la ley, que su partido apoya, y especialmente el respeto al régimen foral vasco y navarro. "Ahora depende de las instituciones vascas y de los partidos vascos decidir el modelo local. También en Navarra", ha dicho Aitor Esteban. El diputado de UPN Carlos Salvador también ha defendido el respeto al fuero navarro en la ley y el proyecto en sí mismo.


Otros portavoces que han querido hoy dejar su última crítica a esta ley en el Congreso han sido los de Amaiur, ERC, BNG, CC, Compromís y Foro, que han censurado el texto. "Los ayuntamientos no merecen esta reforma que quiere empequeñecerlos", ha resumido Joan Baldoví (Compromís).


En cuanto al PP, Rafael Merino, ha asegurado que la reforma cuenta sin embargo con gran apoyo también entre los ayuntamientos y comunidades autónomas y ha criticado que el PSOE durante sus gobiernos "no hizo absolutamente nada salvo llevar a los ayuntamientos a la ruina".


Merino ha rechazado especialmente el argumento de que la ley abre la puerta a la privatización de servicios, y ha preguntado a PSOE e IU para qué hace falta la ley si ellos "donde gobiernan privatizan todo". "A pesar de todo lo que ustedes digan, es una ley que garantiza los servicios públicos esenciales. Por fin un gobierno ha sido capaz de aclarar las competencias municipales", ha añadido.


AÑO Y MEDIO DE TRABAJO


El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas empezó a trabajar en este texto hace más de año y medio y llevó a Consejo de Ministros un primer documento en julio de 2012. Sin embargo, provocó una gran polvareda incluso en las filas del PP.


La iniciativa incluía inicialmente la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó 'el coste estándar', la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos.


Estos y otros puntos se han ido modulando finalmente o incluso han desaparecido de la ley, como la supresión de ediles. La reforma incluye un nuevo reparto de competencias y despoja a los ayuntamientos de las que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán a manos de las comunidades en unos plazos definidos.


Sin embargo, podrán seguir ejerciéndolas si así lo acuerdan con las autonomías y mediante un convenio que incluya el pago correspondiente. La aplicación de este espinoso asunto queda además a expensas de la futura reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, que deberá tener en cuenta esta novedad.


Además, se impone a lo largo de toda la ley el cumplimiento de la suficiencia financiera como objetivo principal para todo tipo de entidad local, se empuja a lograr costes eficientes en la prestación de servicios y se refuerza el papel de las diputaciones para hacer que así sea en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo.


Por otro lado, se ponen topes a las retribuciones de alcaldes, que no podrán cobrar más que un Secretario de Estado en el caso de las grandes ciudades; también se limita el número de asesores que se puede contratar en un ayuntamiento y se devuelve la habilitación estatal a los interventores municipales, que de nuevo dependerán de Hacienda, entre otros asuntos.


MÁS FLEXIBILIDAD PARA CERRAR EMPRESAS LOCALES


La iniciativa ha sido reformada en el Senado con enmiendas del PP, PNV, UPN y Coalición Canaria para garantizar el respeto al régimen foral vasco y la singularidad de las Islas Canarias. El PP ha aceptado también una enmiendas con Coalición Canaria, para limitar el número de miembros del cabildo con dedicación exclusiva, y otra del PNV para cambiar sustancialmente las limitaciones sobre el sector público local.


El PP aceptó además transaccionar una decena de enmiendas con casi todos los grupos. Una de ellas, pactada con Entesa, PNV y Mixto, cambia ligeramente el porcentaje que podrán cobrar los alcaldes de los pueblos más pequeños: de 10.000 a 20.000 habitantes, el 50% que un secretario de Estado; de 5.000 a 10.000, el 55% y de mil a 5.000, el 60%. También se remite el sueldo de los presidentes de cabildos y consejos insulares al del alcalde de la localidad mayor de la isla.


Además, aceptó enmiendas para respetar el estatuto de Aragón y las peculiaridades insulares de Canarias y también de Baleares. Por último, los ayuntamientos podrán dedicar patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera.


Fuente: Europa Press







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1812-el-congreso-aprueba-la-reforma-local-ano-y-medio-despues-de-que-el-gobierno-aprobara-el-primer-borrador

El Congreso aprueba definitivamente la reforma local que entrará en vigor en 2015


Esta normativa, que rechaza el PSOE, permitirá un ahorro de ocho mil millones de euros.


El Pleno del Congreso aprobó ayer definitivamente la reforma local, después de diez meses de tramitación parlamentaria, para poner en marcha una ley que, según el Ejecutivo, permitirá un ahorro a las arcas públicas de 8.000 millones de euros.


La Cámara Alta dio el visto bueno definitivo a la ley con la aprobación de las enmiendas introducidas en su paso por el Senado, después de un debate en el que la oposición ha criticado que la reforma no cumple las expectativas de los municipios en financiación, transparencia y cercanía a los ciudadanos.


La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local fue defendida por el portavoz del PP, Rafael Merino, que ha destacado que «la mayoría» de las autonomías y «miles» de ayuntamientos la han apoyado, porque la reforma es «necesaria y urgente».


El diputado popular señaló que esta reforma otorga más garantías al municipalismo; negando que reste competencias a los ayuntamientos, que pueden solicitar la colaboración de la diputación para mejorar los servicios, de los que se sabrá su coste efectivo; y respeta los regímenes específicos del mundo local.


Críticas del PSOE


El portavoz del PSOE, Gaspar Zarrías, calificó el proyecto de «error garrafal», que ayudará a privatizar y desmantelar servicios que son «patrimonio común» de todos, por lo que están «aterrados», recordando que su partido presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional.


Zarrías animó al resto de grupos parlamentarios que se oponen a la reforma local a trabajar juntos para elaborar el recurso, así como a las comunidades autónomas y ayuntamientos


El portavoz de CiU, Carles Páramo, considera un «atentado» al Estatuto de Cataluña, lamentando que no se haya aprovechado esta reforma para actualizar la actual ley de bases, pero «sin traicionar» su espíritu y la racionalidad de unas instituciones «ricas en historia», que han contribuido al «engrandecimiento de España» y de su democracia.


Tras afirmar que es «un día triste en la historia del municipalismo, ha indicado que supone una falta de respeto a la diversidad del estado plurinacional y que ni los alcaldes del PP la van a suscribir como propia.


Encarece servicios públicos


Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, insistió en que centraliza competencias, fomenta la privatización y encarece los servicios públicos, además de poner en peligro a las entidades locales menores y reforzar a las diputaciones, que deberían haber sido eliminadas.


La portavoz de UPyD, Rosa Díez, subraó que la ley «no está a la altura de las necesidades del país; está hecha para mantener los chiringuitos» y no resuelve los problemas de la administración local, sino que los agrava, al quitar competencias a las instituciones elegidas por los ciudadanos y dárselas a las diputaciones.


Díez recordó que las competencias de urbanismo siguen en «manos municipales», a pesar de los numerosos procesos de corrupción, así como que la mayor parte de la financiación local proviene de actividades ligadas al suelo.


Defensa del acuerdo


El portavoz del PNV, Aitor Esteban, defendió el acuerdo alcanzado con el PP para que la ley respete el marco normativo del País Vasco y de Navarra y reconoció que es difícil legislar sobre el asunto debido a la variedad de entidades locales, tamaño o recursos.


El diputado de UPN, Carlos Salvador, justificó su apoyo a la ley por tratarse de un referente constitucional, que modifica leyes troncales, y aludió al «auténtico abismo» entre el primer borrador y el texto actual, que recoge sus propuestas para preservar el régimen foral.


Desde el Foro de Asturias, Enrique Álvarez Sostres, reconoció cambios, pero no suficientes para apoyarla, porque sigue siendo excluyente, especialmente con los ayuntamientos menores de 500 habitantes.


Joan Baldoví, de Compromis, calificó de «inútil» la norma, al no abordar los «verdaderos problemas» de las corporaciones locales, como la financiación y la «delimitación realista» de las competencias.


Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), señaló que «al grito» de que se van a ahorrar 8.000 millones, el Gobierno «está metiendo mano» a «la única institución en al que creen los ciudadanos» y precisó que se olvidan del hecho insular.


Recentralización


Olaia Fernández, del BNG, vinculó la norma con «los deberes impuestos» por la troika comunitaria; augurando que no se va a aplicar y criticó la «obsesión recentralizadora» del Gobierno.


La diputada de ERC, Teresa Jordá, dijo que en Cataluña no se va a aplicar, insistiendo en que no contempla las especificidades de la autonomía local que tiene su Estatuto; no resuelve los problemas de financiación, «recorta la democracia y aleja el poder de la ciudadanía».


Desde Amaiur, Onitza Enbeitia, consideró que «cientos de ayuntamientos» se quedarán sin competencias, ni capacidad de decisión y con sus servicios privatizados y dudó de que el acuerdo entre el PP y el PNV vaya a mitigar su efecto en las corporaciones municipales forales.


Fuente: ABC







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1811-el-congreso-aprueba-definitivamente-la-reforma-local-que-entrara-en-vigor-en-2015

El Congreso aprueba la reforma local que el PSOE recurrirá ante el Constitucional


El traspaso de servicios sociales no entrará en vigor hasta después de los comicios de 2015.


El PP impone la reforma que recorta 3.500 millones en servicios locales.


La ley empezó su tramitación hace más de un año con todo el arco parlamentario en contra y así termina, salvo con la excepción del PNV, que a lo largo de los meses ha logrado que la autonomía foral vasca y navarra se respete estrictamente. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha sido aprobado con los votos del PP, de los peneuvistas y del diputado de UPN y todos los demás en contra. Además, dentro de unas semanas será recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Socialista y 1.160 ayuntamientos. La aprobación se ha producido en medio de una bronca muy sonora, unas veces del lado popular y otras del socialista, con incursiones en el Grupo de Izquierda Plural, que también ha sido objeto de los dardos del PP por su compromiso de gobierno con los socialistas en Andalucía.


Una pregunta claramente capciosa ha formulado ante el pleno el diputado del PSOE Gaspar Zarrías, responsable federal de Política Local. Hablaba de por qué la ley no entra en vigor mañana mismo sino que, por el contrario, los aspectos que el PP considera más importantes no se aplicarán hasta diciembre de 2015. “¿Será porque hay elecciones en mayo de 2015 y ustedes no se atreven a decir a sus alcaldes que antes de presentarse a las urnas y pedir el voto apliquen esta ley?". Efectivamente los puntos más peliagudos de la norma, como son el traspaso de los servicios sociales, se dejarán para enero de 2016. Los de educación y sanidad tienen cinco años de plazo.


Además de que lo anterior no entrará en vigor, antes será llevada ante el Tribunal Constitucional con el apoyo de otros grupos, a los que Zarrías invitó a sumarse desde la tribuna del Congreso. Y los tendrá a juzgar por la oposición radical que ha mostrado Rosa Díez de UPyD, Ascensión de las Heras de Izquierda Plural, Carles Páramo de CiU, representantes del Grupo Mixto, y Zarrías del PSOE. No ha habido demasiados argumentos del fondo de la ley en este último trámite de la ley después de horas y horas de debate de enmiendas, de reformas y cambios formulados por el propio PP en una ley que ha contado con mucha oposición de los alcaldes populares.


“Van a ganar esta batalla pero más temprano que tarde van a perder la guerra con este hachazo al estado de bienestar. Van a ir de victoria en victoria hasta la derrota final”, ha continuado Zarrías en tono épico a pesar de que anunció que su ánimo no era belicista.


No se ha quedado atrás el portavoz del PP Rafael Merino, que fue alcalde de Córdoba, en defender sus colores o más bien en atacar al PSOE. "¿Usted viene aquí a darnos lecciones cuando su gobierno llevó a los ayuntamientos a la ruina con despilfarro y gastos inútiles?”, ha retado Merino, en referencia al llamado Plan E del gobierno socialista, que repartió dinero para obras, menores y mayores, en el afán de sacar del paro a miles de españoles durante unos meses.


El PP no se siente solo: “Tenemos el apoyo del PNV, del diputado de UPN y de la ciudadanía”, ha dicho Merino, con el ambiente ya caldeado y que se acrecentó con esa referencia a la gente. “No, no, de la ciudadanía no”, gritaban desde la bancada socialista y de la izquierda. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha advertido que si no se calmaban suspendería el pleno. Merino siguió con sus argumentos para rebatir las críticas del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto.


A la diputada de Izquierda Unida le preguntó sobre lo que ocurre en Rivas Vaciamadrid, localidad madrileña, en la que Izquierda Unida gobierna desde hace más de quince años y muchos de sus servicios están privatizados, según Merino. La parlamentaria de IU Ascensión de las Heras negaba con el gesto y la voz y el guirigay ya era casi absoluto. “Ustedes, PSOE e IU donde gobiernan juntos, como en Andalucía, precarizan los servicios sociales”. No no, decían desde la izquierda; sí sí, desde la derecha. “Silencio, terminemos con el incidente”, ha exhortado Posada. Y terminó, porque aún quedaba por delante casi una hora de votaciones y ya llevaban los parlamentarios nueve horas y media en el hemiciclo, sin interrupción.


Fuente: El País







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1808-el-congreso-aprueba-la-reforma-local-que-el-psoe-recurrira-ante-el-constitucional

Expertos municipales analizan los efectos de las especies exóticas invasoras en el medio urbano


La prevención es el instrumento más eficaz que tienen los Gobiernos Locales para luchar contra los efectos de las especies invasoras en el medio urbano, ya que en la mayoría de los casos son las ciudades la puerta de entrada de estas especies.


Así lo manifestó la Directora General de Políticas Locales de la FEMP, Trinidad Yera, en la inauguración de una jornada sobre especies exóticas invasoras, organizadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad de la FEMP, en Madrid, a la que asistieron más de un centenar de expertos y responsables políticos de los Gobiernos Locales que integran la Red.


Durante el encuentro, se pusieron de manifiesto los riesgos que entraña para el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad la proliferación de estas especies y el papel de los Ayuntamientos para prevenir su expansión mediante campañas de educación ambiental y sensibilización entre los ciudadanos que en muchos casos “no son conscientes de poseer una especia invasora que introducen en el medio sin sospechar el daño y el impacto negativo que están generando”, afirmó Yera.


Por su parte, la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, destacó la importancia de dar a conocer los daños que causan estas especies a nuestra biodiversidad y la importancia de desarrollar también intervenciones en los entornos urbanos.


Yanguas abogó por impulsar la coordinación a todos los niveles en la gestión y recordó que el ámbito municipal es fundamental, por su cercanía a la ciudadanía.


Fuente: FEMP







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1807-expertos-municipales-analizan-los-efectos-de-las-especies-exoticas-invasoras-en-el-medio-urbano

jueves, 19 de diciembre de 2013

Hoy en el Congreso de los Diputados

Zarpa_de_uno_de_los_leones_de_bronce_del_Congreso_de_los_Diputados_de_Madrid


Pues han trabajado bastante. Fijaos en el orden del día:


JUEVES, 19 DE DICIEMBRE A las 9 horas


VI. Enmiendas del Senado.


30. Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 55-1, de 16 de julio de 2013. (Núm. expte. 121/000055)


31. Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 64-1, de 4 de octubre de 2013. (Núm. expte. 121/000063)


32. Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 65-1, de 4 de octubre de 2013. (Núm. expte. 121/000064)


33. Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 69-1, de 4 de octubre de 2013. (Núm. expte. 121/000068)


34. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 63-1, de 2 de octubre de 2013. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 63-3, de 3 de octubre de 2013. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 63-4, de 21 de octubre de 2013. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 63-6, de 29 de octubre de 2013. (Núm. expte. 121/000069)


35. Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 49-1, de 21 de junio de 2013. (Núm. expte. 121/000049)


36. Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. “BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 58-1, de 6 de septiembre de 2013. (Núm. expte. 121/000058)








via Responsables personal Ayuntamientos http://iratxepikaza.com/2013/12/19/hoy-en-el-congreso-de-los-diputados/

En el ejercicio legítimo del derecho de defensa se pueden aportar datos personales a los jueces sin necesidad del consentimiento de su titular

Confirma la AN la resolución de la AEPD por la que se acuerda no incoar actuaciones inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas. La resolución impugnada trae su causa de la denuncia presentada por la ahora recurrente en la que se manifestaba que el abogado denunciado había puesta en conocimiento del Juez en el curso de un procedimiento judicial, que era titular de cuentas y activos en una sucursal de La Caixa, manifestaciones que tuvieron lugar tras haber declarado como testigo la denunciante en dicho procedimiento y haber negado tener cuentas corrientes o activos.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1121758

Burgos.es /Diputación